Inmigración

El gobierno en contra de las ONGs por ayudar a los inmigrantes sin papeles.

El gobierno multa a las ONG por su labor humanitaria frente a los inmigrantes sin papeles.

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21-03-2009
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El gobierno ha cambiado su polí­tica de inmigración debido a la severidad de la crisis económica. Por ello multan a las ONGs por su labor humanitaria respecto a los inmigrantes. A partir de ahí­, Cáritas, Justí­cia i Pau y otras 20 ONG amenazan al Gobierno con la insumisión si persiste en multar la ayuda humanitariaria que ofrecen a los más necesitados, a menudo gente inmigrante. El gobierno ha cambiado su polí­tica de inmigración debido a la severidad de la crisis económica. Por ello multan a las ONGs por su labor humanitaria respecto a los inmigrantes. A partir de ahí­, Cáritas, Justí­cia i Pau y otras 20 ONG amenazan al Gobierno con la insumisión si persiste en multar la ayuda humanitariaria que ofrecen a los más necesitados, a menudo gente inmigrante.
    De “eticamente inadmisible” calificó la Plataforma d´Entitats Cristianes amb els Immigrants la propuesta gubernamental, contenida en el borrador de la reforma de la ley de Extranjería, de castigar la ayuda humanitaria que particulares o entidades puedan prestar a una persona inmigrante sin papeles.
 
    El viernes día 20 fue presentado un manifiesto por todo  un conjunto dee entidades de toda índole, laicas o cristianas como Cáritas, la Fundació Escola Cristiana, Justícia i Pau, la Unió de Religiosos de Catalunya, la Delegació de Pastoral Social de Barcelona, la Parroquia de Santa Maria del Pi, la JOC o Cristians pel Socialisme. Esas entidades rechazan seis artículos de la reforma y manifiestan explícitamente:
 
    "No acataremos unas normas que contradicen principios éticos fundamentales o que vulneran los derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional y en nuestra propia Constitución".
 
    En concreto, denuncian el peligro de que esos recortes disparen las actitudes de xenofobia, la extensión de 40 a 60 días del periodo máximo de internamiento de los detenidos; la prohibición y penalización de las ayudas a los sin papeles; las restricciones a la repatriación (sólo para mayores de 65 años y tras cinco años de residencia regular en España); las limitaciones al derecho a la educación y el trato incorrecto a los menores de edad.
 
    Con este planteamiento España deja de lado su posición de tolerancia frente a los sin papeles y se une a la línea restrictiva impulsada por el gobierno italiano de Silvio Berlusconi y otros gobiernos europeos. En el fondo de la cuestión está la difícil situación econó,ica que sufre España en los últimos meses y que ha disparado el paro a cifras históricas. Sin embargo, la situación o es comparable a la de otros países que simpleente se mueren de hambre y/o disponene de un deterioro social mucho mayor.
 
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