Las autonomí­as tienen 1.220 coches de lujo

Los derroches de las autonomí­as en tiempos de crisis

Las autoridades autonómicas son dadas al uso del mayor número de coches de lujo posibles.

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15-03-2009
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En la primera de una serie de entregas el periódico El Mundo empieza a dar a conocer algunos de los más escandalosos casos de despilfarro público, que en épocas de crisis, debe provocar el repudio social. En la primera de una serie de entregas el periódico El Mundo empieza a dar a conocer algunos de los más escandalosos casos de despilfarro público, que en épocas de crisis, debe provocar el repudio social.
En el capítulo dedicado a los coches descubrimos que las autoridades, especialmente las del las autonomías, son dadas al uso del mayor número de coches de lujo posibles. 

Entre los 17 gobiernos autonómicos que componen España suman, al menos, 1.220 coches destinados a altos cargos.
Superan el número de vehículos que conforma el parque móvil del Estado, constituido por 1.100. 

Por ejemplo, a los jerifaltes de las autonomías no les basta con su automóvil y el de sus consejeros. En algunas autonomías, tienen asignado un coche los secretarios generales, los delegados provinciales o los viceconsejeros. 
¿Los modelos? 

Audi A8 (de no menos de 75.000 euros), Lexus GS-450 (67.000 euros) o Volkswagen Phaeton ( de 80.000 euros). El presidente andaluz Manuel Chaves tiene dos Audi, al igual que el valenciano Francisco Camps o Ibarretxe, tiene un A6 y un Mercedes S560. El alquiler del A8 del alcalde de Madrid cuesta 591.000 euros.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León tienen 234, 200 y 100, respectivamente. 

Sólo La Rioja invierte un total de 39.700 euros en el mantenimiento de los 23 coches que tiene a disposición de sus altos cargos. 

No sabemos las partidas totales que las comunidades destinan a mantener su flota de coches oficiales pero podemos imaginarnos que no se trata de una cifra nada despreciable. 

Con este nivel de gastos no puede sorprendernos que las autonomías acumulen deudas millonarias. 

Sin embargo ninguna administración ha empezado a hacer un recorte de gastos, salvo la mísera “congelación salarial” de los parlamentarios de algunas Comunidades. 

A todo lujo viven nuestros caciques locales al tiempo que elevan los impuestos, multas y recaudaciones. Mientras las familias y los trabajadores son engullidos por las consecuencias de la crisis. 

Es el momento de imponer un profundo recorte en los gastos públicos en las administraciones públicas, para que el dinero ahorrado se invierta en generar riqueza y empleo. 

Si antes era necesaria, con la crisis es imprescindible una política de austeridad en las administraciones ¿cómo sino se puede empezar a hacer frente a la crisis?
 
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