Para asegurar las condiciones de vida del pueblo

Necesitamos ampliar la democracia

Que los votantes tengan la capacidad de revocar y destituir a sus representantes elegidos si consideran que éstos están incumpliendo, de forma flagrante, el mandato otorgado por los electores

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11-05-2009
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No he encontrado todaví­a prácticamente a nadie, que al explicarle las 10 medidas que nuestra candidatura, DE VERDAD CONTRA LA CRISIS, propone contra la crisis y para acabar con el paro no se haya mostrado entusiásticamente de acuerdo. Pero hay otro aspecto de nuestro programa tan importante como las 10 medidas del que se habla menos. Y sin embargo es su complemento necesario e imprescindible.
 (EFE)
(EFE)
No he encontrado todaví­a prácticamente a nadie, que al explicarle las 10 medidas que nuestra candidatura, DE VERDAD CONTRA LA CRISIS, propone contra la crisis y para acabar con el paro no se haya mostrado entusiásticamente de acuerdo. Pero hay otro aspecto de nuestro programa tan importante como las 10 medidas del que se habla menos. Y sin embargo es su complemento necesario e imprescindible.

Llevar adelante y aplicar estas 10 medidas contra la crisis y para acabar con el paro exige a su vez llevar a cabo una serie de profundas transformaciones en el modelo político de nuestro país, ampliando y profundizando la democracia de tal forma que los intereses y la voz de la mayoría puedan llegar y estar efectivamente presentes en las instituciones representativas.
 
Tenemos que poner fin al control sobre las instituciones del Estado que una pequeña casta política –eso que se ha dado en llamar la “partitocracia”– ejerce sobre el modelo político. Lo que requiere de una reforma constitucional que profundice la democracia, transforme y mejore el actual modelo político haciéndolo mucho más representativo y permita a los ciudadanos ejercer un control efectivo sobre sus representantes elegidos.
 
La Constitución española jugó un papel fundamental para acabar con 40 años de dictadura y abrir las puertas de la democracia y el sistema de libertades a los españoles. Pero han pasado ya 30 años, dos nuevas generaciones de españoles han aparecido desde entonces y tanto la crisis como las condiciones generales políticas del país exigen adecuarla a los nuevos tiempos. 
 
Una reforma constitucional cuyo objetivo es en esta etapa no es ni puede ser cambiar la forma del Estado o alterar sus fustes esenciales, sino ampliar y profundizar la democracia, multiplicar la participación directa del pueblo en la vida política y aumentar la capacidad de los ciudadanos para controlar de una forma efectiva y real a sus representantes políticos.
 
 
 
 
1.- Ampliación del parlamento nacional a 400 diputados, cada uno de los cuales es elegido en una circunscripción electoral con un censo máximo de 90.000 votantes. Cada uno de los diputados responde de esta forma directamente ante los votantes de su circunscripción y no ante la cúpula de su partido que lo ha colocado en la lista en un puesto elegible.
Los diputados elegidos por este medio lo son porque consiguen la mayoría simple de los votos emitidos o una diferencia del 15% sobre el segundo más votado. En caso contrario, se procede a una segunda vuelta a la que concurren los dos candidatos más votados que pueden establecer pactos, alianzas o coaliciones con los candidatos que no han superado el corte de la primera vuelta. El diputado electo de esta forma es la representación en el parlamento (ya sea nacional, autonómico o municipal) de la voz y de los intereses de los votantes de su circunscripción y responde directamente ante ellos de su actuación política de acuerdo a los compromisos adquiridos durante la campaña, compromisos de los que debe responder y sobre los que los electores han de tener la capacidad de hacer que se cumpla efectivamente el mandato dado por las urnas.
 
2.- Establecimiento de mecanismos efectivos, constitucionalmente sancionados, de control y fiscalización de los votantes sobre los representantes que han elegido mediante Asambleas de Electores.
En tanto que los diputados electos representan a su circunscripción, los electores de ésta –hayan votado o no a ese candidato– tienen el derecho y el deber de fiscalizar políticamente su actuación. El programa electoral defendido por el candidato es un contrato con los electores de su circunscripción, y como tal debe rendir cuentas pública y periódicamente ante sus votantes del grado de cumplimiento efectivo de dicho contrato. La ley debe regular y facilitar la creación de Asambleas de Electores en cada circunscripción. Asambleas donde los cargos electos están obligados a responder periódicamente ante los ciudadanos de esa circunscripción de su actividad política y donde los votantes tienen el derecho de pedir cuentas a sus representantes del grado de cumplimiento efectivo del programa por el que fueron elegidos.
 
