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La condena de los cabezas, Felix Millet, su socio Montull y la hija de éste, era esperada porque éstos optaron por colaborar y confesar para rebajar sus penas. Junto con ellos han sido condenados otros nueve acusados, el más relevante el extesorero de Convergencía Daniel Osácar. Esta condena subraya la conclusión más relevante del juez: la confirmación por primera vez en una sentencia que Convergencia se financió saqueando a los catalanes.
La mano derecha de Millet, explicó en el juicio que inicialmente la comisión se fijó en el 3% del importe de adjudicación de grandes obras públicas, pero que posteriormente ese porcentaje se elevó al 4%. «¿Por el coste de la vida?», le preguntó, con cierto cachondeo el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez. «No. Porque Convergència quería más dinero», repondió Montull.
El sistema era sencillo: Convergenciá desde el poder maniobra para la adjudicación de obras públicas y otros favores (subvenciones, cambios normativos…) a favor de determinadas empresas o personas. Los beneficiados hacían entonces una donación al Palau de la Música catalana (un porcentaje del negocio adjudicado, el famoso 3%, o 4% como corrigió Montull o hasta un 10% como declaró algún empresario) y este dinero se repartía en una mordida para los responables y un porcentaje para el partido.
Un saqueo de «Estado»
Las evidencias contra el partido de Artur Mas eran tantas que antes del juicio el juez ya había ordenado el embargo de 15 sedes del partido en previsión de las millonarias cantidades que deberán devolver. Por si fuera poco, además de las confesiones de los ex reponsables del Palau, otros dos directivos de las empresas Altraforma e Hispart, que eran proveedores del partido, reconocieron que endosaron al Palau los gastos de campañas electorales de los convergentes, utilizando facturas falsas, siguiendo instrucciones de la formación nacionalista.
La Fiscalía concluyó que ha sido demostrada la existencia de «un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente donde parece ser, y es muy triste, que la bandera justifica cualquier atropello a la cartera». En total se calculan en 30 millones de euros los que se desviaron de la institución cultural durante una década. Y los desgloses de pagos concluirían que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró de ahí unos 6,6 millones de euros en comisiones ilegales, solo de la constructora Ferrovial, a cambio de adjudicarle obras públicas. Es la primera vez que la justicia ha acreditado la financiación irregular del partido de los Pujol, Artur Mas y Puigdemont, hoy camuflados tras las siglas Pdecat.
Impunidad de clase
Al igual que el fiscal, los magistrados creen que “altos responsables” de la formación nacionalista participaron en la trama para presionar a cargos públicos de las administraciones que controlaban y garantizar así las adjudicaciones a Ferrovial. Los jueces han acreditado pagos ilegales en cuatro obras; entre ellas grandes infraestructuras como la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. Oportunamente, el corruptor (Ferrovial) ha sido declarado libre de cargo por la prescripción de delitos debido a la dilación del jucio. Ferrovial es una empresa pertenenciente a unas de las familias históricas de la oligarquía española, los Del Pino-Calvo Sotelo, quienes nunca han admitido irregularidad alguna… a pesar de que varios de sus gestores han estado acusados.
Pacto de clases
Y si sectores de la oligarquía se han beneficiado de la relación con los dirigentes de la Generalitat, ha sido en un pacto de lobos con otra clase social: una burguesía burocrática catalana, especializada en parasitar la Administración desde los tiempos de Pujol, que se han lucrado sorteando la competencia merced a favores y relaciones privilegiadas con el poder. Así los casos de corrupción que en otras comunidades autónomas también se han dado de manera puntual, en Cataluña se han convertido en la norma, en una trama sistémica. Entramado que por abajo se extiende para el control y la intervención de todo tipo de entidades y asociaciones mediante las subvenciones, pero por arriba adquiere un montante multimillonario sobre la base de la concesión de gigantescas obras públicas e infraestrucutras.
Todas las obras de gran envergadura de Barcelona realizadas durante los gobiernos de Pujol y Artur Mas, como la plaza de Europa, la Ciudad de la Justicia, la Línea 9 de metro o los edificios Cúbics de Santa Coloma de Gramenet, en todos y cada una de estas adjudicaciones, han intervenido la policía y los tribunales.
El caso Palau se ha convertido en la evidencia de porqué los dirigentes convergentes se aventuran a lo que sea con tal de no perder el control de la Administración catalana. Para su clase es vital dado que no pueden sobrevivir si no es a costa de los favores y el dinero público. Para los gestores políticos, su capacidad de influencia es directamente proporcional al papel que ocupan repartiendo presupuestos y concesiones. Esta es su sórdida existencia, disimulada tras la grandiosidad y elegancia del Palau de la Música catalana.
Dinero para «casi todos»
Del Palau de la Música también salió dinero para otros gastos: en 1998 Pilar Rahola y Angel Colom, tras perder el control de Esquerra Republicana de Catalunya fundaron el Partit per la Independència (PI) que se presentó a las elecciones municipales y europeas de junio 1999. No obtuvieron representates y disolvieron el partido; pero se quedaron con deudas de las campañas electorales… y por ello acudieron a pedir a Félix Millet.
A cargo de la scuentas del Palau se les entregó 75.126 euros como reconoció Colom y como explica la sentencia «para que pudiera hacer frente al pago de diversas deudas que la formación política Partit per la Independència, que arrastraba desde antes de la disolución». Millet hizo firmar a Colom un recibo de 150.000 euros, aunque éste asegura que sólo recibió 75.000. Al margen de que la mitad del dinero desapareció, lo más significativo es cómo justificaron el abono: mediante un convenio ficticio para la «Pedagogía sobre la cultura catalana en las nuevas migraciones», firmado por Millet en representación de la Fundación del Palau y por Ángel Colom como representante de una inexistente Fundació Privada Espai Catalunya. Por supuesto la sentencia aclara que «el referido convenio nunca se trató ni se firmó por aquellos, ni existió voluntad alguna de llevarlo a cabo, fue sólo la tapadera de la entrega dineraria». Con el tiempo Pilar Rahola se recicló como periodista conocida por polemizar en defensa de las tesis independentistas en la televisón pública catalana y Angel Colom acabó como reponsable de inmigración de Convergencia. Siempre fueron de la familia…
Robo legal
El caso Palau ha confirmado lo que era un secreto a voces: el saqueo organizado de las arcas públicas utilizando los recursos del poder por un grupo enquistado en la Administración desde hace ya cuatro décadas, y que en casos como la familia Pujol ya aparecen implicados de la segunda generación. Pero además de lo ilegal, de la corrupción, hay otros mecanismos más sofisticados que las relaciones de poder entre grandes empresas y la burguesía burocrática catalana han aprendido a desarrollar de forma legal e igual o más lucrativa.
Hace meses que una plataforma de ciudadanos agrupados en «Novullpagar» (no quiero pagar), protesta por los altísimos peajes que se pagan en las carreteras de Catalunya. A manera de denuncia han difundido un gráfico que explica la estrecha y múltiple relación tejida entre una gran empresa del Ibex35 y gestores políticos catalanes. Todo parece legal. Pero el saqueo es multimillonario.