Alicia Durán. Profesora Investigadora del CSIC

“La investigación no puede basarse en personal laboral y precario. La palabra clave es estabilidad”

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15-12-2017
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Más de un centenar de investigadores en primera línea en investigaciones punteras pueden perder su trabajo en España debido a la nueva disposición de la Ley de Presupuestos Laborales.
 Alicia Durán Carrera, es Profesora de Investigación, miembro del Consejo Rector del CSIC y miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación por CCOO
Alicia Durán Carrera, es Profesora de Investigación, miembro del Consejo Rector del CSIC y miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación por CCOO
Más de un centenar de investigadores en primera línea en investigaciones punteras pueden perder su trabajo en España debido a la nueva disposición de la Ley de Presupuestos Laborales.

Se trata de un cambio de ley que responsabiliza a los gestores de fundaciones públicas tan relevantes como CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) o CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) entre otros de la concatenación de contratos temporales, imposibilitando su renovación.

Hablamos de científicos que han estado trabajando en equipos de investigación durante ocho, diez e incluso doce años, y que sus trabajos pueden verse abruptamente interrumpidos o cerrados por la aplicación de esta normativa.

¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? ¿Cómo puede ser que por una simple cambio de ley se ponga en jaque la investigación científica y de salud en España? Entrevistamos a Alicia Durán, Profesora Investigadora del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y miembro del Consejo Rector del CSIC por CCOO, para que nos revelen las claves profundas que han hecho posible haber llegado hasta aquí.

Hace semanas que leemos en los medios una noticia alarmante: investigadores incluso de referencia pueden quedarse sin contrato por una disposición de la Ley de Presupuestos Generales de 2017. ¿Es esto así? ¿Cuál es exactamente el problema?

La ley presupuestaria de 2017 incluye una cláusula relativa a la concatenación de contratos de obra y servicio, por la cual se hace responsable a los gestores que firmen estos contratos y que den lugar a demandas judiciales por el Artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores (la Ley Caldera).

Sin embargo, este tipo de contratos son la única forma en la actualidad, para contratar gente en centros de investigación. La ley de Ciencia, (la ley 14/2011) en su DA 23 exceptúa a los centros de investigación de la aplicación de la Ley Caldera. El problema que surge en el CNIO y el CNIC es que en esta disposición de Ley de Ciencia, se habla de centros de investigación del sector público, sin incluir a las fundaciones.

En el Ministerio de Sanidad, el estatus jurídico de los centros de investigación son fundaciones, como el CNIO y el CNIC. En la aplicación de esta disposición de la ley presupuestaria de 2017, Hacienda no les autorizaba la renovación de contratos porque no estaban incluidos en DA23 por la cual en estos centros sí se puede concatenar contratos y, teóricamente, no se les aplica el 15.5.

¿A quiénes afecta principalmente? ¿Cómo afecta incluso a investigadores que trabajan en fundaciones científicas de primer nivel como el CNIO o CNIC?

Los afectados del CNIO, por ejemplo, estarían alrededor de 100 personas a lo largo de 2018 de unos 500 que albergan, entre investigadores y técnicos.

Para resolver el problema la Secretaría de Estado de Investigación ha publicado una modificación de la disposición 23 de la Ley de Ciencia, incluyendo a las fundaciones. Por tanto, en este momento, el CNIO, el CNIC y el resto de las fundaciones están exactamente en la misma situación que el CSIC. Pero sus gestores se niegan a prologar o concatenar contratos de obra y servicio, porque la ley presupuestaria los hace responsables. En particular, Hacienda no admite algunos contratos por corresponder a puestos estructurales, y en estos casos no es posible hacer un contrato de obra y servicio, por ser ilegal.

Si la gente lleva diez años trabajando en el mismo puesto, este puesto es estructural. Los gestores exigen hacer contratos indefinidos para estos puestos que Hacienda no está dispuesta a aprobar.

 ¿Por qué consideras que se ha llegado a esta situación?

El problema de fondo es que los contratos de obra y servicio no son adecuados para este sector. Nosotros llevamos cuatro años proponiendo, tanto en el CSIC como en la Secretaría de Estado, un nuevo tipo de contrato, financiado con cargo a línea de investigación o a grupos de investigación, ya que la mayor parte de la contratación está ligada a grupos fuertes de investigación, que tienen una financiación continuada.

En estos contratos el grupo paga el salario correspondiente al trabajador, y además ingresa la cantidad correspondiente en una caja de “provisiones”. Si en algún momento resulta que tienen mala pata, les salen mal todos los proyectos y se quedan sin dinero, pues ese trabajador es despedido con la correspondiente indemnización que viene de esas provisiones que se han depositado.

Eso es el famoso “Contrato Austríaco” del que se discutía en la anterior campaña electoral, un tipo de contrato que se utiliza en toda Europa, y que se utiliza también en muchísimos sitios en España, especialmente en tipos de fundaciones que trabajan con proyectos. Sin embargo, a Hacienda le parece “complicado”. En resumen, ni aprueba los contratos de Obra y servicio ni se molesta en proponer un modelo de contratación indefinida que evite la precariedad ad infinitum que pretende instaura la Ley de Ciencia. 

 ¿Qué consecuencias puede tener esta disposición, no ya solo para los investigadores científicos, sino para los trabajos de investigación que se están llevando actualmente?

