Libertades

El Negocio de la Acogida

La Fiscalia General del Estado, y no solo la de Menores, ha de atender e investigar hasta el final, exigiendo responsabilidades

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06-02-2009
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Según un informe del Observatorio Social de la Unión Europea presentado por Cruz Roja el 2 de noviembre del 2003, en España existí­an 2 millones de niños en situación de pobreza severa, es decir, pertenecientes a una familia con menos de 250€ al mes disponibles. 200.000 de estos niños se situaban en la Comunidad de Madrid. Para su atención se perciben alrededor de 250 millones de euros al año. Sin embargo el Instituto Madrileño de Atención a la Infancia solo reconocí­a entonces 6000 niños... Según un informe de la propia Comunidad de Madrid, de ese mismo año, el 45% del presupuesto se lo llevan los "mediadores"; una red de instituciones que van pasándose los niños como una patata caliente hasta que acaban en un centro de acogida. Según un informe del Observatorio Social de la Unión Europea presentado por Cruz Roja el 2 de noviembre del 2003, en España existí­an 2 millones de niños en situación de pobreza severa, es decir, pertenecientes a una familia con menos de 250€ al mes disponibles. 200.000 de estos niños se situaban en la Comunidad de Madrid. Para su atención se perciben alrededor de 250 millones de euros al año. Sin embargo el Instituto Madrileño de Atención a la Infancia solo reconocí­a entonces 6000 niños... Según un informe de la propia Comunidad de Madrid, de ese mismo año, el 45% del presupuesto se lo llevan los "mediadores"; una red de instituciones que van pasándose los niños como una patata caliente hasta que acaban en un centro de acogida.
          No es el interés del niño lo que guía a la Administración, ni en Madrid, ni en Tarragona, ni en Málaga, Valencia… El escándalo que se ha puesto encima de la mesa lo es, no solo por lo inhumano del trato recibido por los chavales, tampoco solo por el ingente negocio que se hace, ni si quiera por la “trastienda legal” que, como José Luis Calvo de Prodeni - Pro Derechos del Niño y la Niña – denunciaba en estas páginas, existe. Todo esto es así, pero es la base sobre la que se asienta un sistema burocratizado de élites regionales cuyas ganancias y el poder necesario para obtenerlas dependen del sistema de presupuestos autonómico, y cuyas relaciones enlazan con importantes grupos financieros del país.
 
          En torno a ellos se teje, como ha ocurrido a otro nivel con la especulación urbanística, toda una red de relaciones e intereses. Unos sacan beneficio, otros se ahorran lo que se han de gastar por otro lado, o que directamente ha de engrosa las arcas.
 
          Diagrama, Cicerón, Respuesta Social Siglo XXI, Grupo Norte, O´Belén… el Informe presentado por el Defensor del Pueblo denunciando la situación en los centros de acogida no es el primero, ni es la primera vez que señala a la Administración – estatal y autonómica - como responsable. En el 2001, en otro informe, se denunciaba a centros como “El Pinar” – del Grupo Norte en Madrid – en el que se invertían 84.000€ por chaval al año. O el de “Monteledo” del Grupo Diagrama en Ourense, 54.000€ por cabeza al año. Teniendo en cuenta que un mileurista percibe un máximo de 13.000€ en el mismo tiempo…
 
          Aquí está la parte del pastel. Por una lado las fundaciones que no s0n, ni mucho menos, desalmados anónimos que hacen negocio, como se ha dado a entender en los principales medios los últimos días.
 
          La Fundación Grupo Norte factura 160 millones de beneficios al año procedentes del trabajo temporal -43% -, servicios de limpieza -23% -, seguridad y transporte – 13% - y de inversiones en el extranjero – 18% -. Está participada por Caja Burgos, Caja Duero, Caja España y Caja Navarra. Y la Fundación O´Belén, en cuya creación participaron en 1989 Javier Herrero, consejero-delegado de Iberdrola, Ángel Rodríguez y José Morales, de Ibercaja, y Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa, Ibercaja y la Confederación Española de Cajas de Ahorro – CECA -.
 
          Y por el otro la Administración. La Fiscalia General del Estado, y no solo la de Menores, ha de atender e investigar hasta el final, exigiendo responsabilidades políticas y penales, y esclareciendo cuáles son las razones económicas o políticas que se mueven de fondo. Los hechos están puestos encima de la mesa.
 
           Evidentemente, mientras no sea así quien sigue pagando son los miles de niños sometidos a la ley pedagógica de “anular para reconstruir”; una línea de rehabilitación social cuya catadura moral parece responder a otros intereses que tienen más que ver con un entramado creado a la luz del estado autonómico, y con lo que desde el mundo financiero se ha dado en llamar Responsabilidad Social Corporativa. Otra forma de hacer negocio con la vida de la gente.
 
 
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