Perú: Juicio a Fujimori

El orgulloso genocida

La fiscalí­a ha pedido una condena de treinta años para Fujimori, por los delitos de secuestro y homicidio.

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02-04-2009
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El juicio a Fujimori, reabre el caso de la guerra sucia por el que se han segado más de 70.000 vidas de las que el 75 % eran campesinos los crí­menes de Estado, las torturas y ejecuciones extrajudiciales fueron continuas y el estado de Derecho fue retrocediendo ante el estatuto militar. El juicio a Fujimori, reabre el caso de la guerra sucia por el que se han segado más de 70.000 vidas de las que el 75 % eran campesinos los crí­menes de Estado, las torturas y ejecuciones extrajudiciales fueron continuas y el estado de Derecho fue retrocediendo ante el estatuto militar.
Con un discurso polí­tico que buscó reivindicar su gobierno y su polí­tica antisubversiva, pero en el que no respondió directamente los cargos en su contra por violaciones a los derechos humanos, el ex dictador peruano Alberto Fujimori (1990-2000), de 70 años, inició ayer su alegato final en el juicio que se le sigue por la guerra sucia desarrollada durante su gobierno para combatir la guerrilla.

"Mi estrategia de pacificación fue la correcta y no me arrepiento de haberla llevado a cabo. Me siento orgulloso", dijo Fujimori durante su discurso de una hora y cincuenta minutos. El ex presidente culminará mañana su presentación ante el tribunal que lo procesa. Luego de un año y cuatro meses de juicio, la sentencia deberá dictarse en un plazo máximo de cinco dí­as hábiles. La fiscalí­a ha pedido una condena de treinta años para Fujimori, por los delitos de secuestro y homicidio. Las 159 audiencias de este juicio, calificado de histórico y comparado por los juristas y analistas peruanos con el proceso a las juntas militares de Argentina, han sido transmitidas en directo por televisión.

El hombre que gobernó Perú durante una década marcada por el genocidio y la corrupción describió un escenario catastrófico para referirse al paí­s que recibió como presidente en julio de 1990. "Goberné desde el infierno", dijo, para luego presentarse como "el hombre que derrotó el terrorismo".

Incluso pronosticó que su nombre figurará en los libros de historia como el pacificador del Perú y aprovechó la oportunidad para nombrar a su heredera polí­tica. "Mi legado permanecerá. Un legado que continuará mi hija Keiko", actual congresista y casi segura candidata presidencial para las elecciones de 2011. Fujimori llegó a decir que la mayorí­a de los peruanos están de su lado y quieren su libertad. Sin embargo, la realidad está muy lejos de esa imagen de apoyo popular que intentó vender frente al tribunal que lo juzga y los millones de peruanos que lo escuchaban. Las encuestas revelan que el 70 por ciento de los peruanos opina que Fujimori es culpable.

Las principales causas por las que se le juzga hoy se concentran en dos áreas delictivas muy concretas: el abuso y enriquecimientos personal que pasa por la compra tanto de votos como de dueños de medios de comunicación o subalternos a los que llegó a pagar hasta quince millones de dólares -como al ex jefe de inteligencia y asesor presidencial Vladimiro Montesinos- y las matanzas de 9 estudiantes y un catedrático en la Universidad de La Cantuta así­ como de 15 vendedores ambulantes en Barrios Altos, entre ellos un niño de sólo 8 años.

Además, el uso de los sótanos de los Servicios de Inteligencia Nacional para secuestrar personas y hacerlas desaparecer es otro de los crí­menes que se achacan a Fujimori. La formación de escuadrones de la muerte como el llamado "grupo Colina", responsable directo de las desapariciones y asesinatos.

El juicio a Fujimori, reabre el caso de la guerra sucia por el que se han segado más de 70.000 vidas de las que el 75 % eran campesinos los crí­menes de Estado, las torturas y ejecuciones extrajudiciales fueron continuas y el estado de Derecho fue retrocediendo ante el estatuto militar

Durante el proceso, la fiscalí­a y la parte civil han presentado pruebas de que el escuadrón de la muerte Colina operó como un destacamento oficial del ejército y que contó con la financiación y apoyo del régimen fujimorista.

El abogado de Fujimori, césar Nakasaki, ha basado su defensa en que no se han presentado documentos firmados por Fujimori ordenando los asesinatos cometidos por Colina. La fiscalí­a, por su parte, asegura que en casos como éste no existen órdenes escritas para matar y que lo que se debe probar es que Fujimori tení­a el control total de las acciones militares durante su gobierno, por lo que un destacamento militar como Colina no podrí­a haber existido sin su aprobación. La parte acusadora asegura que esto está plenamente demostrado y confí­a en una sentencia condenatoria.

Las "órdenes" existieron, sin duda, aquí­ y allá, pero tuvieron en todos los casos una connotación genérica que sirve para encubrir cualquier crimen: "restaurar el orden", "liquidar la resistencia enemiga", "acabar con la subversión" resultan modalidades de expresión que ocultan sangrientas intenciones porque no incluyen la expresión "matar", que bien puede incriminarse a cualquier subordinado o explicarse como "el "exceso" de un subalterno.

Fujimori habrá de ser condenado. Ningún tribunal -en su sano juicio- podrí­a absolverlo. Pero la sentencia no será, seguramente la más alta, porque influirá en el ánimo de los jueces la consideración humanitaria: hoy Fujimori presenta - humillantemente- la imagen de un anciano con incontinencias estomacales y otros males.

La sentencia que emita la Sala Especial que tiene a su cargo el juicio no tendrá, tampoco, el carácter de decisión definitiva. Fujimori apelará, sin duda, y el caso subirá a la Corte Suprema, la que a su vez encargará a una nueva Sala la revisión de la sentencia. Allí­ podrí­a esperarse una reducción de la pena, que aliente el posterior indulto, por cuenta de éste gobierno u otro, el que venga después.

Lo que sí­ está claro es que el gobierno de Alan Garcí­a está dispuesto a apoyar a Fujimori a cualquier precio. No sólo porque tiene ya un acuerdo de "gobernabilidad" con la Mafia Fujimorista; sino sobre todo porque el actual mandatario peruano es plenamente consciente que la estructura jurí­dica que se levantó en el proceso -y que servirá para condenar a Fujimori- podrí­a serle aplicada a él mismo.

La naturaleza de los hechos, la imprescriptibilidad de los crí­menes, la violación de los derechos humanos, el uso de la tortura institucionalizada, la habilitación de centros clandestinos de reclusión, las ejecuciones extrajudiciales, las privaciones ilegales de la libertad y la desaparición forzada de personas respondieron a un esquema que aplicó igualmente Garcí­a en su primer gobierno, o Fujimori en su década dantesca.

La misma plantilla, los mismos servicios, y la misma polí­tica de exterminio y muerte fueron herramientas de los gobiernos que operaron en ese infausto periodo de la vida nacional.

Si hoy, por esos crí­menes, enjuiciando y condenan a Fujimori, por los mismos y con idéntica reflexión, mañana condenarán a Garcí­a. Y no habrá quién lo salve. Por eso, él ahora, busca desesperadamente salvar a Fujimori como una manera de proteger su propia imagen de mañana.

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