Inmigración

El Top Manta se moviliza

Un centenar de inmigrantes se manifiestan en Madrid por la despenalización del top-manta

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13-02-2009
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El abogado de la asociación Ferrocarril Clandestino, Miguel Ángel Muga, ha señalado el enorme error que supone asociar a los top-manteros a bandas organizadas que se lucran. El abogado de la asociación Ferrocarril Clandestino, Miguel Ángel Muga, ha señalado el enorme error que supone asociar a los top-manteros a bandas organizadas que se lucran.
    Esta asociación ha movilizado, conjuntamente con la Asociación de Sin Papeles de Madrid, a un centenar de inmigrantes que venden  discos en el top-manta junto a otros ciudadanos españoles que les han acompañado en el recorrido entre la Plaza de Lavapiés hasta la Puerta del Sol. Bajo el lema 'Sobrevivir no es delito' y al grito de 'Manteros libertad', se reclama el indulto de los  manteros encarcelados y la despenalización de la venta ambulante de discos pirateados. Actualmente hay 63 manteros presos en nuestro país y  más de 100 causas abiertas por reproducción, plagio o distribución de obras con autoría registrada. Este delito puede castigarse, con el Código Penal en la mano, con entre  6 meses y 2 años de prisión y de 12 a 24 meses de multa. Algo que choca abiertamente con la simpatía que levantan los manteros entre la población, pues aparte de hacer proporcionar material audiovisual a precios populares y aumentar la difusión a sectores que no van a ir a comprarse los originales, están en todo caso vulnerando los intereses de la poderosa industria discográfica y sus guardianes de las SGAE. Lo que explica las penas exageradas, de escarmiento que se les aplica.

      La criminalización de este sector, que ha visto en el top-manta una forma de subsistencia, se suma a la represión sobre la inmigración llamada ilegal. Uno de los casos denunciados por la asociación, relacionado directamente con las denuncias que aparecen estos días sobre  maltratos en centros de internamiento, fue el de un ciudadano boliviano que fue deportado en julio del año pasado por la vía expeditiva como represalia a que denunció públicamente las pésimas condiciones en estos centros. Tras ingresar en uno de ellos, el de Aluche, a pesar de declarar que padecía tuberculosis, fue obligado a compartir celda  con otros internos y después fue recluido en una celda sin ninguna condición higiénica antes de ser llevado al hospital. Una vez fuera y tras denunciar los hechos, fue “cazado” por policías de paisano cuando se dirigía al centro de internamiento a por sus pertenencias y expulsado ipso facto del país.
    Hoy, como siempre, "no son ilegales, son trabajadores" y "española o extrangera, una misma clase obrera".
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