Una deuda con la garantí­a del Estado

Cuando la deuda la tiene el estado contigo

Diferentes asociaciones profesionales de empresarios y autónomos han denunciado que una de las principales causas de cierre es el aumento de la morosidad en los pagos de las administraciones públicas

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05-01-2009
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Todo el mundo sabe que cualquier contribuyente que incurra en un impago pasa a formar parte de un listado de morosos del que disponen las entidades bancarias, las grandes aseguradoras, el estado y algún otro organismo público y privado. Y eso a pesar de la Ley de Protección de Datos. Pero que pasa cuando es la administración la que no paga. Todo el mundo sabe que cualquier contribuyente que incurra en un impago pasa a formar parte de un listado de morosos del que disponen las entidades bancarias, las grandes aseguradoras, el estado y algún otro organismo público y privado. Y eso a pesar de la Ley de Protección de Datos. Pero que pasa cuando es la administración la que no paga.
Recientemente, el portavoz de CiU en el Congreso, Durán i Lleida, poco sospechoso de hacer una oposición feroz al gobierno, denunció con datos oficiales, que el 25% de las quiebras empresariales que se producen hoy en España, son consecuencia del retraso en los pagos por parte de las administraciones públicas.
En este sentido, Francisco Jardón, Presidente de la Asociación de Empresarios de Limpieza Pública (ASELIP), integrada en la CEOE , afirmaba que generalmente, las condiciones de pagos de las administraciones públicas no han sido buenas, pero “cuando se han acabado los ingresos adicionales derivados de la construcción, se han triplicado los plazos de demora”. Jardón recuerda que “las administraciones están pagando con un retraso que oscila entre los 210 y los 380 días, como media” y destaca que “en algunos ayuntamientos, principalmente en Andalucía, se acumulan demoras de hasta 18 meses”.
Estos datos, han sido confirmados por las asociaciones de los trabajadores autónomos, sin duda, los principales damnificados y, según cifras del propio gobierno, las mas afectadas por la crisis.
El Presidente de ASELIP considera que esta situación de “carestía de liquidez y de financiación, solo pueden mantenerla las grandes empresas” y calcula que la deuda con los miembros de su asociación llega a los 3.000 millones de euros. Una cantidad que, según el propio Banco de España, alcanza lo 30.559 millones de euros.
Con estos datos, España se sitúa en segundo lugar en el ranking de morosidad dentro de la zona euro, solo por detrás de Italia. Recientemente, Rodríguez Zapatero anunció una reforma de la ley de morosidad, que permite a los acreedores cobrar a la administración hasta siete puntos de interés por encima del fijado desde el Banco de España, pero ese anunció, según denuncian los representantes de los empresarios, se ha quedado en una mera declaración de intenciones.
 
Autónomos y administración pública. No cobran por trabajar ni por dejar de hacerlo.
 
Esta morosidad de la administración pública afecta mucho mas a las PYMES y a los autónomos que a las grandes empresas, algunas de las cuales, han empezado a rescindir contratos adjudicados por las distintas administraciones.
Al mismo tiempo, los autónomos han denunciado las condiciones en las que se encuentran, frente a los asalariados, una vez han cerrado el negocio y han pasado a engrosar las listas del paro.
Según la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA) calcula que en 2011 serán cerca de 300.000 los autónomos que habrán sufrido el cierre de su comercio. Se indica esta fecha porque recientemente, un grupo de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo, presentó una propuesta de cobro por paro para este colectivo que recogía, entre otras cosas, el inicio de la prestación ese año.
Anteriormente la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) exigían al Ministerio de Celestino Corbacho que los autónomos pudieran cobrar el paro antes de que la recesión acabe son sus negocios.
El pasado 24 de diciembre, Pedro Mezquida, Presidente de ASNEPA anunciaba que los cálculos se basan en que “solo en 2008, 70.000 autónomos han abandonado su actividad”.
Asimismo, Mezquida considera que hay grandes diferencias entre la prestación que percibe su colectivo y la que se obtiene de cotizar en el Régimen General. Entre un año y 16 meses, el autónomo cobra dos meses. Si el plazo oscila entre año y medio y dos años, la prestación aumenta un mes mas y el periodo máximo de cobro es de seis meses frente a los dos años de los asalariados. A esto hay que añadirle que la cuantía del subsidio se estima aplicando el 70% de la base reguladora, “con lo que a un autónomo que se mueva en un nivel medio de renta, puede quedarlo una prestación de 583 euros durante un máximo de seis meses” afirmo el Presidente de ASNEPA.
Llama la atención que, frente a los 150.000 millones de euros del “Plan de Ayuda para la banca”, Mezquida afirma que “lo que pedimos es que el compromiso de 10.000 millones de euros de fondos ICO llegue a familias a autónomos”.
 
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