Senadores demócratas proponen una" comisión de la verdad"

La administración Bush investigada

"Si cada Gobierno comenzara a reexaminar lo que cada presidencia anterior hizo, no habrí­a final para eso. Esto no es América Latina"

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07-03-2009
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El senador de Vermont advirtió de que si los republicanos se resisten a apoyar esa Comisión se estarí­a perdiendo la oportunidad de llegar al fondo de la verdad sobre las acciones del anterior Ejecutivo en contra del terrorismo. El senador de Vermont advirtió de que si los republicanos se resisten a apoyar esa Comisión se estarí­a perdiendo la oportunidad de llegar al fondo de la verdad sobre las acciones del anterior Ejecutivo en contra del terrorismo.
Varios senadores demócratas, entre ellos el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, pidieron hoy una Comisión de la Verdad que investigue el uso de la tortura, las escuchas telefónicas ilegales y otros abusos presuntamente cometidos durante la Administración de Geroge W. Bush.

Durante una audiencia, Leahy explicó que la tarea de esa comisión serí­a, principalmente, investigar los extensos poderes que utilizó el Gobierno del entonces presidente Bush (2001-2009) para perseguir a presuntos terroristas.

El senador de Vermont advirtió de que si los republicanos se resisten a apoyar esa Comisión se estarí­a perdiendo la oportunidad de llegar al fondo de la verdad sobre las acciones del anterior Ejecutivo en contra del terrorismo.

Leahy aún no ha presentado un proyecto de ley que precise los parámetros de dicha Comisión de la Verdad, pero en la Cámara de Representantes, el presidente del Comité Judicial, John Conyers, ya lo ha hecho.

El senador demócrata por Wisconsin, Russ Feingold, consideró que un elemento "clave" para el restablecimiento del imperio de la ley es "una rendición de cuentas detallada de lo que aconteció en los últimos ocho años y cómo la anterior Administración rechazó o hizo caso omiso de muchos de los principios sobre los que se fundó esta nación".

Algunos republicanos y funcionarios de inteligencia se oponen a cualquier sugerencia de investigaciones extensas sobre acusaciones contra el Gobierno de Bush, diciendo que serí­a una distracción o debilitarí­a la moral en la lucha contra el terrorismo.

"Si cada Gobierno comenzara a reexaminar lo que cada presidencia anterior hizo, no habrí­a final para eso. Esto no es América Latina", dijo el mes pasado a los periodistas el republicano de más alto rango del comité judicial, el senador por Pensilvania Arlen Specter.

Antes de su nombramiento como fiscal general de Obama, Eric Holder parecí­a más firme sobre la eventualidad de juicios.

"Nuestro gobierno autorizó el uso de la tortura, aprobó la vigilancia electrónica secreta contra ciudadanos estadounidenses, detuvo en secreto a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal, negó el hábeas corpus a cientos de acusados de combatientes enemigos y autorizó los procedimientos que violan tanto el derecho internacional como la Constitución de Estados Unidos… Le debemos una admisión al pueblo estadounidense", dijo.


Una medida posiblemente más fuerte fue propuesta por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers, y otros nueve legisladores.

El proyecto implicarí­a la creación de una Comisión Nacional sobre Poderes Presidenciales de Guerra y Libertades Civiles, con poder de citación a testigos y un presupuesto de unos tres millones de dólares.

Esa comisión investigarí­a asuntos que van desde maltratos a detenidos hasta el uso de métodos de tortura como el "waterboarding" o "submarino", pasando por las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions") clandestinas de prisioneros a paí­ses conocidos por violar los derechos humanos.

Los miembros de este equipo procederí­an de fuera del gobierno y serí­an designados por el presidente y lí­deres parlamentarios de los dos partidos.

También creen, con bastante razón, que el resto del mundo jamás creerá en larectificación y el arrepentimiento estadounidenses hasta que no se ajusten cuentas con el pasado, lo cual sólo puede lograrse, en esta perspectiva, a través de algún tipo de catarsis de "saber y publicitar", sino de "castigar".


Grupos defensores de derechos humanos denunciaron las torturas contra los reos recluidos en la cárcel de Guantánamo, ubicada en el sureste de Cuba en contra de la voluntad del gobierno y el pueblo cubanos.

Desde 2002, los maltratos en la referida prisión, han generado una fuerte ola de protestas tanto en Estados Unidos como en otros paí­ses.
Según confesiones de la mayorí­a de los liberados de esta cárcel, durante los interrogatorios fueron expuestos a temperaturas extremas y música a alto volumen, además de permanecer en posiciones incómodas durante horas.

Por la prisión de Guantánamo han pasado unos 800 detenidos, calificados por Washington como combatientes enemigos sin derechos a presunción de inocencia ni a procesos civiles.

Fuerzas militares norteamericanas y de sus aliados mantienen a otros miles de reclusos sospechosos de terrorismo en instalaciones similares o secretas levantadas en Iraq, Afganistán y otras partes del mundo.

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