Peru lucha contra la impunidad

Perú la impunidad frente al genocidio

El informe de "la comisión de la verdad" reveló que la guerra sucia entre los grupos insurgentes y las fuerzas armadas (1980-2000) dejó 70,000 muertos y desaparecidos

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01-03-2009
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Quien era "reclutado" por las columnas senderistas o detenido por efectivos militares encapuchados, podí­a considerarse muerto. Quien era "reclutado" por las columnas senderistas o detenido por efectivos militares encapuchados, podí­a considerarse muerto.
En la etapa más crí­tica de la guerra desatada por Sendero Luminoso y de la acción contraterrorista, miles y miles de pobladores perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales, degollados o tiroteados, y sus cadáveres fueron enterrados en un número no determinado de fosas comunes.

Tal vez jamás se llegue a conocer el número exacto de fosas o cementerios clandestinos que ocultan los restos de las ví­ctimas de uno y otro bando. Probablemente sea mucho más difí­cil establecer la cifra exacta de los hombres, mujeres, niños y ancianos que fueron asesinados a sangre frí­a o que murieron ejecutados en masa, por considerárseles sospechosos o enemigos potenciales, sin el más elemental derecho de defensa.

En 1984, la presencia militar en la vida cotidiana de la ciudad era de lo más normal. En aquella época el miedo, en el grado de pavor, era el sentimiento compulsivo que dominaba a los pobladores de miles de comunidades andinas. Quien era "reclutado" por las columnas senderistas o detenido por efectivos militares encapuchados, podí­a considerarse muerto.

Muchos jamás volvieron. Ahora se sabe que fueron ejecutados en parajes desolados y enterrados en las terrorí­ficas fosas comunes.

Uno de los miles de testimonios refiere que en una batida ocurrida durante la feria dominical de una comunidad, soldados de la Marina detuvieron alrededor de 100 personas. Todos ellos fueron conducidos a un barranco en el anexo de Matamburu. Los muertos fueron enterrados por los infantes de marina en una fosa clandestina, cuya ubicación era, hasta hace poco, un secreto militar impenetrable.

Las distintas administraciones norteamericanas estaban completamente informadas de la crí­tica situación peruana debido al conflicto interno, lo que se expresa con absoluta crudeza en el reporte que el 20 de diciembre de 1990 envió el embajador Anthony Quainton a Washington: "Uno no puede ser neutral y sobrevivir en Ayacucho. Si eres un radical de derecha, Sendero Luminoso tratará de matarte. Y si eres un terrorista, sólo la policí­a o los militares intentarán eliminarte. Si estás en el medio, los terroristas o los soldados querrán asesinarte".

Los documentos contienen informes sobre los momentos claves de la lucha contrasubversiva, desde la aparición de las primeras fosas comunes de individuos ejecutados con balazos en la cabeza por la Marina, y cuya autorí­a el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry siempre negó; así­ como la polí­tica de encubrimiento que el Ejército y la Marina desplegaron para proteger a criminales como el comandante Alvaro Artaza Adrianzén y el teniente Telmo Hurtado Hurtado, quienes ordenaron las masacres de Huanta y Accomarca.

La masacre en los penales El Frontón y Lurigancho en junio de 1986, y la presunta responsabilidad polí­tica del entonces mandatario Alan Garcí­a Pérez, son parte de los reportes desclasificados por el Departamento de Estado.

El informe de reveló que la guerra sucia entre los grupos insurgentes y las fuerzas armadas (1980-2000) dejó 70,000 muertos y desaparecidos, de los que sólo 18,397 pudieron ser debidamente identificados.

De los tres presidentes que estuvieron a la cabeza del Estado en aquel perí­odo, el fallecido Fernando Belaúnde, el actual presidente Alan Garcí­a en su primer mandato y Alberto Fujimori, sólo este último está siendo actualmente juzgado por atropellos a los derechos humanos. La impunidad campa a sus anchas en Perú, donde en algunas ciudades como Ayacucho que fue una de las zonas mas golpeadas por el conflicto, todaví­a es un tema del que la gente tiene miedo a comentar.

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