El juicio del Yak-42 visto para sentencia

¿Cosas del PP y Trillo?

Para el fiscal la decisión de repatriar "como estuvieran" los 62 militares fallecidos estaba tomada "desde el primer momento", se "inventaron" la identificación de 30 muertos "rellenando" las actas.

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22-04-2009
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Las conclusiones del informe del fiscal de la Audiencia Nacional en el juicio por el accidente del Yak-42 son concluyentes: "tení­an prisa" por repatriar los cadáveres y se inventaron a qué nombres correspondí­an los 30 cuerpos aún sin identificar. Por lo que el fiscal solicita para los tres militares juzgados penas de cárcel; 5 años para el general Navarro, 4,5 para el comandante médico Ramí­rez y el capitán médico Sáez. Los familiares exigen ahora que continúe la investigación para que también respondan los mandos militares y polí­ticos que dieron las órdenes.
 (EFE)
Audiencia Nacional. Los forenses turcos Bülent Sam y í–mer Müslümanoglu que participaron en la identificación junto a varios familiares de las ví­ctimas.
(EFE) Audiencia Nacional. Los forenses turcos Bülent Sam y í–mer Müslümanoglu que participaron en la identificación junto a varios familiares de las ví­ctimas.
Las conclusiones del informe del fiscal de la Audiencia Nacional en el juicio por el accidente del Yak-42 son concluyentes: "tení­an prisa" por repatriar los cadáveres y se inventaron a qué nombres correspondí­an los 30 cuerpos aún sin identificar. Por lo que el fiscal solicita para los tres militares juzgados penas de cárcel; 5 años para el general Navarro, 4,5 para el comandante médico Ramí­rez y el capitán médico Sáez. Los familiares exigen ahora que continúe la investigación para que también respondan los mandos militares y polí­ticos que dieron las órdenes.
La celebración del juicio supone, sin duda, un primer acto de justicia y reparación con las víctimas de la tragedia, con esas familias que no pudieron enterrar dignamente a sus muertos y cerrar sus heridas porque sus restos no fueron correctamente identificados. Su demanda para que se juzgue también a los “autores intelectuales” exige que sea justamente atendida.
Sin embargo, aún así, el problema de fondo va mucho más allá de lo que plantea el juicio. Y, por supuesto, más allá de cómo lo están utilizando algunos medios de comunicación, como un problema causado por los intereses del PP entonces en el gobierno, y en particular del ex ministro de Defensa Trillo, para “quitarse a los muertos de encima” y pasar página cuanto antes para evitar costes políticos.
 
¿Cosas de Trillo o “carne de cañón”? ¿Cosas del PP o el problema de cómo trata el Estado a los ciudadanos?
A pesar de la propaganda oficial que se aprovecha del “heroico” papel de los soldados en los conflictos internacionales, en realidad son tratados por el Estado como “carne de cañón”. El relato de los hechos que acabó en la tragedia del Yak-42 es escalofriante. El informe de la Comisión Internacional de Investigación reveló que el accidente se debió sobre todo “al cansancio de la tripulación y a deficiencias en el mantenimiento del avión”. El Yak-42 acabó siendo subcontratado por el Ministerio de Defensa, a través de la Agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN (NAMSA), a una compañía aérea ucraniana Ukranian Air Mediterranean (UM-Air). El ministerio de Defensa hizo caso omiso de las quejas y denuncias de mandos militares sobre las deficiencias de los vuelos y la falta de seguridad como, por ejemplo, recogía la Voz de Asturias dos meses antes del accidente. Con Bono en el ministerio se tomaron medidas contra los jefes del Estado Mayor Conjunto y la División de Operaciones por gravísimas irregularidades: se cambió el modelo de avión para ahorrar 6.000 euros, la tripulación superaba las 23 horas de vuelo y no funcionaban la caja de registro, ni el sensor de combustible. Los funerales de Estado con los cadáveres sin identificar, las amenazas a los familiares que querían conocer la verdad…
 
Lo ocurrido con el Yak-42 es un hecho, pero no un hecho aislado. En el terreno militar, aún está pendiente de aclarar otro accidente de Afganistán, el del helicóptero Cougar que costó la vida a otros 17 militares españoles en agosto de 2005, archivado por el Juez Togado Militar y que sólo la insistencia de Eduardo Guitad, padre del piloto, ha logrado que se reabra la investigación. En el terreno civil los casos son innumerables y afectan a miles de ciudadanos abandonados a su suerte por la lentitud de la Justicia, las víctimas de estafas inmobiliarias o financieras (como el Forum y Afinsa o los que se han quedado colgados por la paralización de sus viviendas, etc.)…
Es necesaria una profunda regeneración democrática que defienda a los ciudadanos frente al Estado.
 
 
 
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