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El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará a la UE, a sus Estados miembros y a sus transnacionales en Barcelona, por su responsabilidad en el empobrecimiento, en conflictos bélicos y éxodos masivos, en políticas migratorias, de salvamento, asilo y refugio.
Durante el resto de 2017 y 2018, el Tribunal Permanente de los Pueblos -un tribunal de opinión creado en 1979, que actúa con independencia de los Estados y responde a las peticiones de las comunidades y los pueblos cuyos Derechos Humanos han sido violados- juzgará a la UE, a sus estados miembros y a sus transnacionales por su responsabilidad tanto en el empobrecimiento de grandes regiones como en su papel en conflictos bélicos que obligan a éxodos masivos, así como por su responsabilidad en las vergonzosas políticas migratorias, de salvamento, asilo y refugio de la UE.
Desde el 8 de julio, la capital catalana se convertirá en la sede del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde presidido por juristas de reconocido prestigio internacional en materia de derechos humanos, una pléyade de organizaciones de defensa de los derechos humanos harán públicas las acusaciones y aportarán testimonios directos -tanto de migrantes como refugiados- contra las políticas de la UE, sus estados y las prácticas de sus empresas multinacionales. En el lado de la acusación, algunas de las organizaciones convocantes son la Coordinadora Europea de Vía Campesina, Institut de Drets Humans de Catalunya, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Tanquem els CIEs, o el Transnational Migrant Platform Europe.
Mediante la celebración de este juicio popular, se quiere documentar de forma rigurosa, escuchar y visibilizar los casos de violaciones de los derechos de los migrantes y refugiados, así como analizar las causas de los desplazamientos forzados, incluyendo los acuerdos de comercio e inversiones, y la actividad de las multinacionales nivel global. Con todo ello, se pretende determinar las responsabilidades de los gobiernos, incluida la UE, y visibilizar la responsabilidad también de las corporaciones en la cadena de producción global así como en el régimen de fronteras.