Derechos y Libertades

El Imperio contraataca

Sin embargo, lo que más les preocupa a las compañí­as es que pase lo que pase, sea que al final es el Gobierno quien ejecuta, o deban ser ellas, tengan protección jurí­dica contra cualquier demanda.

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06-05-2009
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Parece ser que después del "llamamiento" del presidente ejecutivo de la SGAE para que fueran los monopolios los que se encargasen de cobrar un nuevo canon por las descargas de Internet, el Gobierno va a tener que tomar una decisión comprometida. No es de esperar que lo haga antes de las Europeas. Parece ser que después del "llamamiento" del presidente ejecutivo de la SGAE para que fueran los monopolios los que se encargasen de cobrar un nuevo canon por las descargas de Internet, el Gobierno va a tener que tomar una decisión comprometida. No es de esperar que lo haga antes de las Europeas.
Los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, han emplazado al Ejecutivo a que sea él quien proponga una regulación de las descargas tras el bloqueo de las negociaciones que mantenían con la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, para una autorregulación de la materia. El consenso ha sido imposible.

Los operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) rechazan dos de las demandas de la Coalición: no quieren ni oír hablar de la desconexión para ninguno de sus abonados, incluyendo los que realizan descargas de forma intensiva.

Los operadores piden al Gobierno que la nueva regulación debe respetar "escrupulosamente" los datos personales de usuarios y consumidores, eliminar cualquier propuesta de suspensión de la conexión a Internet, y en los hechos tratan de erigirse como los defensores del consumidor, colocando de su parte sin más a todas las asociaciones de internautas y usuarios.

Sin embargo, lo que más les preocupa a las compañías es que pase lo que pase, sea que al final es el Gobierno quien ejecuta, o deban ser ellas, tengan protección jurídica contra cualquier tipo de demanda. Es decir, quieren que el Gobierno les asegure total impunidad contra cualquier movimiento de reivindicación de libertades.

El mayor acuerdo que se había producido en el proceso de negociación era en la persecución de los “concentradores”, responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas mediante programas p2p (eMule, BitTorrent, Aries...). Cerca de 70 website son responsables de un total del 80% del tráfico de los archivos protegidos.
El desacuerdo se mantiene en cuanto a la desconexión en casos de actividad “fraudulenta” fragrante y persistente. Es lógico, las operadoras no quieren perder a cerca de 60.000 usuarios que son los que se calcula que actúan dentro de estos parámetros que se pretenden ilegalizar.

Las descargas de archivos, incluyendo los sujetos a derechos de autor, son legales en España siempre que no haya ánimo de lucro. Para que dejen de serlo, habrá que realizar un cambio legislativo. La propuesta avanza en el Parlamento Europeo y, como decíamos antes, no es de esperar que el Gobierno quiera complicarse la vida antes de las Elecciones con una decisión tan impopular. Porque lo que sí está claro es que hasta ahora no han jugado a favor del usuario.

En 2008, los ingresos de la SGAE por descargas "legales" de Internet crecieron un 40,9% hasta llega a 1,385 millones. Teniendo en cuenta que sus cuentas cayeron un 11,5%, tampoco es de extrañar que una de las propuestas que se barajan en los acuerdos sea la de la creación de plataformas con contenidos “on line” para que discográficas y distribuidoras dispongan de tiendas virtuales. Si es que todo tiene explicación en esta vida… explicación y negocio, claro.
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