Selección de prensa nacional

Dos frentes para Zapatero

Dos auténticos bombazos que Fernández de la Vega, trató ayer de declarar zanjados, pero que evidencian que el proyecto del Gobierno tiene algunas fisuras no precisamente menores

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18-04-2009
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Algo ocurre en la vida polí­tica española, aunque nadie sabe exactamente el qué. Pero desde luego no es normal que dos altos cargos de confianza del gobierno tan representativos como el presidente del banco central y el fiscal general del Estado lancen públicamente dos andanadas consecutivas contra la polí­tica gubernamental con apenas 48 horas de diferencia.
 Dos frentes para Zapatero
Algo ocurre en la vida polí­tica española, aunque nadie sabe exactamente el qué. Pero desde luego no es normal que dos altos cargos de confianza del gobierno tan representativos como el presidente del banco central y el fiscal general del Estado lancen públicamente dos andanadas consecutivas contra la polí­tica gubernamental con apenas 48 horas de diferencia.

El furioso zarpazo del gobernador del Banco de España contra la política de diálogo social del gobierno –pues su ruptura sería la consecuencia inmediata de la exigencia de Fernández Ordóñez sobre el sistema de pensiones públicas– y el ataque en toda regla del fiscal general Conde Pumpido contra el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, acusando a la policía de falta de colaboración nada más y nada menos que en un aspecto tan sustancial como la lucha antiterrorista, son algo más que simples problemas de “descoordinación” o “malos entendimientos” con los que el gobierno ha tratado de zanjar el asunto.
 
Por lo visto, la resolución de la crisis de gobierno no ha gustado por igual en todos los sectores que apoyan al gobierno. En el frente económico, las palabras de Fernández Ordóñez son toda una advertencia para la nueva ministra de Economía. Advertencia que puede interpretarse en un doble sentido. O bien que desde los círculos de poder económico que rodean a Fernández Ordóñez se ha querido recibir a la ministra con todo un “programa máximo” como recordatorio de lo que se espera de ella; o bien se trata de una especie de “órdago” dirigido a medir el grado de resistencia y solidez de la nueva responsable de la economía española. Las próximas semanas darán indicios, probablemente, de por dónde van los tiros.
 
Con respecto a lo de Conde Pumpido, la cosa tiene otro cariz, incluso peor todavía, si consideramos que el ataque se dirige de forma directa al ministro de Interior, se supone que un peso pesado del gobierno, y el enfrentamiento tiene su raíz en una de las vertientes políticas más importantes de la lucha antiterrorista: la investigación judicial sobre el entorno político de ETA.
 
El fiscal general se queja de la escasa colaboración policial en este asunto, pero fue precisamente él quien dio el visto bueno a las candidaturas de ANV que permitieron a esta formación acceder a algunas importantes alcaldías del País Vasco. Y todo esto ocurre, además, en vísperas de la elección de Patxi López como nuevo lendakari vasco y a menos de dos meses de las elecciones europeas. ¿Qué es lo que se pretende con esta maniobra, a la que los sindicatos policiales ya han reaccionado presentando una demanda judicial contra Conde Pumplido? Habrá que estar atentos a los próximos movimientos en el País Vasco.
 
 
 
 
 
Editorial. El Periódico
DOS NUEVOS FRENTES PARA ZAPATERO
 
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no para de proporcionarnos emociones fuertes. Esta semana, cuando aún no se habían apagado los ecos de la reestructuración del Gabinete, se han producido dos episodios que afectan a las más profundas raíces del sistema político. Por un lado, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuestionó el miércoles la viabilidad del sistema público de pensiones, lo que, amén de inquietar a millones de pensionistas, recibió al día siguiente una airada respuesta por parte del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
 
Y por otro, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se quejó en público el jueves de que la Policía Nacional no le atiende --y sí lo hace a requerimientos del juez Garzón-- cuando le reclama determinadas actuaciones antiterroristas como, por ejemplo, investigar si el entorno etarra prepara listas electorales para las europeas.

Dos auténticos bombazos que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, trató ayer de declarar zanjados, pero que evidencian que el proyecto político que representa el Gobierno socialista tiene algunas fisuras no precisamente menores, pues afectan a la columna vertebral del Estado de bienestar y a la batalla contra ETA.

El gobernador del Banco de España está, por supuesto, en su derecho --y en su obligación-- de alertar sobre los problemas presentes o futuros del sistema económico. Y el de la Seguridad Social es uno de ellos. Lo que sorprende es que el supervisor lo haga con unos datos drásticamente desmentidos por el ministerio. De hecho, Corbacho se apresuró a señalar que no sabe "de dónde se saca" el gobernador que la Seguridad Social tendrá déficit en este ejercicio. Por lo demás, un servidor del Estado tan prestigioso como Fernández Ordóñez debe saber que cualquier comentario sobre el sistema público de pensiones tiene un enorme impacto en amplias capas de la sociedad, muchas veces poco informadas.

