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Si se mantiene esta ignominia, serán 200.000 personas dependientes las que habrán muerto en lista de espera en los últimos 6 años, sin recibir ni un euro de las ayudas a las que la Ley les da derecho.
La Ley de Dependencia de 2006 significó un rayo de esperanza para millones de personas en toda España. Más de una década después, los gobiernos del PP han condenado al sistema a una crónica infradotación presupuestaria -acentuada tras los recortes de 2012- que niega a 300.000 dependientes el poder recibir ayudas. Doscientos mil dependientes han muerto esperándolas, mientras el Gobierno sabotea que ayuntamientos como el de Valencia pueda tomar medidas para acelerar la implantación de la Ley.
En 2016, más de 40.000 dependientes reconocidos fallecieron en España sin haber recibido un euro de las ayudas a las que la Ley les da derecho. En lo que va de 2017, 21.000 dependientes más han muerto en lista de espera. Entre 2012 y 2015, 125.914 personas fallecieron mientras aguardaban unas ayudas que nunca llegaron. Si se mantiene esta ignominia, serán 200.000 personas las que habrán muerto en lista de espera en 6 años. «Un 35% de quienes están en lista de espera fallecen. Se trata de personas muy vulnerables, que no tienen más de cuatro años de esperanza de vida y que se ven obligados a esperar más de dos», denuncia J.M. Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia.
Es el resultado de una persistente infrafinanciación por parte de los gobiernos de Rajoy a la Ley de Dependencia, agravada por la draconiana ola de recortes sociales de 2012, pero que nunca ha tenido la más mínima intención de reponer. La ley obliga al Gobierno central a aportar el 50% de la financiación del sistema, pero se mantiene en un 17%. Eso ha obligado a las CCAA a realizar un esfuerzo extra, aportando el 83% del dinero, unos 4.000 millones en los últimos 6 años. Pero los fondos para dependientes siguen infrafinanciados, y decenas de miles de personas mueren cada año sin recibir nada.
El Ministerio de Sanidad ha programado en los Presupuestos Generales del Estado un aumento de 100 millones, con lo que elevará en poco más de 10 euros la aportación a los de Grado I (dependencia moderada), 3 euros a los del Grado II (severa) y apenas 17 a los del III (gran dependencia). Pero «seguirán quedando 300.000 dependientes sin atender», explica Ramírez.
La situación es mucho más indignante al comprobarse los esfuerzos del Gobierno para sabotear algunas iniciativas, como las del Ayuntamiento de Valencia, para contratar más de 400 valoradores que ayuden a los dependientes y aceleren las solicitudes de ayudas. Medida que ha recibido un recurso judicial por parte del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. Un «nuevo intento del Gobierno de Rajoy para obstaculizar la aplicación de la Ley», denuncian desde plataforma en defensa de la ley de Dependencia.