Teruel. Gestión del agua

Teruel existe, vaya si existe

Con las Koplowich se toparon. El ayuntamiento de Teruel tiene que sacar a concurso la gestión del agua que quitó a FCC para adjudicarla a dedo a una empresa mixta de la Diputación.

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10-03-2009
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Dicen que da igual quien gestiona el agua, que si es pública o privada lo importante es recibir un servicio de calidad y a bajo precio. Pero el agua se ha convertido en terreno de disputa a dentelladas entre las oligarquí­as locales y los grandes monopolios que explotan este servicio a nivel nacional. Dicen que da igual quien gestiona el agua, que si es pública o privada lo importante es recibir un servicio de calidad y a bajo precio. Pero el agua se ha convertido en terreno de disputa a dentelladas entre las oligarquí­as locales y los grandes monopolios que explotan este servicio a nivel nacional.
    En Huesca, la gestión del agua la llevaba hasta el 2003 aqualia (gestión integral del agua) S.A. perteneciente a Fomento de Contratas y Construcciones de las Koplowich, primer grupo español y aunténtico monopolio de servicios públicos.  
El ayuntamiento de nuestra ciudad, presidido por Miguel Ferrer del PAR,  concedió en 2003 el servicio del agua potable y el alcantarillado de Teruel a la empresa Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel S. A. (Sastesa). Se trata de una empresa coparticipada por la Diputación de Teruel, en manos del PSOE y el PAR, y otras empresas privadas.

    Aqualia, en tanto el Ayuntamiento hizo oídos sordos a sus quejas, llevó al Consistorio a los tribunales.  llevó  entonces la decisión a los tribunales  y consiguió del Tribunal Supremo de Justicia de Aragón una sentencia por la que la anulaba e instaba al consistorio turolense a sacar a concurso la gestión hídrica. La sentencia del TSJA consideraba que la prestación de un servicio público no puede encargarse directamente a una empresa con participación de capital privado, y que es preceptivo que salga a concurso o adjudicación mediante un procedimiento negociado.

     Tras el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, argumentando que el acuerdo se tomó en su día con la Diputación Provincial para mejorar así la gestión., el Tribunal Supremo confirmó hace escasos días  la decisión del Tribunal Superior que consideraba ilegal la concesión a SASTESA, puesto que el contrato “a dedo” sólo era posible a una sociedad propiedad al 100% de la Administración.

    El alcalde dice que el servicio del agua va a seguir siendo prestado por Sastesa hasta que se adjudique por concurso de forma rápida. Curiosamente, el alcalde actual, Miguel Ferrer, era presidente de la Diputación cuando se produjo la contratación de Sastesa. En su momento el Ayuntamiento aprobó un convenio de colaboración con la Diputación para la gestión de todo el ciclo del agua en la ciudad y, a su vez, la Diputación encargó esta labor al Sastesa.    

    Las empresas mixtas como una forma de conjugar los intereses particulares con el interés general no se sostiene en cuanto a que, en la práctica, estas empresas sirven como auténticas “agencias de colocación” al servicio del partido que las promueve, y como auténticos colchones de “dinero público” al servicio de empresarios “amigos” que arriesgan poco. En la sanidad madrileña o valenciana tenemos ejemplos palmarios de que cuando la empresa tiene deudas, las pagamos entre todos. En otras palabras, mientras los beneficios se privatizan, las pérdidas se socializan. Ese es el modelo mixto. Y esto es lo que se esconde tras la concesión a dedo permitido por el Ayuntamiento.
    Por eso, tanto los defensores de la gestión pública y la privada dicen lo mismo, “los ciudadanos no notarán el cambio". Efectivamente. Lo suyo, pues, debiera ser, ni monopolios ni mafias, sino empresas montadas con capital público al servicio de crear riqueza y empleo y que esta revierta en un 75% en la población.  La empresa que acepte esa relación, que coja la gestión.





    En Huesca, la gestión del agua la llevaba hasta el 2003 aqualia (gestión integral del agua) S.A. perteneciente a Fomento de Contratas y Construcciones de las Koplowich, primer grupo español y aunténtico monopolio de servicios públicos.  
El ayuntamiento de nuestra ciudad, presidido por Miguel Ferrer del PAR,  concedió en 2003 el servicio del agua potable y el alcantarillado de Teruel a la empresa Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel S. A. (Sastesa). Se trata de una empresa coparticipada por la Diputación de Teruel, en manos del PSOE y el PAR, y otras empresas privadas.

    Aqualia, en tanto el Ayuntamiento hizo oídos sordos a sus quejas, llevó al Consistorio a los tribunales.  llevó  entonces la decisión a los tribunales  y consiguió del Tribunal Supremo de Justicia de Aragón una sentencia por la que la anulaba e instaba al consistorio turolense a sacar a concurso la gestión hídrica. La sentencia del TSJA consideraba que la prestación de un servicio público no puede encargarse directamente a una empresa con participación de capital privado, y que es preceptivo que salga a concurso o adjudicación mediante un procedimiento negociado.

     Tras el recurso interpuesto por el Ayuntamiento, argumentando que el acuerdo se tomó en su día con la Diputación Provincial para mejorar así la gestión., el Tribunal Supremo confirmó hace escasos días  la decisión del Tribunal Superior que consideraba ilegal la concesión a SASTESA, puesto que el contrato “a dedo” sólo era posible a una sociedad propiedad al 100% de la Administración.

    El alcalde dice que el servicio del agua va a seguir siendo prestado por Sastesa hasta que se adjudique por concurso de forma rápida. Curiosamente, el alcalde actual, Miguel Ferrer, era presidente de la Diputación cuando se produjo la contratación de Sastesa. En su momento el Ayuntamiento aprobó un convenio de colaboración con la Diputación para la gestión de todo el ciclo del agua en la ciudad y, a su vez, la Diputación encargó esta labor al Sastesa.    

    Las empresas mixtas como una forma de conjugar los intereses particulares con el interés general no se sostiene en cuanto a que, en la práctica, estas empresas sirven como auténticas “agencias de colocación” al servicio del partido que las promueve, y como auténticos colchones de “dinero público” al servicio de empresarios “amigos” que arriesgan poco. En la sanidad madrileña o valenciana tenemos ejemplos palmarios de que cuando la empresa tiene deudas, las pagamos entre todos. En otras palabras, mientras los beneficios se privatizan, las pérdidas se socializan. Ese es el modelo mixto. Y esto es lo que se esconde tras la concesión a dedo permitido por el Ayuntamiento.
    Por eso, tanto los defensores de la gestión pública y la privada dicen lo mismo, “los ciudadanos no notarán el cambio". Efectivamente. Lo suyo, pues, debiera ser, ni monopolios ni mafias, sino empresas montadas con capital público al servicio de crear riqueza y empleo y que esta revierta en un 75% en la población.  La empresa que acepte esa relación, que coja la gestión.





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