La Generalitat disfrazó la contratación de asesores con el encargo de informes "fantasma"

Nóminas paralelas

Se descubre que bajo la tapadera de los informes "fantasma" lo que el gobierno de José Montilla ha estado ocultando es una plantilla paralela de asesores trabajando para el tripartito.

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21-02-2009
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Los informes de dudosa utilidad que ha estado encargando el gobierno tripartito catalán -y que investiga la Fiscalí­a- son un cajón de sorpresas, todas ligadas al derroche del dinero público y la corrupción vinculada a los intereses de los partidos que dirigen la Generalitat. Entre otras cosas el tripartito habrí­a tratado de ocultar a la oposición y a la opinión pública la contratación de más de los 218 asesores que ya tiene fijados como lí­mite. Los informes de dudosa utilidad que ha estado encargando el gobierno tripartito catalán -y que investiga la Fiscalí­a- son un cajón de sorpresas, todas ligadas al derroche del dinero público y la corrupción vinculada a los intereses de los partidos que dirigen la Generalitat. Entre otras cosas el tripartito habrí­a tratado de ocultar a la oposición y a la opinión pública la contratación de más de los 218 asesores que ya tiene fijados como lí­mite.
Dos de los casos destapados son el de Juan Ignacio Marcos Lecuona, que cobró 24.000 euros por el encargo teórico de elaborar informes sobre la reorganización de departamentos de la Generalitat que controla ERC, cuando en realidad estaría desempeñando funciones de asesor electoral, según explica él mismo en documentos que investiga la Fiscalía. Otro caso es el de la economista Nuria Bosch, que según el tripartito tendría encargado un estudio sobre financiación autonómica, pero según declaraciones de la propia Nuria B. a un medio, cobró 6.000 euros para asesorar al gobierno de la Generalitat en asuntos de financiación.
Desde mayo de 2008 la Fiscalía del TS de Justicia de Cataluña investiga a consejeros del tripartito catalán por encargar informes “fantasma” por una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, y posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
 
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