El Observatorio

¿Abusos o delitos?

Lo revelado esta semana por un diario británico sobre los "abusos" en los gastos oficiales de la clase polí­tica merece otro calificativo: el de delitos

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11-05-2009
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Es claro que la denuncia se inscribe en el marco de las inminentes elecciones británicas y la consiguiente lucha por el poder. Pero aun así­, las revelaciones hechas por el diario "The Daily Telegraph" sobre la forma en que ministros y diputados (laboristas y conservadores) entran a saco en los fondos públicos para sufragarse los gastos particulares, engrosar su sueldo y financiarse una vida de lujo, al margen de los expléndidos sueldos (más dietas) de los que ya gozan, revela un aspecto de las castas polí­ticas actuales que no puede seguir manteniéndose oculto: su naturaleza corrupta y delictiva. Es claro que la denuncia se inscribe en el marco de las inminentes elecciones británicas y la consiguiente lucha por el poder. Pero aun así­, las revelaciones hechas por el diario "The Daily Telegraph" sobre la forma en que ministros y diputados (laboristas y conservadores) entran a saco en los fondos públicos para sufragarse los gastos particulares, engrosar su sueldo y financiarse una vida de lujo, al margen de los expléndidos sueldos (más dietas) de los que ya gozan, revela un aspecto de las castas polí­ticas actuales que no puede seguir manteniéndose oculto: su naturaleza corrupta y delictiva.
Un nuevo escándalo sacude desde hace unos días el tétrico mandato de Gordon Brown: las revelaciones del diario conservador “The Daily Telegraph” sobre los abusos en los gastos oficiales que habitualmente vienen practicando desde el primer ministro hasta el último secretario de Estado, con escasas excepciones.

Según el diario británico, trece miembros del Gogierno podrían haber incurrido en alguna forma de estos “abusos”, que, sin ser exactamente ilegales, es decir, sin que se les pueda imputar delictivamente, sí que se basan en un empleo abusivo de los privilegios que les otorga una legislación bastante laxa (y que, para más inri, han aprobado ellos mismos).

Las denuncias del Telegraph van desde lo anecdótico (como las 10 libras que reclamó al erario público la ministra del Interior para pagar unas películas porno contratadas por su marido en un canal de pago) hasta verdaderos latrocinios (como el de un ministro que gastó más de 41.000 euros en mobiliario para un piso de apenas 47 metros). Otro ministro se hizo pagar tampones, pañales y ropas para su mujer. La responsable de Turismo cobró 28.000 euros a cargo del Estado porque se sentía “insegura” en su casa del Soho.
 
Conviene recordar que todos estos gastos cargados al erario público los llevan a cabo personas que tienen un salario medio oficial de al menos 70.000 euros anuales, a los que hay que sumar otros 161.000 (como media) de compensaciones por gastos de viaje, oficinas, ayudantes, vivienda, etcétera. Es decir, después de recibir 230.000 euros anuales (una mensualidad de casi 20.000 euros, más de tres millones y medio de pesetas), aún se dedican a cargar al Estado los gastos de limpieza (el propio Gordon Brown, en su vivienda de Escocia), las reparaciones de sus segundas residencias, los muebles de sus apartamentos en Londres y hasta los tampax y las películas pornos de sus parejas.

Y todo eso mientras el país sufre la mayor crisis económica desde los años treinta, los bancos tienen que ser rescatados de la ruina y las cifras de empleo comienzan a ser inquietantes. Minucias que, a la clase política, parece no afectarles en lo más mínimo.

O eso creen ellos. Porque los tiempos están empezando a cambiar muy rápidamente. Lo hemos visto en las recientes elecciones gallegas.
Las demoledoras denuncias contra los gastos suntuarios del gobierno gallego y su presidente acabaron haciendo mella en el electorado y sirvieron para tumbar el gobierno de la Xunta. Ahora, en Gran Bretaña, la situación puede repetirse. La “tolerancia” popular hacia la corrupción se está haciendo cada vez más estrecha. Con la crisis, resulta inaceptable que la clase política nade apaciblemente en la corrupción, como si no pasara nada. Seguir abusando impunemente del erario público, independientemente de que la legislación lo califique o no como delito, comienza a ser una realidad que repugna  a la sociedad y que va a “tener un precio”.

Pero hay que ir más allá. Toda corrupción es delito y así tienen que tipificarlo las leyes. La impunidad con que las castas políticas arrasan el erario público tiene que ser una de las “víctimas” de esta crisis y uno de los campos en que se puede revertir la situación y conseguir una victoria popular.
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