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Odebrecht, el gigante carioca de la construcción organizó a través de la banca andorrana una red de sobornos de 200 millones de dólares a políticos, funcionarios, empresarios y testaferros de ocho países de Latinoamérica. Un escándalo con profundas implicaciones políticas, que en manos de los centros de poder puede ser utilizado como munición para desestabilizar o reconducir numerosos gobiernos.
Odebrecht no es cualquier multinacional, es el mayor contratista de América Latina en el sector de la construcción y la ingeniería, con ramificaciones en energía, petroquímica o defensa. Cuenta con 168.000 empeados, sus ingresos han alcanzado más de 40.000 millones al año y tiene negocios e intereses en 28 países.
Su historia es tan turbia como la de la propia oligarquía brasileña, participando en diversos negocios turbios con los diferentes gobiernos de Brasil -incluídos los de la dictadura militar que oprimió el país hasta 1985- y beneficiándose siempre de la connivencia con los núcleos del Estado y con las redes de poder imperialista. Pero desde 2016 ha llenado informativos por su implicación en el caso Lava Jato en Brasil, por el que el Juez Sergio Moro busca encarcelar al expresidente Lula da Silva por aceptar presuntamente sobornos de Odebrecht, hecho del que la fiscalía carioca no ha podido conseguir jamás pruebas concluyentes.
Ya entonces, ante la Justicia brasileña, la constructora reconoció haber destinado durante décadas, al menos 788 millones de dólares a pagar campañas presidenciales por toda América Latina. En el acoso y derribo de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, ha quedado evidenciado el papel de las tramas de corrupción tipo Odebrecht como instrumento oligárquico-imperialista para erosionar, hacer caer o reconducir gobiernos.
Desde 2016, el Departamento de Justicia de EEUU publicó una investigación sobre esta constructora, en la que se evidenciaba como Odebrecht había construído -a lo largo de 20 años- una red de coimas y sobornos a altos funcionarios y políticos en 12 países de America Latina y África, con ramificaciones incluso en EEUU. La «caja B» de la multinacional, denominada internamente «sector de relaciones estratégicas» lleva engrasando billeteras y cuentas opacas en paraísos fiscales desde 1980.
Lo que se ha destapado ahora con las publicaciones del país es un episodio más de la trama, una capa más profunda de la cebolla de Odebrecht. Para coger dimensión del monto de dinero ilícito utilizado por la multinacional en su red de coimas y sobornos, supone una suma superior de lo defraudado por las tramas Púnica, ERE de Andalucía y Gürtel en nuestro país.
Desde hace un par de años, el Departamento del Tesoro de EEUU lleva exigiendo al gobierno del Principado de Andorra que intervenga la Banca Privada d´Andorra (BPA) por sus más que fundadas sospechas de blanqueo de dinero de tramas criminales. El año pasado el principado tomó el control de las cuentas de la BPA y renunció al secreto bancario.
Así se ha podido saber que Odebrecht pagó -a través de la banca andorrana y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda- 200 millones de dólares en comisiones ilegales a altos funcionarios y cargos políticos en ocho países de América Latina: Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina. La constructora, a través de cuentas opacas de la BPA, pagaba jugosos sobornos a estos cargos electos, que adjudicaban después a Odebrecht un multimillonario plan de obras públicas.
La policía de Andorra ha detallado una lista de 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht, que utilizaba dos sociedades off shore (opacas) -Aeon Group y Klienfeld Services Limited- para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. La banca andorrana es colaboradora necesaria en esta trama, y ayudaba a sus clientes a crear sociedades fantasma en Panamá para recibir los cobros y ocultar así a los beneficiarios reales de la comisión ilegal.
Una trama con tentáculos por toda Latinoamerica
El hombre del maletín del «sector de relaciones estratégicas» de Odebrecht, con el papel clave en el sistema de sobornos y reuniones de la constructora es Olivio Rodrigues Junior, hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía condenado a 19 años de prisión en Brasil.
Uruguay tnía un papel importante en el blanqueo de dinero a través de la sociedad Carday Capital y del responsable de la banca andorrana en este país, el financiero Andrés Norberto Sanguinetti, alias Betingo. Este banquero «construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, asegura la policía de Andorra, además de ser la “persona de contacto” entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues.
Las investigaciones de la policía del Principado de Andorra arrojan luz sobre las actividades corruptoras de Odebrecht en ocho países de América Latina, pero sus actividades abarcan todo el continente y otras zonas del mundo.
En Perú, el exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera -designado por el presidente Alan García (2006-2011)- ocultó 8,5 millones de dólares en Andorra, procedentes de pagos de Odebrecht. También están implicados varios altos cargos del gobierno y empresas municipales de Lima. Además se ha sabido que Odebrecht financió en 2011 las campañas presidenciales de Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
En Colombia, la constructora untó con 6,5 millones de dólares al exministro de Transporte de Alvaro Uribe (2002-2010), García Morales, que a cambio concedió a Odebrecht la explotación de un tramo de autopista conocido como Ruta del Sol. En la trama colombiana está implicada una firma de abogados de Florida. En Panamá la constructora abonó 2,1 millones de dólares -a través de familiares- a Demetrio Papadimitriu, exministro y máximo asesor del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
En Argentina, Odebrecht pagó con fondos opacos a una subcontrata que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de dólares. La obra se licitó bajo el mandato de Nestor Kirchner, y se ha reactivado por el gobierno de Macri.
En Ecuador, Odebrecht también sobornó a Alecksey Mosquera -exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017)- con un millón de dólares en una cuenta de la BPA.
La corrupción en América Latina, una brecha para la intervención de Washington
La trama de corrupción de Odebrecht es más que las intrigas de una gigantesca multinacional de la construcción para hacerse con multimillonarios contratos gracias al soborno de los responsables políticos en cada pais. Su misma existencia constituye un poderoso instrumento para que los centros de poder hegemonista y sus redes de inteligencia puedan intervenir en los países de América Latina. La corrupción de Odebrecht les dota de un arsenal de dossieres, de información confidencial y de escándalos, que convenientemente dosificados por el periodismo de investigación pueden servir para debilitar, socavar y derribar a gobiernos díscolos a sus intereses -véase el impeachment (un auténtico golpe blando) en Brasil contra el PT, o el intento de hacer lo propio en Ecuador con el gobierno de Correa- o bien para condicionar, presionar o reconducir a los gobiernos vasallos, de los países que están bajo la órbita norteamericana (Colombia, Panamá o Perú).
Mediante estas tramas corruptas -que al parecer el Departamento de Justicia o del Tesoro de EEUU conocen bien- los centros de poder y las agencias de inteligencia de Washington tienen una útil palanca para “corregir” derivas peligrosas para sus intereses o forzar “reconducciones” que garanticen la continuidad de las políticas que sirven a sus intereses globales.
Ahí radica, en última instancia, la verdadera naturaleza tramas corruptas como las de Odebrecht: como traición a la nación, como traición a un pueblo y a un país, al servicio de la intervención exterior de las grandes potencias y el gran capital extranjero.