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El agudo enfrentamiento en el establishment norteamericano ha provocado un nuevo «shutdown», el cierre parcial -durante 60 horas- de la administración federal del Estado más poderoso del mundo.
El pretexto se centra esta vez en el desacuerdo entre Donald Trump y los demócratas acerca de las leyes de inmigración y el futuro de los «dreamers», los indocumentados que entraron en EEUU siendo menores de edad. Pero en realidad, el fondo de los contínuos ‘shutdown’ está en la profunda división entre las dos fracciones de la clase dominante norteamericana acerca del rumbo de la superpotencia.
Durante más de dos días, las ventanillas de la administración federal norteamericana han colgado el cartel de «closed» o el de «government shutdown» (cierre del Gobierno). Unos 850.000 funcionarios -incluyendo las tres cuartas partes de Departamentos tan importantes como Defensa o el Tesoro- se han quedado en casa sin sueldo, y otro millón más -de los servicios esenciales que no pueden parar- han ido a trabajar sin cobrar. Las empresas que reciben sus ingresos del gobierno federal -como los poderosos monopolios del complejo militar-industrial- tampoco han obtenido sus cheques en ese tiempo. El Pentágono suspendió algunas operaciones militares a la espera de fondos, aunque las de Afganistán y Oriente Medio no quedaron afectadas.
Finalmente Trump y los demócratas han llegado a un acuerdo de mínimos, a una frágil tregua de tres semanas en los que los fondos se podrán extender a a cambio de la promesa un pacto en migración, el pretexto del conflicto. En esos 21 días el pulso seguirá.
No es la primera vez que pasa. Ha ocurrido siete veces en la historia de EEUU, la última vez en 2013, y la anterior en 1995. La mayor potencia del mundo lleva años sin aprobar una partida de gasto cerrada, recurriendo a pactar prórrogas temporales del presupuesto que toman como referencia las cuentas del año vencido. El shutdown de hace cinco años -provocado por la batalla del Obamacare- llegó al borde del precipicio -con un riesgo de parálisis real- porque se produjo justo en el momento en el que el Tesoro norteamericano estaba rebasando el límite de endeudamiento. Lo de ahora no es tan grave, pero degrada enormemente la imagen de EEUU, especialmente ante sus rivales y enemigos (que no son precisamente pocos).
En esta ocasión el caballo de batalla ha sido la política de inmigración y el sensible tema de los “dreamers”, los aproximadamente 800.000 «soñadores» o jóvenes que llegaron a EEUU de forma irregular cuando eran menores, pero que ya están plenamente integrados en el país. Un programa llamado DACA aprobado por Obama los protegía de la deportación, pero ha sido cancelado el pasado septiembre por Trump. Los demócratas -con un importante componente de voto latino y de minorías, (pero cuyo adorado Obama, no lo olvidemos, deportó a 2,8 millones de migrantes ilegales, más que ningún otro presidente antes)- condicionan su apoyo a los presupuestos al mantenimiento del DACA. Trump toma rehenes y extorsiona, exigiendo a los demócratas que apruebe 18.000 millones de dólares para construir su Muro con México a cambio de dejar en paz a los ‘dreamers’.
El episodio del shutdown no es más que la última manifestación de un enfrentamiento -soterrado pero cada vez más evidente- en los núcleos de poder de la superpotencia, entre dos fracciones de su clase dominante y de sus élites políticas. Los oligarcas que respaldan a Trump y su línea de gestión imperial y los que buscan sabotear, socavar, reconducir o limitar sus márgenes de maniobra, y eventualmente propiciar su caída en pos de una opción tipo Obama o Clinton.
Esta aguda batalla es producto del declive de la superpotencia -a la vez que actúa sobre ella – fruto a su vez del avance de los pueblos. Y se da no solo en el Capitolio, sino en todos los cenáculos de la burquesía monopolista yanqui y en todos los aparatos hegemonistas. Esta socavando el poder de Washington, restándole capacidad de maniobra, privándole de liderazgo y acelerando su decadencia.