En cuanto a Conde-Pumpido, que corrió a matizar sus palabras cuando ya la gravísima acusación a la Policía Nacional estaba en todos los medios, solo cabe una explicación pública convincente. Si el fiscal general mantiene una pugna con Garzón, debería dirimirla en privado, y no lanzar mensajes que solo pueden ser recibidos con estupor por el público. El presidente Zapatero tiene mucho trabajo en los dos frentes.
EL PERIÓDICO. 18-4-2009
 
 
 
 
 
 
Editorial. El Mundo
EL CNI, OTRA VOLTERETA DEL GOBIERNO
 
LA FALTA de consistencia del proyecto político de Zapatero (...) se ha puesto de nuevo en evidencia en el rocambolesco episodio de la confirmación de Alberto Saiz como director del CNI, que, según manifestó la vicepresidenta Fernández de la Vega, seguirá al frente de los servicios secretos pese a que se había filtrado que la ministra de Defensa quería su destitución.
 
Poco antes de la comparecencia de la vicepresidenta, los sindicatos policiales anunciaban la presentación de una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que había acusado a la Policía Nacional de no colaborar en la lucha antiterrorista.Fernández de la Vega realizó grandes elogios sobre la labor de la Policía Nacional, lo que podría ser interpretado como una velada recriminación hacia Conde-Pumpido.
 
En cuanto al enfentamiento con el Banco de España, la vicepresidenta intentó restar importancia a la polémica, subrayando la independencia del gobernador, pero dejando claro que no comparte sus previsiones sobre las cuentas de la Seguridad Social.
 
No hay duda de que los encontronazos con el fiscal general del Estado y con el gobernador del Banco de España han perjudicado la imagen de cohesión del Ejecutivo, entre otras razones porque, al margen de quien tenga razón, uno y otro alto cargo son designados por el Gobierno.
 
Mientras todavía colean estos dos asuntos, las diferencias internas que existen en el Ejecutivo se volvieron ayer a percibir de forma entre pícara y grotesca cuando el diario gubernamental, que en primera edición titulaba que el Ejecutivo había decidido destituir al director del CNI, informaba horas más tarde que el Gobierno iba a ratificarle como jefe del servicio secreto.
 
Es claro que la ministra Carmen Chacón era partidaria de prescindir de los servicios de Alberto Saiz, pero finalmente alguien que está por encima de la titular de Defensa impuso lo contrario.Todo apunta a que el propio Zapatero y la vicepresidenta Fernández de la Vega impidieron en el último momento el relevo del responsable de los servicios secretos.
 
El diario gubernamental señalaba que el Gobierno tenía intención de destituir a Saiz, pero que las informaciones «anónimas y sin pruebas» de EL MUNDO sobre sus «supuestas irregularidades» habrían provocado la marcha atrás.
 
Afirmar que un Gobierno toma una decisión de este calibre para contrariar a un periódico es pueril. No creemos que Zapatero y Fernández de la Vega sean tan frívolos. Pero no es cierto que este diario haya difundido informaciones «anónimas» y «sin pruebas». EL MUNDO ha reproducido las denuncias de personas con nombres y apellidos, pero no ha hecho pública su identidad porque son agentes del CNI. Nadie ha desmentido los hechos publicados por este periódico, ni siquiera el propio Alberto Saiz, que sí difiere en su interpretación. Y, por último, ni le hemos imputado ningún delito ni hemos solicitado su dimisión, como sí hicimos con Mariano Fernández-Bermejo.
EL MUNDO sólo pidió al Gobierno que investigara estas denuncias contra Saiz y las cotejara con el interesado para no encontrarse con desagradables sorpresas a posteriori. Damos por hecho que así ha ocurrido.
 
Lo que en última instancia pone de relieve este episodio es la falta de rigor en los procesos de decisión del Gobierno, que cambia de opinión en unas pocas horas o en función de las circunstancias. Otro ejemplo que corrobora esta actitud es el giro de Elena Salgado, que ahora se quiere cargar el pacto entre el PP y Solbes sobre la reforma de la ley de Cajas en una de esas volteretas que tanto le gustan a Zapatero.
 
En la última de ellas, Carmen Chacón ha quedado desautorizada de nuevo, como ya sucedió con la retirada de nuestras tropas en Kosovo, lo que coloca en una dificilísima situación a esta ministra que iba a volar muy alto y ya lleva unos cuantos batacazos contra el su
EL MUNDO. 18-4-2009
 
 
 
 
 
Editorial. El Correo
CONFIANZA EN ENTREDICHO
 
El intento de distintos miembros del Gobierno y del fiscal general del Estado de suavizar el alcance de la denuncia formulada por este último sobre la supuesta falta de colaboración de la Policía en los procesos de ilegalización de las listas herederas de Batasuna no ha bastado para refrenar las consecuencias de una polémica perfectamente evitable. Primero, porque la sensible tarea que compete a Cándido Conde-Pumpido le impide pronunciarse con tal ligereza sobre un asunto que tiene que ver, tanto con la aplicación de la Ley de Partidos para impedir que las candidaturas conniventes con el terrorismo puedan burlar los límites del Estado de Derecho, como con la persecución penal de los comportamientos ilícitos por ese mismo motivo.
 
