El Defensor del Pueblo desvela el infierno de los centros de menores

Cuando el Estado privatiza la tortura infantil

Porque son hijos problemáticos de familias populares de bajos ingresos. Para el Estado eso es menos que nada. Y así­ los trata.

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04-02-2009
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"Ladybird, Ladybird" es una muy recomendable pelí­cula de Ken Loach donde se denuncia la insoportable crueldad del Estado cuando se convierte en padre. Un informe presentado por el Defensor del Pueblo al Congreso descorre el velo del infierno en que se han transformado los centros de menores. Suicidios, malos tratos, vejaciones, medicación indiscriminada para sedar a los niños problemáticos... La lista de agresiones, cometidas en estos supuestos centros de "protección e reeducación de menores" es espeluznante. Allí­, previa resolución judicial que arrebata su custodia a los padres y se la entrega al Estado, recalan niños y adolescentes, siempre de familias populares de bajos ingresos. Y el Estado los deglute sin misericordia, desentendiéndose de su gestión, entregada siempre a grupos privados, condenando de por vida a niños con problemas que necesitan ayuda.
 (EFE)
(EFE)
"Ladybird, Ladybird" es una muy recomendable pelí­cula de Ken Loach donde se denuncia la insoportable crueldad del Estado cuando se convierte en padre. Un informe presentado por el Defensor del Pueblo al Congreso descorre el velo del infierno en que se han transformado los centros de menores. Suicidios, malos tratos, vejaciones, medicación indiscriminada para sedar a los niños problemáticos... La lista de agresiones, cometidas en estos supuestos centros de "protección e reeducación de menores" es espeluznante. Allí­, previa resolución judicial que arrebata su custodia a los padres y se la entrega al Estado, recalan niños y adolescentes, siempre de familias populares de bajos ingresos. Y el Estado los deglute sin misericordia, desentendiéndose de su gestión, entregada siempre a grupos privados, condenando de por vida a niños con problemas que necesitan ayuda.
“Era un sufrimiento diario, un horror, el reformatorio a su lado era la gloria”. Así se expresa un adolescente que tuvo la desgracia de pasar por la Casa Joven, en Guadalajara, gestionada por la Fundación O´Belen. En otro de los centros de esta asociación se suicidó un chico marroquí de 12 años, incapaz de soportar las continuas agresiones.
No es un caso aislado, la investigación del Defensor del Pueblo demuestra que en muchos centros de menores las agresiones físicas son constantes, las incomunicaciones en celdas destartaladas se prolongan durante más de 70 horas, prácticas como atar a los niños a las camas, impedir su escolarización son comunes o atiborrar de ansiolíticos a los menores para que no creen problemas son comunes, y las condiciones, tanto de los centros como de la comida, absolutamente infames.
Todas estas espeluznantes denuncias han salido a la luz gracias a una investigación del Defensor del Pueblo provocada por las constantes denuncias presentadas por ex trabajadores de estos centros, menores que han sido víctimas de estas vejaciones, o familias de acogida de los niños.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que los centros de menores de la “España democrática” no desmerezcan en nada en comparación con infames campos de concentración infantiles franquistas como el de Paracuellos?
En primer lugar, todos los menores arrojados a estos infrahumanos centros proceden de familias de clases populares. No han cometido ningún delito, simplemente arrastran problemas psicológicos o trastornos de conducta. El Estado, vía resolución judicial, se queda con su custodia, supuestamente para “alejarlos de la mala vida” que pasan con sus padres.
Y entonces, el Estado se desentiende de su presente y futuro.
Fruto de la privatización del sector social, y desde la puesta en escena de la Ley del Menor, la gestión de estos centros de menores se entrega a supuestas “organizaciones no lucrativas”. Según los informes de la Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía, la administración subvenciona a estas organizaciones privadas con 200 euros diarios por cada menor (unos 6500 euros al mes por cada menor).
El Estado, en este caso las comunidades autónomas, concede a los gestores de estos centros de menores absoluta impunidad para dictar normas mucho más duras que los reformatorios, anulando las inspecciones.
El Estado privatiza en encarcelamiento y la tortura infantil. Y los gestores privados se lucran con un sustancioso negocio vía subvenciones públicas.
¿Y qué ocurre con los niños? Son golpeados, vejados, humillados... transformados en adultos desclasados, marginales o delincuentes.
Han sido deglutidos como personas. Su futuro ha quedado absolutamente anulado.
Porque son hijos problemáticos de familias populares de bajos ingresos. Para el Estado eso es menos que nada. Y así los trata.
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