Perú asila prófugos acusados de genocidio por Bolivia

Alan Garcí­a asila a sus cofrades agentes del imperialismo

El asilo otorgado al exministro boliviano se ha convertido en el segundo que otorga Perú en las últimas semanas, pues el pasado 27 de abril aceptó un pedido similar del opositor venezolano acusado de corrupción, Manuel Rosales

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09-05-2009
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El ministro boliviano de Defensa, Héctor Arce, anunció ayer que el gobierno de Evo Morales solicitará que Perú rechace el pedido de asilo polí­tico de tres ex ministros que son procesados por la muerte de unas 67 personas en octubre de 2003, en lo que se conoce como la "Guerra del gas", en la ciudad de La Paz. Arce lamentó que los ex ministros Yerko Kukoc, Jorge Torres Goitia, y Mirtha Quevedo hayan salido de Bolivia para evitar el juicio oral que comenzará el lunes 18 en Sucre. El ministro boliviano de Defensa, Héctor Arce, anunció ayer que el gobierno de Evo Morales solicitará que Perú rechace el pedido de asilo polí­tico de tres ex ministros que son procesados por la muerte de unas 67 personas en octubre de 2003, en lo que se conoce como la "Guerra del gas", en la ciudad de La Paz. Arce lamentó que los ex ministros Yerko Kukoc, Jorge Torres Goitia, y Mirtha Quevedo hayan salido de Bolivia para evitar el juicio oral que comenzará el lunes 18 en Sucre.
El Gobierno peruano anunció este viernes, que otorgó asilo polí­tico a un ex ministro boliviano, de la gestión del ex presidente Sánchez de Lozada, a escasos dí­as de habersele iniciado en Bolivia a éste último, un proceso penal por su presunta implicación en una matanza.

Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y varios de los ministros de su segundo Gobierno, fueron acusados por el delito de "genocidio", en la variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación penal boliviana, según informaciones de la Fiscalí­a de la nación.

Las muertes se produjeron durante la represión a diferentes protestas sociales ocurridas entre septiembre y octubre de 2003 contra un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos, a través de puertos de Chile.

Sánchez de Lozada renunció a su cargo el 17 de octubre de ese año y partió hacia Estados Unidos, donde también residen sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.

En tanto, los ex ministros Yerko Kukoc, Jorge Torres Goitia y Mirtha Quevedo, salieron de Bolivia según información oficial, con lo que evitarán participar en un juicio que debe iniciarse el próximo 18 de mayo.

La ex ministra Quevedo confirmó a un canal de televisión boliviana que se encuentra en Lima, a donde habí­a llegado de vacaciones el pasado 28 de abril. Ante ello, el ministro boliviano de Defensa Legal, Héctor Arce, instó al gobierno peruano a rechazar el pedido de asilo de Quevedo, Torres y Kukoc.

El abogado de las familias de las ví­ctimas bolivianas, Rogelio Mayta, habí­a denunciado la ví­spera que los ministros de Sánchez de Lozada se pusieron en plan de evasión.
El asilo otorgado al exministro boliviano se ha convertido en el segundo que otorga Perú en las últimas semanas, pues el pasado 27 de abril aceptó un pedido similar del opositor venezolano acusado de corrupción, Manuel Rosales.

La brutalidad del ejército fue el sangriento clí­max de la "guerra del gas" en Bolivia, donde los movimientos sociales enfrentaron las polí­tica prohegemonista del entonces presidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada por la nacionalización de la industria del gas". El propietario de las minas,"Goni", logró convertir se, gracias a una singular estrategia de privatización de las empresas estatales y de las principales industrias, en el hombre más rico de Bolivia, a pesar de la resistencia del Partido Comunista de Bolivia y del segundo mayor grupo parlamentario, el "Movimiento al Socialismo" del actual Presidente Evo Morales. En los puertos chilenos un consorcio internacional formado por Pacific LNG, British Petroleum y Repsol, debí­a comercializar "casi regalado" el gas licuado hacia los EE.UU. y Mexico". "En este negocio correspondió a Bolivia apenas un 18% de la ganancia.

Después que el presidente Lozada anunciara la firma del Tratado, comenzaron incontrolables protestas masivas a nivel nacional, en particular en El Alto, donde la mayorí­a de los indí­genas residentes organizaron comités de barrio. "Con la solidaridad activa de los movimientos sociales, los obreros de las minas y los campesinos de coca bloquearon las carreteras y paralizaron la capital, la respuesta del Presidente, aconsejado por las empresas gringas, fue el envió de tropas con el fin de romper el bloqueo, pero no tuvo éxito.

Derrotado el gobierno por la protesta social, con pasaporte falso, Lozada huyó en helicóptero hacia los Estados Unidos, donde vive hasta hoy en el estado de Maryland en calidad de "refugiado polí­tico. A casi seis años después del Octubre Negro sigue pendiente el castigo de los responsables. Con el ultimo asilo a los responsables de la masacre boliviana, el gobierno peruano con Alan Garcí­a Perez, ex profugo de la justicia también y fiel aliado de EE UU, se ha convertido en refugio y solaz de todos los ex -agentes del imperialismo.

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