El Observatorio

Una clase polí­tica abonada al descrédito y la corrupción

Quiebran bancos, mandan soldados a la muerte, mienten, despilfarran, roban... ¡no son una banda de delincuentes, son la clase polí­tica española!

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31-03-2009
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La reciente quiebra de la Caja de Castilla La Mancha, las revelaciones que salen de la sala del juicio sobre el accidente del Yak-42, los flecos que aún cuelgan de la "operación Gürtel", los millones de euros pagados en "informes" por el Tripartito catalán, los 75 millones de euros que Chaves se está gastando en la rehabilitación de su "palacio presidencial", la detención continua de alcaldes de todos los colores polí­ticos por escándalos de corrupción urbaní­stica..., todo esto acaba por mostrar un dibujo muy claro de uno de los problemas más serios de la democracia española: una "clase polí­tica" a la que cada vez resulta más difí­cil de discernir de una verdadera banda de delincuentes. La reciente quiebra de la Caja de Castilla La Mancha, las revelaciones que salen de la sala del juicio sobre el accidente del Yak-42, los flecos que aún cuelgan de la "operación Gürtel", los millones de euros pagados en "informes" por el Tripartito catalán, los 75 millones de euros que Chaves se está gastando en la rehabilitación de su "palacio presidencial", la detención continua de alcaldes de todos los colores polí­ticos por escándalos de corrupción urbaní­stica..., todo esto acaba por mostrar un dibujo muy claro de uno de los problemas más serios de la democracia española: una "clase polí­tica" a la que cada vez resulta más difí­cil de discernir de una verdadera banda de delincuentes.
 
      Tras la quiebra e intervención de la CCM, cabía esperar que, al menos, el ya ex presidente de la entidad (y ex diputado socialista) Hernández Moltó, y el actual presidente de la Comunidad, el también socialista Barreda, salieran a la palestra y, como máximos responsables de un agujero que nos va a costar a todos los españoles la friolera de 9.000 millones de euros (un billón y medio de pesetas), pidieran perdón. Pero no. Uno simplemente ha hecho mutis. Y Barreda, que sigue, no sólo no se ha disculpado, sino que se ha lanzado en tromba contra tirios y troyanos, acusando a la prensa, al PP, a Unicaja, a sus compañeros de Andalucía y hasta al Banco de España, de una quiebra de la que, Moltó y él, son los principales y únicos responsables. Sobre todo él, en cuyas manos estaban los resortes políticos de la Caja y el verdadero poder de decisión. Ahora ha inaugurado un nuevo apartado en el capítulo de tropelías económicas de la clase política española: la de quebrar bancos y hacer que el erario público corra con los gastos.
      De la misma forma que Trillo inauguró en la legislatura de Aznar otro capítulo del comportamiento ignominioso de esa clase: el absoluto desprecio por las vidas de los soldados españoles y el macabro engaño a sus familiares, entregándoles los cadáveres de sus hijos y hermanos casi al azar. Si este personaje puede seguir pisando el Congreso de los Diputados español, uno tiene que hacerse necesariamente una sombría idea de lo que hay allí dentro. Y si Rajoy sale en su pública defensa, uno se pregunta qué alternativa puede representar este hombre.
      Y, acompañando a estos dos verdaderos “agujeros negros”, está el pan nuestro de cada día: el despilfarro, con rango de atraco, que se practica a todas horas y en todos los niveles en las tres administraciones públicas: la estatal, la autonómica y la municipal, a la cabeza de la cual podemos situar sin duda al tripartito catalán, encabezado por Montilla y Carod, con “sus” decenas de millones de euros gastados en informes inútiles o sus embajadas sin atributos, o la fastuosa inversión de cerca de 75 millones de euros de Chaves destinada a “dignificar” la sede del cargo que ocupa, es decir, la de presidente de una comunidad que podría llegar a acumular ella sola en esta crisis un millón de parados.
     Y, sin quedarse atrás, día sí, día también, cae un alcalde y un ayuntamiento corrupto, implicado en operaciones inmobiliarias multimillonarias y depredadoras, a comisiones millonarias, a recalificaciones ilegales, a tráfico de influencias, etc. En Andalucía, en Aragón, en Baleares, en la Comunidad Valenciana,... no hay ayuntamiento que soporte un escrutinio veraz de su política urbanística en los últimos diez años. Ni cuenta corriente de alcalde, concejal o sus familiares que concuerde con sus ingresos legales.
     Todo esto, que antes de la crisis ya era notorio y sabido, pero se miraba con cierta “condescendencia”, hoy se está revelando de forma abierta como uno de los problemas más graves del presente y del futuro político y económico del país. Esta “clase política” es, indudablemente, “parte del problema” en esta crisis. Su praxis “delictiva” es un agravante muy serio de la misma. Con ella al frente, los sacrificios y los sufrimientos del pueblo para salir van a ser mucho mayores.
      En otras palabras, la “regeneración democrática” de la vida pública española y la sustitución de estas castas burocráticas, degeneradas y corruptas, es un problema político urgente en España.
      La cercanía de las próximas elecciones europeas podría ser sin duda un buen momento para propiciar un verdadero cambio político, que ayude a remover el viciado aire que se respira en los círculos de la vida política nacional.
 
 
 
 
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