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El CETA es el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, a través del cual se fortalecen de forma cualitativa los intereses de los grandes capitales del otro lado del Atlántico, no sólo los de las corporaciones canadienses… sino también de las de Wall Street.
Tradados como CETA -al igual que TTIP o TiSA, ahora guardados en un cajón por la administración Trump- multiplican exponencialmente el poder de los monopolios y de las oligarquías financieras sobre la población, dotándoles de un marco legal en el que sus intereses se impongan de forma mucho más draconiana de lo que ya lo hacen.
¿Que impacto tiene sobre la vida de los ciudadanos?
El CETA -al igual que suponía el TTIP- significa un enrasamiento a la baja de los estándares de los derechos laborales, de los consumidores, de la protección de la salud o del medio ambiente. La legislación canadiense en todas estas áreas es en general similar a la estadounidense y mucho más laxa y favorable a los intereses monopolistas que la europea.
La propia Comisión Europea ha denominado a acuerdos como el CETA y el TTIP como la «nueva generación» de tratados comerciales: van más allá de eliminar aranceles y fijar cuotas, y buscan igualar las regulaciones a ambos lados del Atlántico, siguiendo la lógica monopolista de que cuanto más se armonicen más fácil, rápido y barato será el comercio.
Blindar los intereses monopolistas y del capital extranjero.
El aspecto más peligroso del CETA son los mecanismos de “protección de inversiones” (ICS por sus siglas en inglés) que establecen cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los estados en el caso en que sus intereses se vean contravenidos. Es un sistema que sustituye a las cláusulas ISDS, presentes en el TTIP, por los que los tribunales de arbitraje eran dependientes del Banco Mundial; ahora con los ICS los tribunales serán escogidos entre la UE y Canadá y existe posiblidad de apelación.
Pero aunque diluído, la esencia se mantiene. «Se trata de una ISDS zombie. Se mantienen los privilegios que permitirán a las grandes empresas reclamar millones de euros en compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero” denuncia el Observatorio Corporativo Europeo (CEO). No son extorsiones inusuales al otro lado del Atlántico: Canadá tiene pendientes 4.000 millones de euros en litigios contra multinacionales que se han acogido a las ISDS.
¿Cómo afecta a la seguridad alimentaria y al consumo?
Canadá tiene estándares de protección que no llegan a la suela del zapato de los europeos. Mientras en la UE están tajantemente prohibidos por su riesgo para la salud, en Canadá se permite desinfectar carne de pollo o ternera con cloro antes de su venta, inyectar ractopamina (una hormona estimulante del crecimiento) o utilizar colorantes que Bruselas tiene en la lista negra.
De igual manera afectará a otras áreas de consumo como el sector cosmético o farmacéutico. Aunque Bruselas insiste en que las exportaciones tendrán que cumplir las normas comunitarias, el CETA abrirá tarde o temprano las puertas del mercado europeo a miles de toneladas de mercancías consideradas -a día de hoy- no aptas por la UE.
Sobre el medio ambiente…
Cualquier normativa medioambiental que vulnere los intereses monopolistas podrá ser demandada en los tribunales, por ejemplo las numerosas iniciativas registradas por toda la geografía española contra el fracking, la extracción de gas por fractura hidráulica que significa un grave peligro de contaminación de acuíferos. En la bolsa de Toronto cotizan el 75% de las multinacionales mundiales de la minería: todas ellas se dotarán de una tiránica capacidad de dictar sus intereses en Europa y España y paralizar y derribar toda tentativa anti-fracking.
Sobre los servicios públicos y las privatizaciones…
CETA limita la capacidad de los gobiernos para diseñar servicios públicos, o adjudicar su prestación de acuerdo a criterios sociales, medioambientales o de desarrollo local. El tratado europeo-canadiense exige que no se discrimine el acceso a los mercados de servicios a empresas extranjeras. “CETA nos pedirá sacar beneficios allí donde solo debería buscarse la prestación de servicios. Acabarán recurriéndose aquellas normas que frenen el comercio”, dice la La Federación Europea de Trabajadores del Sector Público (EPSU), que asegura que acabarán primando los criterios mercantiles sobre las necesidades de los europeos y que se impulsará la privatización.
Un ejemplo claro es el turbio efecto sobre la gestión del agua; en Canadá está privatizada, así que un ayuntamiento que intente remunicipalizar el sistema público de aguas podría recibir una demanda vía ICS por perjudicar las opciones de compra de las multinacionales.
¿Es democrática y transparente la elaboración y aprobación del CETA?
El CETA se aprobó el pasado febrero en el Parlamento Europeo, pero ha de ser ratificado por los parlamentos nacionales. Sus 1600 páginas suponen el mayor acuerdo económico bilateral suscrito hasta ahora por la UE, pero los diputados no podrán leerlas antes de aprobarlas por su carácter confidencial. Tampoco se ha elaborado ningún estudio -plural y contrastado- que evalúe su impacto sobre la economía, sociedad o medio ambiente, ni tampoco (hasta ahora) se ha abierto un espacio para el debate, ni en el Parlamento, ni en los medios, ni entre la sociedad civil, para que los ciudadanos -los cuales deberían poder aprobarlo o rechazarlo en Referéndum- tengan el máximo nivel de conciencia.
Via de fortalecimiento de los intereses de EEUU en Europa.
Visto desde un punto de vista geopolítico, no parece que Canadá sea un país con capacidad de imponer un tratado desventajoso a burguesías monopolistas tan poderosas como la alemana o la francesa. Pero no es así: los grandes capitales norteamericanos están tan sumergidos en las venas de las empresas canadienses que son prácticamente una misma sangre. Unas 46.000 filiales de compañías estadounidenses basadas en Canadá podrían demandar a la UE mediante los acuerdos del CETA. El CETA -igual que el TTIP- es una puerta trasera de los intereses de las corporaciones y grandes capitales de Wall Street sobre las arterias económicas de cada país de Europa.