El aparato peneuvista se revuelve en bloque y sin fisuras:

"Es el dinero, estúpido"

"¡Es la economí­a, estúpido!" La frase que en la campaña de 1992 llevó a Bill Clinton a la presidencia, explica el nerviosismo en el PNV ante la posibilidad de perder el poder.

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06-03-2009
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"¡Es la economí­a, estúpido!". La célebre frase de James Carville, asesor de Bill Clinton que en 1992 le impulsó desde su sillón de gobernador en Arkansas hasta la Casa Blanca, viene al pelo para evidenciar por qué el aparato peneuvista se revuelve en bloque y sin fisuras ante la perspectiva de ser desplazados de la lendakaritza.
 Las dos almas del PNV cierran filas ante la perspectiva de que sean otros los que metan mano en la caja de la Hacienda vasca.
Las dos almas del PNV cierran filas ante la perspectiva de que sean otros los que metan mano en la caja de la Hacienda vasca.
"¡Es la economí­a, estúpido!". La célebre frase de James Carville, asesor de Bill Clinton que en 1992 le impulsó desde su sillón de gobernador en Arkansas hasta la Casa Blanca, viene al pelo para evidenciar por qué el aparato peneuvista se revuelve en bloque y sin fisuras ante la perspectiva de ser desplazados de la lendakaritza.
Y lo mismo que el rival de Clinton, Bush padre, se vio descolocado en aquella campaña en la que no le valió ni su condición de héroe de la II GM, ni la fulminante victoria de la primera guerra del Golfo, ahora es el momento de sacar a la luz las cuentas del Régimen vasco. No es cuestión de raza ni de ideología. Como diría el Padrino: “No es nada personal, es cuestión de negocios”.

El Padrino Ibarretxe y los que antes le antecedieron en el cargo han creado un entramado clientelar, una tupida red, que desde las instituciones vascas sirve de sostén al régimen y de sustento a sus colaboradores. Lo que se libra es una lucha por el dinero que ha permitido financiar el entramado social del régimen del nacionalismo étnico.

El gobierno vasco maneja cada año unos presupuestos de 10.487 millones de euros, que ayer comparábamos proporcionalmente a la población como un 70,6% superior al que maneja la Generalitat valenciana o un 60% mayor al de la Comunidad de Madrid.
Esta cantidad representa un 20% del PIB vasco valorado en 51.499 millones de euros, un porcentaje 5,5 puntos superior al 14,5% que suponen los presupuestos generales del Estado español respecto a los 1.049.848 millones de euros del total del PIB nacional. Teniendo en cuenta que el Estado ha de aportar, también al País Vasco, gastos en defensa o infraestructuras que corren de su parte, la ventaja que el Ejecutivo de Ajuria Enea  maneja merced al ventajoso “cupo vasco” es considerable; según Mikel Buesa la cifra asciende a 4.000 millones de euros de más en el último quinquenio.

Pero el negocio sólo empieza aquí. Hay otros mil millones de euros más que el gobierno vasco destina a distintas sociedades privadas, públicas o semipúblicas. Ayer sacábamos a la luz que las 87 empresas contabilizadas participadas con dinero público suponen la media de un por cada 24.794 vascos, frente a una por cada 156.000 en la Comunidad de Madrid o por cada 255.000 en Castilla La-Mancha.

Y el problema es que la fiscalización de tales empresas y sociedades escapa en infinidad de casos a los poderes públicos o al Tribunal de Cuentas merced a una estrategia planificada por el ejecutivo vasco que en 2002 decidió reconvertir su participación en el sector público y crear menos empresas con capital mayoritario del gobierno autonómico.

La estratagema para evadir la fiscalización tiene dos mecanismos. El primero, financiarla al mismo tiempo desde el gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Lo que sucede así es que las empresas pueden ser mayoritariamente públicas pero ninguno de los poderes públicos alcanzar el 51%. La principal consecuencia es que escapan al control directo de la Oficina del Control e Intervención del Gobierno, se evaden del control del Tribunal Vasco de Cuentas y de las auditorías y sus gestores tienen total libertad para la contratación de personal, de bienes y servicios y de fondos.

El segundo es el de diversificar los entes desde los que se inyecta la financiación pública. Esto se hace cuando una empresa con capital mayoritario público se convierte en “nodriza” de nuevos entes, fundaciones, institutos, agencias etc, etc, … un mecanismo calificado por Joana Madrigal –diputada del PSE- como una auténtica “ingeniería financiera” en la que al final el capital es totalmente público pero vuelve a escapar a cualquier control.

Un ejemplo: Neiker es dependiente del Departamento de Agricultura al 100%. Esta empresa dedicada a la investigación y el desarrollo agrario, participa con un 54% en Azti, de la que el Gobierno tiene otro 44%, pero esta segunda no se considera sociedad pública ni es auditada por el Tribunal Vasco de Cuentas, a pesar de que al final la participación de la comunidad autónoma es del 98%. Este ejemplo se repite en otras como en la Fundación Elika, que es propiedad al 100% de Neiker y de la Fundación Kalitatea.

Otro clarividente ejemplo de sociedades participadas por dos o más administraciones donde no hay control ni auditorías es lo sucedido en el Guggenheim. El desfalco de casi medio millón de euros cometido por su director financiero se descubrió gracias a que el Tribunal Vasco de Cuentas  abrió una investigación por la pérdida patrimonial de seis millones de euros que supuso la compra, en 2005, de dólares y que posteriormente perdieron valor frente al euro. Si el dólar no se hubiera depreciado, la sociedad no habría sido investigada y, casi con toda seguridad, el dimitido director financiero seguiría en su puesto.

A raíz del escándalo, todos los grupos, PP, PSE, EHAK y Aralar, votaron a favor de instar al Gobierno Vasco a un acuerdo con la diputación vizcaína para que el porcentaje de participación de una de las dos instituciones en las sociedades del Guggenheim fuera al menos del 51 por ciento, pero PNV y EA votaron en contra.

Los que se consideran a sí mismos “dueños del caserío” son los únicos que pueden meter mano en la caja y, por supuesto, nadie tiene derecho a fiscalizarles las cuentas.

Este poder, ejercido al margen de cualquier control, es lo que el resultado de las urnas del 1 de marzo ha puesto en peligro. Pero esta lluvia de millones de financiación de empresas, fundaciones, institutos y agencias, pese a ser de por sí significativa, es sólo una parte de lo que el PNV se resiste a soltar.

En los próximos días continuaremos aportando datos sobre los medios de comunicación, grandes empresas como Euskaltel, el empleo público y las partidas destinadas a la financiación del entramado socio-cultural-recreativo-deportivo con el que las administraciones vascas, en estos 30 años, han comprado voluntades, fidelidades, afiliaciones y votos para construir y desarrollar el régimen de exclusión de los no nacionalistas.

Las cuentas del régimen vasco deben salir a la luz.
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