Canarias. Alarma social

El comerdio de Tenerife contra Alcampo

No es sólo la corrupción urbaní­stica la que sale a la luz con la crisis, dando cuenta de cómo los ayuntamientos han "sacado tajada" de la criminal conversión de España en la Florida europea…

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04-04-2009
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La corrupción de las administraciones locales con respecto a la instalación y desarrollo de las grandes distribuidoras agroalimentarias, las grandes superficies, es en La Laguna, Tenerife, el tema de confrontación entre la Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco) y el Ayuntamiento y la Dirección General de Comercio. La corrupción de las administraciones locales con respecto a la instalación y desarrollo de las grandes distribuidoras agroalimentarias, las grandes superficies, es en La Laguna, Tenerife, el tema de confrontación entre la Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco) y el Ayuntamiento y la Dirección General de Comercio.
    Fedeco acaba de presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que estudie si el Ayuntamiento de La Laguna y la Dirección General de Comercio han cometido prevaricación por omisión de sus deberes en el caso Alcampo. Y es que dicha Dirección General, que en su momento requirió el cierre de la galería comercial y dio un plazo de 10 días para su ejecución ante las irregularidades urbanísticas que acompañaban su apertura, al cumplirse hace mucho tiempo este plazo, directamente no tomó ninguna decisión más y permitió que la gran superficie de Alcampo en La Laguna abriera sin la licencia comercial que requiere la Ley de Comercio.
 
    El ayuntamiento, según Fedeco, ha suspendido por su parte el precinto con la excusa de que no hay que poner en peligro los puestos de trabajo de los doce locales que engloba la galería. La realidad es que el precinto pesa sobre la galería. Los locales tienen, en función de que se les revoca la licencia de apertura, derecho a que el Ayuntamiento les indemnice. El ayuntamiento pretende mezclar los dos temas, galería/locales, de forma ilegal para favorecer a Alcampo.
 
    La organización que representa a los comerciantes tiene claro que “aquí sólo existe un infractor, que es el Ayuntamiento de La Laguna y quien se ha beneficiado de la infracción, que es la multinacional Alcampo y unos claros perjudicados, que son los comerciantes del área metropolitana, que han sufrido una competencia que no tenían que soportar, muchos empleados del sector que perdieron sus puestos de trabajo por esta competencia y no los 12 establecimientos de la galería, que al fin y al cabo, pueden reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento y la mayoría, por ser franquicias, tiene otros centros donde recolocar ese personal"
 
   Muchos comerciantes dudan de la eficacia judicial cuando está por medio una multinacional como Alcampo, pero el paso de denunciar el trato de favor que los Ayuntamientos les otorgan en detrimento del tejido comercial autóctono es un paso necesario para afrontar la crisis.
 
    Esta forma de corrupción, extendida por muchos pueblos de España, pesa como una losa sobre miles de pymes abocadas al cierre.
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