Perú asila acusados de genocidio en Bolivia

Evo Morales y el chabacano Alan Garcí­a

Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y varios de los ministros de su segundo Gobierno, fueron acusados por el delito de "genocidio", en la variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación penal boliviana, según informaciones de

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11-05-2009
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Este domingo, en un acto popular en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, Morales consideró que si el gobierno peruano concede asilo polí­tico a los ex ministros "estarí­a cometiendo un grave delito" porque, según dijo, la legislación peruana impide refugiar a los acusados de delitos de lesa humanidad y que están siendo procesados en sus paí­ses. El gobierno peruano informó que concedió asilo polí­tico a un ex ministro de Sánchez de Lozada. Luego se supo que el beneficiario es Jorge Torres Obleas, ex ministro de Desarrollo Económico Este domingo, en un acto popular en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, Morales consideró que si el gobierno peruano concede asilo polí­tico a los ex ministros "estarí­a cometiendo un grave delito" porque, según dijo, la legislación peruana impide refugiar a los acusados de delitos de lesa humanidad y que están siendo procesados en sus paí­ses. El gobierno peruano informó que concedió asilo polí­tico a un ex ministro de Sánchez de Lozada. Luego se supo que el beneficiario es Jorge Torres Obleas, ex ministro de Desarrollo Económico
Sin embargo, también se conoce que otras tres ex autoridades, entre ellas, la jefa del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Mirtha Quevedo, también están buscando refugio en ese paí­s.

En un acto de entrega de viviendas en la ciudad de El Alto, Morales pidió al Ejecutivo peruano que "no ofenda" al pueblo boliviano cometiendo un "error" con la concesión de asilo a estos ex dirigentes. "Después de algunas diferencias, uno de los ministros de Alan Garcí­a me dijo chabacano, sé que es una ofensa, no me molesta, pero ahora, como está cometiendo un error, ni siquiera respetando las normas de Perú, le digo colega chabacano y le pido expulsar a esos delincuentes que se escapan a Perú", subrayó el presidente boliviano, recordando que, según las normas del Estado peruano, no puede dar asilo o refugio a personas que han cometido delitos de lesa humanidad, que estén procesados, imputados".

El Gobierno peruano concedió el viernes pasado asilo al ex ministro boliviano de Desarrollo Económico Jorge Torres Obleas y evalúa las solicitudes de refugio de la ex ministra de Participación Popular Mirtha Quevedo y del ex titular de Salud Javier Torres Goitia. El Ejecutivo boliviano afirma que todos ellos salieron de su paí­s para evitar un juicio que debe iniciarse el próximo 18 de mayo por los sucesos violentos que dejaron 60 muertos en 2003, durante el segundo Gobierno de Sánchez de Lozada. El entonces presidente renunció a su cargo el 17 de octubre de ese año y partió hacia Estados Unidos, donde también residen sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.

El fiscal del caso, Miton Mendoza, contó que hace semanas habí­a pedido a la Corte la detención preventiva de los acusados que estaban en Bolivia ante la proximidad del juicio. "Pero no tuvimos respuesta. Las consecuencias ahora ya se ven porque los acusados están huyendo del paí­s", consideró. Y comentó que otros acusados buscan refugio en paí­ses como España.

El desarrollo del juicio podrí­a complicarse, no sólo por la ausencia de acusados. La Cámara de Diputados, dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de Morales), trata de enjuiciar al presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, precisamente por el retraso de la Justicia para hallar a los culpables de la matanza de 2003. Otra juez de la Corte Suprema que podrí­an enjuiciar los diputados del MAS es Rosario Canedo, sospechada de irregularidades en su labor.

Los diputados podrí­an trabar el funcionamiento de la Corte por falta de jueces. Pero que los haya también son un riesgo, porque la mayorí­a pertenecen al partido opositor de los imputados.

Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y varios de los ministros de su segundo Gobierno, fueron acusados por el delito de "genocidio", en la variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación penal boliviana, según informaciones de la Fiscalí­a de la nación.

Las muertes se produjeron durante la represión a diferentes protestas sociales ocurridas entre septiembre y octubre de 2003 contra un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos, a través de puertos de Chile.

La brutalidad del ejército fue el sangriento clí­max de la "guerra del gas" en Bolivia, donde los movimientos sociales enfrentaron las polí­tica prohegemonista del entonces presidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada por la nacionalización de la industria del gas". El propietario de las minas,"Goni", logró convertir se, gracias a una singular estrategia de privatización de las empresas estatales y de las principales industrias, en el hombre más rico de Bolivia, a pesar de la resistencia del Partido Comunista de Bolivia y del segundo mayor grupo parlamentario, el "Movimiento al Socialismo" del actual Presidente Evo Morales. En los puertos chilenos un consorcio internacional formado por Pacific LNG, British Petroleum y Repsol, debí­a comercializar "casi regalado"el gas licuado hacia los EE.UU. y Mexico"."En este negocio correspondió a Bolivia apenas un 18% de la ganancia.

Después que el presidente Lozada anunciara la firma del Tratado, comenzaron incontrolables protestas masivas a nivel nacional, en particular en El Alto, donde la mayorí­a de los indí­genas residentes organizaron comités de barrio. \"Con la solidaridad activa de los movimientos sociales, los obreros de las minas y los campesinos de coca bloquearon las carreteras y paralizaron la capital, la respuesta del Presidente, aconsejado por las empresas gringas, fue el envió de tropas con el fin de romper el bloqueo, pero no tuvo éxito.

Derrotado el gobierno por la protesta social, con pasaporte falso, Lozada huyó en helicóptero hacia los Estados Unidos, donde vive hasta hoy en el estado de Maryland en calidad de \"refugiado polí­tico. A casi seis años después del Octubre Negro sigue pendiente el castigo de los responsables. Con el último asilo a los responsables de la masacre boliviana, el gobierno peruano con Alan Garcí­a Perez, ex profugo de la justicia también y fiel aliado de EE UU, se ha convertido en refugio y solaz de todos los ex -agentes del imperialismo.

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