La" lenta justicia" en Bolivia

El juicio por las masacres de de la "guerra del gas"

Los diputados podrí­an trabar el funcionamiento de la Corte por falta de jueces. Pero que los haya también son un riesgo, porque la mayorí­a pertenecen al partido opositor de los imputados.

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15-05-2009
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, fue suspendido por la Cámara de Diputados. El magistrado, acusado de "retardación de justicia" en el caso por la masacre de octubre de 2003. En los próximos dí­as se encargará de juzgarlo el Senado, manejado por la oposición. Fernández confió en que los legisladores de partidos de derecha serán benevolentes y le restituirán en su cargo. Dentro de tres dí­as debí­a iniciarse el proceso contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, más otros 16 ex ministros y militares, acusados de ordenar la matanza de 67 personas en 2003. La Corte, que quedó con siete miembros, todaví­a puede comenzar el juicio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, fue suspendido por la Cámara de Diputados. El magistrado, acusado de "retardación de justicia" en el caso por la masacre de octubre de 2003. En los próximos dí­as se encargará de juzgarlo el Senado, manejado por la oposición. Fernández confió en que los legisladores de partidos de derecha serán benevolentes y le restituirán en su cargo. Dentro de tres dí­as debí­a iniciarse el proceso contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, más otros 16 ex ministros y militares, acusados de ordenar la matanza de 67 personas en 2003. La Corte, que quedó con siete miembros, todaví­a puede comenzar el juicio.
"Como el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, ha sido suspendido, en mi condición de decana de este organismo asumo el cargo en forma interina. Seguirán normalmente todos los trámites judiciales que se ventilan en este órgano judicial, como los juicios de responsabilidades y más 7000 procesos pendientes", dijo ayer la magistrada que ocupó la presidencia, Beatriz Sandoval de Capobianco.

El diputado René Martí­nez, del MAS, pidió a los senadores algo imposible: que no sean opositores. "Esperamos que en el Senado pueda más la lectura jurí­dica de los hechos y el derecho legí­timo que tienen las ví­ctimas para reclamar una justicia pronta. Si esto es así­, vamos a tener un resultado coherente. De lo contrario, si quieren tomar una consigna polí­tica, será la opinión pública la que sancione esto."

La sesión en el Congreso habí­a comenzado el martes por un pelo. De los 130 diputados, habí­a 67. De ellos, 62 -del oficialista MAS - votaron por comenzar el juicio a Fernández. Tuvieron que agradecer a cuatro opositores, tres de Unidad Nacional (UN) y otro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), los únicos que votaron en contra del inicio del juicio, pero que lo avalaron con su presencia. El resto de los legisladores permanecieron afuera del recinto, desde donde gritaban "traidores" a los cuatro no tan opositores.

Los diputados del MAS lo acusaron de "retardación de justicia" en al menos tres juicios de responsabilidades: contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex gabinete, contra el ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic -que hace 10 años compró vacunas con sobreprecio- y contra el ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle Ureña, acusado de variadas irregularidades. Para el diputado Gustavo Torrico, del MAS, "lo único que le falta la Corte Suprema es poner una vitrina y poner su lista de precios. Aquí­ no hay justicia, aquí­ vale tu billetera".

Por la masacre de octubre de 2003 hay 17 imputados: Sánchez de Lozada (actualmente refugiado en Miami) y 11 de sus ministros. Varios de ellos acompañan a Lozada en su exilio estadounidense. Otros tres recientemente consiguieron alojamiento en la vecina Perú, por gracia del gobierno de Alan Garcí­a y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Mirtha Patricia Quevedo, ex ministra de Participación Popular; Javier Torres Gotilla, ex ministro de Salud y Deportes; ni Jorge Ernesto Torres Obleas, ex ministro de Hacienda. El presidente Morales solicitó al gobierno peruano que no diera "asilo a delincuentes".

El juicio comenzará el 18 de mayo con la presencia de sólo tres ex ministros que quedaron en Bolivia y cinco militares acusados. "Aquí­ hay un juego de intereses para contaminar este proceso, de modo que el juicio por este delito graví­simo se posponga hasta la eternidad. Así­ piensan garantizar la impunidad de los poderosos, con la complicidad internacional además, ya que Perú y EE.UU. son parte de este jugo de intereses", dijo a Página/12 Faid Villavicencio, del Capí­tulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

"Uno de los mayores escollos para tener justicia era la presencia de Fernández. Pero aún quedan otros cómplices en la Corte, que son herencia del neoliberalismo", agregó Villavicencio. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, denunció que hace dí­as el juez suspendido vendió cinco propiedades en Cochabamba por 24 mil dólares. De esta manera, dijo, Fernández espera evitar resarcir a las ví­ctimas de octubre de 2003 por el daño civil que causó con su actuación.

En un acto de entrega de viviendas en la ciudad de El Alto, Morales pidió al Ejecutivo peruano que "no ofenda" al pueblo boliviano cometiendo un "error" con la concesión de asilo a estos ex dirigentes."Después de algunas diferencias, uno de los ministros de Alan Garcí­a me dijo chabacano, sé que es una ofensa, no me molesta, pero ahora, como está cometiendo un error, ni siquiera respetando las normas de Perú, le digo colega chabacano y le pido expulsar a esos delincuentes que se escapan a Perú", subrayó el presidente boliviano, recordando que, según las normas del Estado peruano, no puede dar asilo o refugio a personas que han cometido delitos de lesa humanidad, que estén procesados, imputados".

Los diputados podrí­an trabar el funcionamiento de la Corte por falta de jueces. Pero que los haya también son un riesgo, porque la mayorí­a pertenecen al partido opositor de los imputados. Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y varios de los ministros de su segundo Gobierno, fueron acusados por el delito de "genocidio", en la variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación penal boliviana, según informaciones de la Fiscalí­a de la nación. Las muertes se produjeron durante la represión a diferentes protestas sociales ocurridas entre septiembre y octubre de 2003 contra un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos, a través de puertos de Chile.

Después que el presidente Lozada anunciara la firma del Tratado, comenzaron incontrolables protestas masivas a nivel nacional, en particular en El Alto, donde la mayorí­a de los indí­genas residentes organizaron comités de barrio. "Con la solidaridad activa de los movimientos sociales, los obreros de las minas y los campesinos de coca bloquearon las carreteras y paralizaron la capital, la respuesta del Presidente, aconsejado por las empresas gringas, fue el envió de tropas con el fin de romper el bloqueo, pero no tuvo éxito.

Derrotado el gobierno por la protesta social, con pasaporte falso, Lozada huyó en helicóptero hacia los Estados Unidos, donde vive hasta hoy en el estado de Maryland en calidad de "refugiado polí­tico. A casi seis años después del Octubre Negro sigue pendiente el castigo de los responsables. Con el último asilo a los responsables de la masacre boliviana, el gobierno peruano con Alan Garcí­a Perez, ex profugo de la justicia también y fiel aliado de EE UU, se ha convertido en refugio y solaz de todos los ex -agentes del imperialismo.

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