Burgos. Prevaricación y despilfarro

Alcalde aforado, gasto desaforado

Juan Carlos Aparicio preside la empresa gestora de una gasolinera ilegal en Villafrí­a, Burgos, desde hace dieciocho años. La empresa se lleva los beneficios, el ayuntamiento carga con las multas.

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20-04-2009
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El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha causado un agujero de más de ocho millones de euros en las cuentas públicas en indemnizaciones por negarse a cerrar una estación de servicio declarada ilegal desde su misma instalación. El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha causado un agujero de más de ocho millones de euros en las cuentas públicas en indemnizaciones por negarse a cerrar una estación de servicio declarada ilegal desde su misma instalación.
Juan Carlos Aparicio, alcalde de Burgos, preside la empresa (Cetabsa) que gestiona la gasolinera de la Aduana y que está participada por el Ayuntamiento, la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León.  Desde la propia licencia de apertura, todos los trámites que se han seguido han sido rechazados por los tribunales con sentencias firmes. Nadie, ni el alcalde actual, han hecho nada, mientras la factura sigue creciendo. 

La gasolinera sigue en pie y abierta dieciocho años después de su inauguración, a pesar de que la Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos (ASEBUR) ha ganado varios juicios, por los que la gestora de la susodicha gasolinera ha sido condenada a indemnizar al dueño de la gasolinera de Villafría, el afectado por su apertura, con sumas que se acercan a los diez millones de euros, a falta de otras denuncias por resolverse que pueden hacer que la factura se multiplique.
La asociación burgalesa de estaciones de servicio interpuso en 2007 una denuncia al alcalde por prevaricación, que está ahora mismo en el Tribunal Supremo. En 2008 recurrió ante el Contencioso administrativo la decisión municipal, adoptada en Pleno, de modificar el Plan General para eliminar la condición de los 900 metros de separación entre gasolineras y así, legalizarla por la vía rápida.
La cuestión es que Cetabsa, es propietaria de esta gasolinera y por ello percibe los beneficios de su arrendamiento. El arrendatario, en tanto la gasolinera está en suelo público es el ayuntamiento, que es el que se encarga de pagar las multas por incumplimiento de la orden judicial. Juan Carlos Aparicio firmó en 2006 la orden de cierre, pero el “olvido” de su ejecución probablemente tenga que ver con que los beneficios siguen entrando mientras las multas corren a cuenta del dinero público de los vecinos. Lo que dicho de otro modo es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Un negocio redondo.
Según el presidente de Adesbur, Esteban Palacios el asunto tiene fácil solución. Se desmantela y punto. Pero aquí se juntan dos sectores en apuros. El ayuntamiento endeudado, las gasolineras atrapadas. Las petroleras son las que fijan los precios y, suba o baje el precio del petróleo, el margen de las gasolineras es el mismo. Cuando el precio es alto, los gastos de financiación aumentan, soportan mucho más riesgo, más comisiones en pago por tarjeta. Según Esteban Palacios: “si se hubiera juntado esta crisis con los precios del gasóleo de hace ocho meses, hubiera sido la hecatombe. Nadie hubiera podido resistir.”

Aparicio está aforado por haber sido diputado. Si tiene privilegios, qué cargue él con las multas.
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