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Guatemala vive una crisis política abierta en la que están entremezclados el profundo hartazgo popular ante una clase política corrupta y reaccionaria, y por otro lado las maniobras norteamericanas para realizar un recambio y reconducción en el gobierno de acuerdo a sus proyectos en la zona.
Hablar de corrupción en Guatemala es describir escenas que parecen sacadas de un culebrón o de una película de mafiosos. Una de ellas, vivida ante las cámaras de televisión de todo el país, muestra al alcalde de la capital, Álvaro Arzú, irrumpiendo al grito de «¡quiero ver la cara a esos dos!» en la rueda de prensa en la que la fiscal general del Ministerio Público (Thelma Aldana), y el comisionado de la ONU (Iván Velásquez) estaban anunciando que le acusaban de corrupción. Arzú tiene un largo historial de denuncias por cohecho, sobornos y violaciones de los derechos humanos.
El comisionado de Naciones Unidas, Iván Velásquez, es un colombiano que dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ahora se ha enfocado en la denuncia de la corrupción del presidente de Guatemala, el ex-actor Jimmy Morales, acusado de financiamiento ilegal y de cobrar bonos opacos del Ejército. Ante estas acusaciones, el presidente Morales ha tratado de expulsar a Velásquez acusándolo de extralimitarse en sus funciones. Al mismo tiempo, el Parlamento ha intentado aprobar una reforma del Código Penal que despenaliza buena parte de los delitos de corrupción.
Ante semejante espectáculo -que se da en un país asolado por la violencia y la miseria, donde el 59,3% de la población vive bajo la pobreza, y donde el presidente Morales se conoce por ser el mejor pagado de América Latina (19.300$ mensuales)- la indignación se ha apoderado de un movimiento popular que hace apenas dos años -en lo que se llamó la “primavera chapina” de 2015- logró hacer dimitir y encarcelar al presidente Otto Pérez Molina, implicado en la trama corrupta conocida como «La Linea». Las movilizaciones para exigir el cese de Jimmy Morales también han sido masivas esta vez. Entre el 14 y el 20 de septiembre varias marchas han llenado las calles de la capital, la más gigantesca con 200.000 personas.
En las movilizaciones han marchado dos tipos de sectores. «Por un lado, indígenas y campesinos, agrupados en organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC) o el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Por otro lado sectores urbanos ligados a organizaciones surgidas hace dos años, como Justicia Ya o la batucada del pueblo y que han encontrado en Lenina García, recién elegida secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad San Carlos un nuevo liderazgo», cuenta Alberto Pradilla para Plaza Pública.
Pero al margen de la justa indignación de los sectores populares ante unas élites políticas y económicas corruptas y depredadoras hasta la médula y con un pasado vinculado a la más sangrienta represión -cuando no al genocidio paramilitarista vinculado a la Escuela de las Américas durante una guerra civil que duró 36 años- y de sus aspiraciones democráticas, de progreso y de equidad social, un vistazo más de cerca a los impulsores de las acusaciones de corrupción -el Ministerio Público (MP) y la CICIG- siembra poderosas dudas acerca de quién está agitando realmente el sillón de Jimmy Morales, un personaje por otra parte nada sospechoso de no ser otra cosa que un muñeco de Washington.
La principal sombra la arroja la relación de la CICIG con EEUU. La comisión fue creada en 2006 por el entonces presidente guatemalteco, Óscar Berger (2004-2008), un perfecto representante de la clase dominante criolla con tupidos vínculos con Washington y en especial con George W. Bush. Desde 2008 el Departamento de Estado ha financiado con aproximadamente 35 millones de dólares la CICIG. Hace pocos días Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, zanjaba la polémica entre Jimmy Morales y el comisionado de la ONU declarando que “EEUU respalda totalmente el trabajo de Iván Velásquez al frente de CICIG” y solicita al Gobierno de Guatemala “permita a CICIG operar sin interferencia”.
Numerosas voces -entre ellas la de líderes de la izquierda guatemalteca, como Thelma Cabrera, presidenta de la organización campesina Codeca- advierten que la actividad de la justicia y de los «organismos imparciales responde en realidad a la intervención y el control de Washington sobre los países latinoamericanos, al estilo de los «golpes blandos» que han derribado a gobiernos como el de Dilma Rousseff en Brasil. La diferencia es que no se trata de derribar ningún gobierno autónomo o díscolo hacia el dictado norteamericano, sino -como en el caso del cambio de Otto Pérez Molina por Jimmy Morales- de sustituir un títere «quemado por la impopularidad y la corrupción» por otro representante de la oligarquía guatemalteca que pueda garantizar la estabilidad unos años más.
ESPONTANEIDAD ES REACCIÓN dice:
En un contexto de hiper-poder hegemonista, que en el plano ideológico se concreta como espectáculo integrado e integrador, espontaneidad significa servidumbre ideológica a la ideología del espectáculo, que es el espectáculo global de la ideología referencial del «mundo libre» con privilegios… a costa de esa propia población que reacciona «espontáneamente» a su disconformidad local. En otras palabras: desde un posicionamiento internacionalista no podemos más que desmarcarnos de (y desvalorizar) todo movimiento carente de dirección de perspectiva hacia la soberanía nacional y la emancipación social. Eso no significa aplaudir las medidas anti-populares ni tampoco las políticas problematizables de gobiernos clasistas y capitalistas, mas lo fundamental es no dejarse con-fundir en el marasmo opositor que capitaliza sin excepción dicha «espontaneidad» que pronto troca su ausencia de rumbo por un rumbo objetivamente entreguista y esclavizador.