Y, también, porque la descoordinación objeto de controversia alude a un problema que, al repercutir sobre los ministerios de Interior y de Justicia, interpela a la responsabilidad del Ejecutivo en la correcta gestión de los conflictos institucionales. Una responsabilidad que implica que, si se tiene conocimiento previo -como era el caso- de la existencia de una aparente disfunción entre Policía y Fiscalía referida, además, a la lucha contra ETA y su entorno, hay que tratar de acotarla y enmendarla, evitando su transformación en motivo de debate público.
 
Si el Gobierno no tenía en su mano predecir las temerarias manifestaciones del fiscal general que depende de él, sí pudo anticiparse ante una muestra de discrepancia cuyas consecuencias han sembrado una insidiosa sospecha sobre el imprescindible engranaje de todos los instrumentos del Estado de Derecho contra el delito. Sin olvidar el hecho excepcional de que los sindicatos policiales hayan decidido querellarse contra Conde-Pumpido por injurias y calumnias.
 
La vicepresidenta De la Vega subrayó ayer el «esfuerzo, eficacia y abnegación» de las FSE en la lucha contra el terrorismo. Tan explícita defensa no sólo puede llevar a pensar que, efectivamente, el desencuentro habría estado en condiciones de propiciar efectos más graves que los que se deducen de las tentativas posteriores de rebajar su relevancia. El hecho de que ese aval a la labor policial no se viera acompañado de un gesto de similar compromiso hacia la figura del fiscal general tiende también una sombra de desconfianza sobre la labor de este último que contribuye a amplificar el eco de la discrepancia. Y a extender con ello las dudas sobre la coordinación en el ámbito de las instituciones que el Gobierno está obligado a despejar con explicaciones, y actuaciones si lo cree preciso, diáfanas. Más en un momento en que la izquierda abertzale proscrita se propone concurrir a las elecciones europeas.
EL CORREO. 18-4-2009
 
 
 
 
 
Editorial. ABC
CUMBRE DE UNA AMÉRICA INQUIENTANTE
 
EL retrato de América del Sur que se dibujará en la cumbre de Trinidad y Tobago es bastante inquietante: frente al espíritu conciliador y apaciguador del nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, sólo se ve la gesticulación estridente de los países donde la democracia pende de un hilo, o cuyos dirigentes caminan decididamente hacia la dictadura. El venezolano Hugo Chávez, que ha empezado en su país la aniquilación judicial -o incluso física- de los opositores políticos, se ha propuesto convertirse en el centro de la reunión, como si fuera el abanderado de todo el continente, dispuesto a obligar a Obama a que asuma sus posiciones «bolivarianas» so pena de hacer fracasar el encuentro. La contra-cumbre de la llamada Alternativa Bolivariana ha sido una advertencia expresa de que el presidente norteamericano no encontrará la unidad ni el consenso que venía buscando. Aunque no es probable que Chávez repita un esperpento como el que se produjo en la sede de las Naciones Unidas y su famoso discurso sobre el «olor a azufre», en este sentido, para Obama la reunión va a suponer una buena dosis de realismo.
 
Como era de esperar, la cuestión cubana ocupará el grueso del debate, aun estando ausente de la reunión. Los mensajes casi contradictorios que ha emitido la dictadura castrista en los últimos días demuestran que en La Habana todavía no han encontrado la manera de encajar el hecho de que en la Casa Blanca haya en estos momentos un presidente que está a años luz de su correligionario demócrata -John Kennedy-, que precisamente hace hoy 48 años lanzó la operación militar de Bahía Cochinos, y de todos los que le siguieron. Un día Fidel Castro escribe en una de sus diatribas que Cuba no piensa pedir el reingreso en la Organización de Estados Americanos (OEA) y al día siguiente su hermano hace un gesto conciliador hacia Washington. La propuesta de diálogo que ha lanzando Raúl Castro y que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha acogido con optimismo es una prueba de ese desconcierto en el que anda sumida la dictadura, ante la certeza de que lo que se llama desenlace biológico puede tener lugar en cualquier momento, sin que sepan cuál sería el papel de una administración norteamericana a la que todavía no le han cogido la medida. En todo caso, la propuesta del menor de los Castro debe ser entendida en la literalidad que él mismo ha utilizado: acepta hablar de derechos humanos «en pie de igualdad», como si fuera lo mismo la dictadura cubana que la primera democracia del mundo.
 
Esa nebulosa de satélites chavistas o poscastristas ha hecho del rechazo a Estados Unidos y lo que representa su sustento ideológico. Simpatizan más con el régimen teocrático iraní, con el que solamente tienen en común la voluntad expresa de rechazar la influencia occidental, que con el espíritu liberal y emancipador de sus padres fundadores. Por primera vez se encontrarán frente a un presidente norteamericano cuya principal ambición es cambiar esa hostilidad por simpatía. Sin embargo, salvo que Obama esté dispuesto a ingresar en la órbita chavista, puede dar por hecho que será muy difícil que le paguen con la misma moneda.
ABC. 18-4-2009
 
 
 
 
 
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