Las reformas constitucionales y la doctrina de Santa Fe

Las reformas constitucionales en Latinoamérica

Leyes, organigramas del poder, mecanismos de control interno, han sido diseñados por las oligarquí­as dominantes para que quién gobierne esté limitado en su accionar.

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14-02-2009
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En las últimas décadas, los gobiernos conservadores han ido modificando la Constitución de sus paí­ses para frenar a la oposición, aferrarse al poder, o seguir las directrices de los centros de poder extranjeros En las últimas décadas, los gobiernos conservadores han ido modificando la Constitución de sus paí­ses para frenar a la oposición, aferrarse al poder, o seguir las directrices de los centros de poder extranjeros


Los procesos de reformas constitucionales desarrolladas por los paí­ses del frente antihegemonista en Latinoamérica, estan constantemente siendo cuestionado y puesto en tela de juicio.

Acusados de romper la convivencia y las reglas de juego democráticas, de instaurar dictaduras. Lo que no nos dicen, es que estas reglas de juego a las que se refieren, fueron impuestas por las oligarquí­as aliadas del imperialismo para garantizar sus proyectos de dominación en Latinoamérica.

Los gobiernos progresistas o populistas, a lo largo de la historia latinoamericana han encontrado frenos en la estructura del Estado, en las instituciones, y hasta en los funcionarios de ese aparato estatal. Leyes, organigramas del poder, mecanismos de control interno, han sido diseñados por las oligarquí­as dominantes para que quién gobierne esté limitado en su accionar.

En las últimas décadas, los gobiernos conservadores han ido modificando la Constitución de sus paí­ses para frenar a la oposición, aferrarse al poder, o seguir las directrices de los centros de poder extranjeros, por ejemplo, habilitando las privatizaciones de empresas públicas, reduciendo la injerencia del Estado en la economí­a y en la prestación de servicios.

Así­, las llamadas cartas magnas, leyes fundamentales de la nación, etc., han servido para perpetuar el poder de unas minorí­as, sea cual sea el color polí­tico del partido de gobierno.

En la década de los 80, la derecha norteamericana elaboró planes de gobierno y estrategias a largo plazo que los entonces presidentes Ronald Reagan y George Bush llevaron a la práctica. Las entonces denominadas "Doctrinas de Santa Fé I y II" elaboradas por un grupo de intelectuales y polí­ticos, sostení­an que la apuesta del gobierno de Estados Unidos para controlar la región, en un momento en que las dictaduras militares se caí­an, era a través del control efectivo de los mecanismos de poder que persisten pese a los cambios de gobierno.

Así­ se incentivaban los lazos con las instituciones permanentes de los Estados, el ejército, la policí­a, los poderes judiciales, los polí­ticos tradicionales, y el reforzamiento de las leyes que garantizaran el status quo.

La Doctrina de Santa Fé II, hasta admití­a la posibilidad de aceptar gobiernos de partidos que no eran afines a Estados Unidos, siempre que el marco legal, constitucional, fuera el mismo, ya que tení­a la certeza de que limitados por las leyes constitucionales, la estructura del aparato de Estado sin modificar, poco podí­an hacer para cambiar las cosas.

En el documento se decí­a textualmente: "Debemos prestar atención a las vulnerabilidades del régimen democrático. Nuestro concepto de régimen significa tanto el gobierno temporal como el permanente. En la democracia, el gobierno temporal es el oficialmente elegido. El gobierno permanece son las estructuras institucionales que no cambian con el resultado de las elecciones: la institución militar, la judicial y la civil.

Asimismo establecí­a que "Construir un régimen democrático requerirá de ir más allá de la forma de la democracia (las elecciones) y de proveer, cuando sea posible, los medios para consolidar las instituciones democráticas locales: sindicatos, grupos empresariales independientes, asociaciones comerciales y organizaciones educativas", que por supuesto compartan las ideas de Estados Unidos sobre la organización de la sociedad.

También se recomendaban las privatizaciones en la región. Por ejemplo se sostení­a que "los Estados Unidos deberí­an alentar, a través de programas tanto privados como estatales, el desarrollo de la empresa privada en América Latina e intentar acelerar el desmantelamiento de industrias para estatales".

Ahora desde la derecha se cuestiona que gobiernos progresistas, populistas, o de izquierda pretendan modificar la Constitución de sus paí­ses y establecer nuevas normas para el desarrollo de la democracia y de promoción de la justicia social.

Las modificaciones a la Constitución no han sido un invento de los gobiernos progresistas. Más bien por el contrario. Las oligarquí­as dominantes modificaron decenas de veces la Constitución de sus paí­ses para extender y ampliar su poder, o para impedir que la izquierda, o sectores progresistas, llegaran al gobierno.

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