Televisión

Menos publicidad… más privatizaciones

La cadena de despropósitos sobre la publicidad en la televisión pública culmina con la solicitud de Aguirre de privatizar Tele Madrid.

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19-04-2009
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La cuesta abajo iniciada por Zapatero esta semana, a propósito de la reducción drástica de la publicidad en las televisiones públicas parece no tener fin. Fernández de la Vega anuncio que se reunirí­a con los representantes de las televisiones privadas para consensuar el modelo de financiación de Televisión Española, algo totalmente absurdo, que les pone en bandeja a los grandes grupos la opción de enterrar para siempre a su competidora pública. El último episodio lo ha protagonizado la Presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmando que si Zapatero reduce la financiación de su cadena, lo que debe hacer es permitir que se privaticen, confirmando así­ que el interés de los polí­ticos, sean del signo que sean, es únicamente asegurarse de que los medios de comunicación les sean afines. La cuesta abajo iniciada por Zapatero esta semana, a propósito de la reducción drástica de la publicidad en las televisiones públicas parece no tener fin. Fernández de la Vega anuncio que se reunirí­a con los representantes de las televisiones privadas para consensuar el modelo de financiación de Televisión Española, algo totalmente absurdo, que les pone en bandeja a los grandes grupos la opción de enterrar para siempre a su competidora pública. El último episodio lo ha protagonizado la Presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmando que si Zapatero reduce la financiación de su cadena, lo que debe hacer es permitir que se privaticen, confirmando así­ que el interés de los polí­ticos, sean del signo que sean, es únicamente asegurarse de que los medios de comunicación les sean afines.
"Soy partidaria de que si las televisiones públicas tienen que reducir la publicidad, el Gobierno de la nación nos deje a los gobiernos autonómicos que privaticemos esas emisoras públicas, cosa que la ley nos prohíbe, o nos diga de dónde vamos a sacar el dinero para financiarlas". Estas son las declaraciones que ha hecho Esperanza Aguirre en la emisora de su entorno Onda Cero. Lejos de criticar la medida de Zapatero defendiendo el interés general y el derecho a la información, lo que exige es la privatización de un ente público con 25 años de historia, obviamente para garantizarse un mayor control de este.
 
Los ciudadanos asistimos como invitados de piedra al carrusel de especulaciones que la dichosa medida ha provocado. De lo que ya podemos estar seguros es de que a nadie le importa lo más mínimo el servicio público que pueda dar la televisión pública, ni el aumento de su calidad, ni la viabilidad de sus finanzas. Zapatero acepta sacrificarla a favor de los grupos privados que le presionan día a día, y a los que seguramente debe un favor. De La Vega va más lejos, y pretende elaborar el plan de viabilidad económica de Televisión Española, aconsejada por los miembros de la Asociación de Televisiones Comerciales, cuyo único interés es hacer cada vez menos competitivo el ente público, con lo que pone su supervivencia en manos de quien la quiere asesinar.
 
Los devenires de la política actual ya nos han enseñado que cada medida que anuncie el gobierno va a ser criticada por el Partido Popular. Lo que ya resulta alucinante es que esta crítica no parta en ningún momento de hacer esa defensa a ultranza de la televisión pública que nosotros defendemos, y de apostar no solo por su supervivencia sino por su desarrollo. Lejos de esto, Aguirre “solicita permiso” para esquivar esta nueva medida privatizando una empresa pública, que a buen seguro acabaría recayendo en las manos de algún empresario de su entorno, o incluso de su propia familia.
 
En este banquete para caníbales todos se aseguran que los medios de comunicación sean un instrumento político a su servicio, unos sacrificando lo público a favor de sus “socios” de Prisa y Mediapro, otros intentando crear nuevas empresas dirigidas en exclusividad por sus hombres de confianza. Pero queda ya totalmente claro que absolutamente nadie va a defender los intereses del contribuyente, que financia y consume esa televisión con más de 50 años de historia, y que ellos pretenden enterrar en apenas unos meses. Nosotros pagamos la televisión, ellos deciden y además se la apropian.
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