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23-6-2017
El Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, formado por Barcelona en Comú y el PSC, se ha conjurado para blindarse ante las presiones que sufrirán por el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre. Aunque emplean un vocabulario distinto, los dos partidos quieren evitar incumplir la ley y poner en riesgo la institución. El Consistorio espera a conocer la convocatoria para pedir un informe al secretario municipal, que asumirá como vinculante.
“Ningún ayuntamiento puede actuar al margen de la ley”, aseguran desde el mayor Consistorio catalán. Además, recuerdan que el 9-N se hizo sin la colaboración del Ayuntamiento. Aunque el sector independentista afirma que el exalcalde Xavier Trias cedió escuelas, no las abrió para votar, aseguran. Las votaciones, de hecho, se llevaron a cabo en escuelas gestionadas por la Generalitat. De hecho, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Trias afirmó que “ofreció máxima colaboración”, sin concretar.
En el equipo de la alcaldesa repiten desde hace meses el mismo argumento que defienden desde Catalunya en Comú: sí a un referéndum de autodeterminación, pero con garantías, eficaz, con reconocimiento internacional, en el que toda la sociedad se sienta representada, y que en ningún caso ponga en peligro a los funcionarios. Unas palabras que repitió el alcalde accidental, Gerardo Pisarello, tras conocerse la fecha y la pregunta. Esta postura le ha costado a Colau y los suyos reproches de quienes consideran que nadan en la ambigüedad.
Por su parte, en el PSC se refieren sin remilgos a la falta de “garantías legales” de la convocatoria del presidente Carles Puigdemont. Lo dice abiertamente el segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, y también el argumentario que el PSC ha enviado a todos sus cargos en Ayuntamientos. El partido tiene presencia en los gobiernos de las cuatro capitales de provincia catalanas. La circular del PSC defiende votar “en el marco de la ley” y rechaza la “unilateralidad” del referéndum anunciado por la Generalitat. También apela a que el 1-O “quiere ampararse en una ley que todavía no existe” y que “será inmediatamente suspendida por el Tribunal Constitucional”.
Las dos páginas distribuidas por el PSC también aluden a una figura clave en los ayuntamientos y a la que en Barcelona han acudido a consultar los dos partidos del gobierno: el secretario municipal. De hecho, este funcionario ha recibido la visita de varios partidos. Todos le preguntan lo mismo: qué pasa con el referéndum del 1 de octubre. Qué pasa si la Generalitat pide colaboración al Ayuntamiento. La respuesta es, según varias fuentes, que todavía no hay ningún requerimiento, pero que si lo hay dependerá de si es o no legal.
Otra cuestión son votaciones de proposiciones o declaraciones que no tienen repercusión ejecutiva. En estos casos, el pacto entre Colau y Collboni establece que cada uno vota por su lado. “Respecto al debate sobre el futuro político y nacional de Catalunya, […] en lo que afecte a esta cuestión cada formación política actuará y se expresará dentro del consistorio y públicamente en coherencia con su programa”, afirma el documento del pacto: “Este es un acuerdo que expresa un compromiso hecho desde Barcelona y para Barcelona”, añade.
Pendientes del 30 de junio
El escenario que plantea el documento se producirá, casi seguro, en el pleno del próximo día 30. Es muy probable que haya textos de los partidos independentistas (PDeCAT, ERC y la CUP) pidiendo apoyo al referéndum y de los partidos que rechazan el proceso político independentista (Ciutadans y PP) exigiendo que el gobierno de Colau se desmarque. Los independentistas suman 18 votos (17 si se resta el de Sònia Recasens, de la disuelta Unió), Ciudadanos y PP suman 8, Barcelona en Comú tiene 11 (que en materia de proceso no siempre votan igual) y el PSC, 4.