3.- Una nueva regulación constitucional del sistema de referéndum, tanto nacionales, autonómicos, municipales o de circunscripción, como uno de los medios más directos y representativos de la participación democrática de los ciudadanos en la vida política del país.
Activar y potenciar los referéndum donde los ciudadanos puedan expresar de forma directa y sin intermediarios su posición y su voluntad ante cuestiones de especial trascendencia en el ámbito nacional, autonómico o municipal es un aspecto indisociable de la profundización de la democracia y de asegurar que la voz y la decisión de la mayoría cuentan en la vida política del país. Los resultados de los referéndum serán vinculantes para los gobiernos del ámbito que se trate. Para poner en marcha el mecanismo del referéndum se necesitará la presentación de un número de firmas igual al 2% del censo electoral en al ámbito nacional, del 5% en el autonómico y municipal y del 10% en la circunscripción.
De especial importancia para la vida democrática tiene la regulación de los referéndum revocatorios a nivel de circunscripción. En el que los votantes tengan la capacidad de revocar y destituir a sus representantes elegidos si consideran que éstos están incumpliendo, de forma flagrante e incondicional, el mandato otorgado por los electores. Para poner en marcha el referéndum revocatorio serán necesarias la presentación de un número de firmas equivalente al 15% del censo electoral de la circunscripción. Y la revocatoria sólo será efectiva si la aprueban en referéndum más del 50% del censo de dicha circunscripción. En la cual se abriría, a continuación, un nuevo proceso electoral 
 
4.- Una nueva ley de financiación de partidos y sindicatos basada en el principio democrático de la autofinanciación. Las cuentas de todos los organismos del Estado, así como la de los cargos electos y altos cargos de la administración, deben ser abiertas, detalladas y públicas
Nueva ley de financiación que acabe con la dependencia de las subvenciones del Estado y de la condonación de las deudas por parte de la banca que no son sino otras formas de dependencia y de control ajenas a su militancia y a sus votantes. Cada candidato estará obligado por ley a crear un fondo especial de campaña, donde están recogidos y serán de conocimiento público todos los ingresos y los gastos de su campaña electoral. La Junta Electoral Central y las provinciales –cuyos criterios de selección y composición deberán revisarse– son las encargadas de asegurar (y sancionar en caso contrario) la transparencia y veracidad de dichas cuentas.
Todos los cargos electos, así como los altos funcionarios, asesores, gestores y ejecutivos de empresas públicas, etc nombrados por éstos, estarán obligados por ley a hacer presentación pública de todo su patrimonio y las rentas familiares de todo tipo que perciben al ser nombrados o elegidos, y al finalizar su mandato.
 
5.- Una ley específica que trate a la corrupción y a los corruptos como uno de los más graves delitos penales, puesto que atenta contra el patrimonio público, el dinero que es de todos.
De la misma forma que existe una acusada sensibilidad social contra delitos especialmente repugnantes y se han reforzado las leyes, los tribunales y los castigos contra este tipo de delitos, debe procederse exactamente igual contra la corrupción y los corruptos. Ya existe en nuestro ordenamiento jurídico la capacidad y la posibilidad de dar a la corrupción el tratamiento que se da a otras formas del crimen organizado. Deben ampliarse los años de cárcel por los delitos de corrupción, los condenados deben responder con su patrimonio de devolver hasta el último euro de lo robado. Las responsabilidades, si no penales sí al menos políticas y administrativas, deben extenderse a aquellos organismos encargados de fiscalizar las cuentas de los organismos e instituciones donde han anidado tramas de corrupción y no lo hicieron. 
(*) Nuria Suárez es la primera candidata en las listas "De Verdad contra la crisis" para las elecciones europeas del 7 de junio.
  
  
 
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