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Mientras aún están calientes los ánimos por el colapso la AP-6 -en el que miles de conductores se quedaron atrapados por la nevada en una autopista de peaje en plena operación retorno- la empresa concesionaria -el gigante de las infraestructuras Abertis, que mantuvo la autopista abierta a pesar de las previsiones meteorológicas- está en el punto de mira del capital extranjero. La CNMV, desoyendo el criterio del gobierno, ha autorizado la OPA de la italiana Atlantia sobre Abertis.
Sobre el caos vivido en la AP-6 el sábado 6 de enero, en el que 3.000 vehículos quedaron atrapados por el temporal durante 18 horas, mucho se ha hablado por parte de la oposición: principalmente de los errores del Ministerio del Interior y de la DGT. Pero poco o nada sobre la compañía monopolista Abertis, propietaria de la AP-6, que tomó la decisión de mantener abierta la vía a pleno rendimiento, sabiendo que los conductores corrían el riesgo de quedar atascados en un embotellamiento en plena nevada. Pusieron en una balanza, de un lado la seguridad de los ciudadanos, y del otro sus beneficios. Seguro que no les sorprende cual fue el platillo ganador.
No hace tanto tiempo, en julio, nos enteramos de lo que nos iba a costar a los contribuyentes el rescate de las autopistas radiales. Según el Tribunal de Cuentas: 3.718 millones del erario público. Se trata de nueve autopistas de peaje -entre cuyas propietarias encontramos a Abertis, junto a constructoras como Ferrovial, Sacyr, ACS, OHL, FCC, Isolux, Acciona…- levantadas durante el boom de la construcción, pero que son deficitarias (en automóviles y en beneficios). Sus sociedades de gestión se declararon en concurso de acreedores, y el Estado -el Estado monopolista- acudió a rescatarlas, con el dinero de todos.
Así funciona el pingüe negocio de las autopistas de peaje. Si la autopista tiene tráfico, los beneficios están asegurados, abriendo un chollo por el que los ciudadanos seguiremos pagando durante décadas, a pesar de que el coste de construcción de la vía se haya amortizado diez (o cien) veces. Los sufridos conductores del área de Barcelona tienen pocas rutas para salir de la ciudad sin tener que pagar por el uso de la vía. Un saqueo perpetuo a los bolsillos.
Pero si el negocio funciona mal, y su quiebra es inminente, el Estado -con nuestros impuestos- se hace cargo de una mala inversión de la oligarquía financiera. La banca nunca pierde, y las grandes constructoras -vinculadas a ella- tampoco. Tampoco están dispuestos a perder si tienen que elegir entre cerrar la AP-6 (por prudencia en un temporal inusitadamente intenso para el que no hay quitanieves disponibles inmediatamente) o seguir haciendo caja.
Una vez rescatadas con dinero público -es decir, nacionalizadas- el gobierno podría decidir abrirlas al público, y decidir que, pasado un tiempo, dejaran de ser de peaje. Pero tales cosas no ocurren con un Estado que es el fiel instrumento de la oligarquía financiera y de los grandes capitales.
Pero por poderosas que parezcan compañias concesionarias como Abertis, hay peces más grandes en el mar. Tiburones financieros que huelen la sangre, es decir, los malos resultados en el balance contable. El capital extranjero ha puesto el ojo en nuestras autopistas de peaje más lucrativas, y la italiana Atlantia ha lanzado sobre Abertis una oferta pública de adquisición (OPA), que -a pesar de la protesta del Gobierno de Rajoy- ha sido admitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, las autopistas por las que los ciudadanos ya hemos pagado tantas veces, con peajes y con impuestos, cambian de manos. Pasan por todas, menos por las nuestras. Y encima, el precio de los peajes en autopistas vuelve a subir (casi un 2%) tras dos años de rebajas. Como para no quedarse helado.