La investigación en Biología, en Medicina y en Biomedicina goza de buena prensa porque pone en el candelero cuestiones importantes como la investigación del cáncer o las enfermedades del corazón. Pero nosotros defendemos por igual a los investigadores de primera línea y a los técnicos. Hacer una evaluación sobre el impacto realmente es difícil.

Es el resultado directo del modelo en particular de las fundaciones. Dichas fundaciones, como es el caso del Instituto de Salud Carlos III, no quieren funcionarios ni personal fijo. Prefieren personal contratado que se le pueda echar cuando dejen de funcionar.

Esta forma de trabajar sirve en épocas de bonanza. Se produce una cantidad muy elevada de personal contratado. Pero entonces llega la crisis, fallan los proyectos y en consecuencia, desciende el dinero para financiarlos y el personal queda atrapado en una lista donde no son conscientes de si se van o no…

No es la primera vez que pasa. En el CNIO hubo un ERE hace dos años justamente por esa cuestión y hay 60 personas que se han ido a la calle. Hay que ser consciente de los modelos que se ponen en práctica en determinadas fundaciones e institutos ya que los resultados acaban siendo siempre los mismos. Es un error fundamental basar todo el éxito de un centro en que el personal sea temporal y precario. Eso no pasa en ningún sitio civilizado del planeta.

Son las consecuencias de un modo de organizar la investigación que no tiene nada que ver con lo que pasa en los países desarrollados. En investigación, la palabra clave es estabilidad. Estabilidad en la financiación y estabilidad del personal de la investigación. ¿De qué le sirve al CSIC, haber formado en la época de auge económico miles de doctores? Posteriormente llega la crisis y el CSIC pierde 4.500 personas en cinco años. Al final de 2011 había 15.000 personas, y ahora hay apenas 11.000, después de haberse producido un repunte, porque se ha llegado a ser 10.100.

¿De qué sirve el esfuerzo que hemos invertido, el dinero que ha invertido el país, el esfuerzo y el tiempo de los investigadores en formar a toda esta gente cuando ahora están dispersos por Europa?

¿Cuál es la causa de este modelo?

Es el modelo que han definido los grandes investigadores “excelentes” centrados en el área de la biología, como es el caso del Instituto Carlos III. Contratan a personal “excelente” en grupos de investigación completos, pero siempre de manera temporal.

Este modelo dura hasta que se agota el dinero, o fallan las fuentes de financiación. Ejemplos son el Centro Nacional de Biotecnología, o el Centro de Neurociencia en Valencia. En el año 2012, el Centro Nacional de Biotecnología tenía 750 personas, de las cuales 75 eran fijos.

Cuando llega la crisis, estos centros entran en colapso. Han adquirido técnicas de elevado coste ya que son edificios y laboratorios que soportan mucho gasto de mantenimiento debido a que trabajan con elementos de alto riesgo biológico. Cuando la financiación decae, estos centros entran en pérdidas severas. Y como siguen siendo “excelentes”, su financiación pasa a sostenerse sobre otros centros que no gozan de tal “excelencia”.

Todo esto son los resultados del modelo actual sobre el que debe entrar el personal a trabajar en el sector de la investigación.

 Y como CCOO, ¿qué acciones estáis llevando para resolver este conflicto?

El día 23 de noviembre, tuvo lugar una asamblea en el propio CNIC-CNIO. CCOO ha estado reunida con la Secretaria de Estado.

El 29 de marzo se firmó un acuerdo entre a la Administración General del Estado y los sindicatos para garantizar la reposición de 300.000 plazas para estabilizar a los trabajadores interinos de sanidad, justicia y educación no universitaria.

Desde CCOO, buscamos extender a nivel de todo el sector de la investigación este  acuerdo de estabilización.

En el CSIC, el 42’2% de la plantilla es temporal. 4.670 trabajadores sobre 11.000. Lo consideramos un verdadero despropósito. Además, existen casi 2.000 trabajadores que llevan acumulados más de tres años, y con más de tres contratos concatenados, siendo de carácter temporal. Existen casos de personal con más de quince años, y más de diez contratos, en esta situación.

Trabajamos directamente con la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que es el sindicato dentro de la Administración General del Estado y se está en negociaciones con el Ministerio de Hacienda, justamente para hacer esa extensión de la estabilidad con el fin de reducir la temporalidad a los niveles que exige la Unión Europea. La UE exige que en la Administración General del Estado la tasa de temporalidad no supere el 8%, cuando nosotros estamos en el CSIC al 42’2%.

Desde el Gobierno se habla de “Recuperación”, ¿esa recuperación de la que habla está llegando a la investigación científica?

 Definitivamente, no. El discurso del ministro De Guindos de que España va bien no se corresponde para nada con lo que son los presupuestos de investigación. Como Consejera de CCOO en la Agencia Estatal de Investigación, hace dos meses aprobamos los proyectos de presupuestos para el 2018. Y estos se han visto malogrados precisamente porque no hay presupuesto.

El gasto real disminuye en un 1’7%. España va bien, pero la investigación va cada vez peor.

El pasado 21 de noviembre, De Guindos anunciaba en el Senado que en los presupuestos de 2018 habrá una oferta de 2.500 plazas en el sector de la investigación.

Esto cuesta de creerse, ya que se habla de plazas dotadas, cuando en realidad están dotadas con el presupuesto de los propios investigadores, lo cual es una falacia. El personal temporal trabaja con los proyectos que consiguen los investigadores, no con dinero del Estado.

Pero considero positivo, por lo menos, que este tema salga en los periódicos y se hable de la necesidad de estabilizar al personal de investigación.

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