Los papeles del Paraíso

La aparición de los “Papeles del Paraíso” ha vuelto a poner en primera plana la existencia de auténticos agujeros negros en la economía mundial.

En España, la lista suele mezclar a personajes conocidos con ejecutivos de bancos y monopolios. Sin embargo, la economía “offshore” le cuesta en torno 4 mil millones de euros anuales. Más o menos, lo que el estado gasta en sanidad, sin incluir las comunidades autónomas.

El problema no surge principalmente del fraude fiscal ilegal si no, precisamente, del hecho de que la mayoría de estas operaciones estén amparadas y reguladas por la legislación española.

Que construye auténticos diques para el desarrollo de la economía y la inversión nacional al tiempo que autopistas para que las grandes corporaciones puedan evadir, “legalmente”, miles de millones de euros anuales.

Una losa jurídica y fiscal para las clases trabajadoras…

El sistema fiscal y jurídico que debe regular el desarrollo de la economía española se basa en el principio de hacer recaer todo el peso de la fiscalidad sobre las clases populares y trabajadores al tiempo que crea auténticas autopistas para facilitar la evasión fiscal.

A través de un complejo sistema jurídico y fiscal, cualquier iniciativa de inversión en nuestro país se enfrenta a dificultades notablemente superiores a las de los países de nuestro entorno.

En el plano jurídico, un reciente estudio del Instituto Freser de Canadá, coloca a España en el puesto 54 de los 141 países analizados en el aspecto de dificultad para abrir una empresa.

El “manglar jurídico”, altamente burocratizado, con tres legislaciones (nacional, autonómica y local), etc., que tiene que sortear cualquier iniciativa hace que en algunos parámetros España esté a la altura de países del tercer mundo. En el mismo ranking, todos los países de nuestro entorno se encuentran entre las primeras 30 posiciones.

En el terreno fiscal, se calcula que el fraude, que se concentra en un 80%, en el 20% de las empresas con mayor volumen de facturación cuesta a cada español, según la referencia que se tome, entre 1000 y 2000 euros anuales.

Sin embargo, es el fraude legal el que más dinero cuesta y el que supone un mayor volumen. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) el ministerio emplea el 80% de los recursos en la inspección a la pequeña, la mediana empresa y las personas físicas.

De esta manera, se ha agudizado la relación de vasos comunicantes según la cual, a mayor evasión de impuestos, mayor presión fiscal y tributaria sobre las clases populares sometidas a una doble presión. Por una lado, deben cubrir con dinero de su bolsillo, los recortes ejecutados por los diferentes gobiernos (copagos sanitarios, contratación de seguros médicos ante los recortes de la sanidad, reducción del poder adquisitivo de las pensiones, eliminación de subvenciones para libros, aumento de las tasas académicas, etc.); por el otro, han tenido que hacer frente a un incremento de la presión fiscal que, mediante múltiples mecanismos, se ha convertido en un factor asfixiante para la economía de las familias. Así, por ejemplo, mientras el impuesto de sociedades se ha reducido casi en la mitad (-49,6%), impuestos como el IVA (que recae en el consumo) han aumentado un 23,8% en el periodo 2007-2016 pasando del 16% al 21%. Es decir, uno de cada cinco euros que pagamos cuando compramos algo, recae en Hacienda. Esta reducción del impuesto de sociedades, que beneficia principalmente a las grandes corporaciones, supone un menoscabo en la recaudación, sobre las principales fortunas del país, de algo más de 22.000 millones de euros.

Una pluma jurídica y fiscal para las grandes corporaciones

El concepto de paraíso fiscal en España se rige por una ley guiada por el principio de opacidad e intercambio de información que esta basada en los estándares de otras legislaciones internacionales. En 2003, se introdujo una modificación según la cual, dejaban de ser paraísos fiscales aquellos países que firmaran un acuerdo de intercambio de información. Esto ha permitido que países como Andorra, Bahamas, Bermudas, Panamá, Hong Kong o Suiza queden fuera de la lista. Ello sin contar con que el principal destino de las inversiones a paraísos fiscales de los monopolios españoles se encuentra en Delaware (EEUU).

Paralelamente a esta política, para los grandes bancos, se ha legislado la evasión de impuestos para que resulte particularmente ventajosa. El vehículo principal que se emplea para esta evasión “legal” son las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs) que permiten la repatriación de capitales a coste cero.

Por ejemplo, el Banco de Santander, que es la entidad que cuenta con mayor cantidad de empresas offshore en paraísos fiscales, exporta buena parte de sus beneficios a paraísos fiscales. En esos paraísos fiscales no paga impuestos y, pasado un periodo, devuelve esos beneficios como inversión extranjera. De esta manera, no solo se beneficia de las ventajas fiscales del propio origen de ese dinero, sino que, además cuenta con una legislación en España, hecha a su medida para que, de forma impecablemente legal, ese dinero figure como una inversión extranjera, con todas las facilidades que la ley prevé para estos casos. Y a pesar de que no genera ni riqueza ni empleo.

En relación a los paraísos fiscales, Gestha afirma que la inversión española se ha multiplicado por cuatro en el periodo 2016-2017, al tiempo que más de la mitad de la inversión que recibe nuestro país (54%) viene de esos mismos estados.

El problema aparece como una cuestión sistémica de la economía globalizada. Son muchos los ejemplos de legislaciones nacionales e internacionales que ponen de manifiesto, no ya la permisividad hacia estos hechos, sino la actuación de los gobiernos como auténticas gestorías jurídicas y fiscales de las grandes multinacionales, monopolios y bancos.

En un país como España, tras casi una década de crisis, la filtración de los papeles del Paraíso, como antes otras filtraciones, pone de manifiesto que, durante el último periodo, la gestión de la crisis ha contribuido, en el aspecto fiscal –como en tantos otros– en al aumento de la brecha social y las desigualdades.

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