Asalto permitido

Desde al menos febrero, operaciones a corto plazo contra las acciones del Popular, y que apostaban por su caída, se daban de forma creciente.Y sin embargo en cinco meses la Comisión no actuó. ¿Por qué? Alguien había condenado al banco.

El 9 de junio, tras el fin del Banco Popular, toda la atención se concentraba en la caída del valor en Bolsa de Liberbank. De inmediato la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prohibía la especulación sobre sus acciones protegiendo a la entidad. Ya en julio de 2013 ese organismo había detenido durante un trimestre las operaciones especulativas sobre todas las acciones españolas.

La noche del 5 de junio Emilio Saracho, presidente del Popular intentaba que el Banco Central Europeo autorizase un préstamo de 200 millones de euros para tener liquidez. No llegó a viajar a la reunión, pues le hicieron llegar la negativa del BCE. Sin embargo pocos meses antes, la Comisión Europea acordó con el Estado italiano la recapitalización del Monte dei Paschi, y otros bancos con problemas por 20.000 millones: 100 veces lo que pedía el Popular. Y sin ir tan lejos, en marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda lanzó una línea de créditos a los ayuntamientos a un interés marcado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO); pero los Ayuntamientos no podían elegir el banco que les concedería el préstamo. Al Popular le asignaron 220 millones avalados por el Gobierno central: Pura liquidez. Así que diversos mecanismos eran posibles este junio para evitar la liquidación del Popular. Y sin embargo el miércoles 6, antes de cerrar las puertas de las oficinas, Saracho llama al ministro para informarle de que el banco no tendrá dinero en caja para abrir al público al día siguiente. Miles de millones habían sido retirados de sus cuentas, incluidos depósitos de algunos ayuntamientos y de la Seguridad Social.

No se permite elegir el futuro

En una reciente entrevista en ABC, el expresidente Angel Ron, explicaba que «cuando dejé el banco en febrero, era solvente, (…) lo que fue ratificado por el Gobierno y por los supervisores, nacional y europeo. El BCE ha insistido en que el banco entró en resolución por un problema de liquidez a causa del pánico. No de solvencia. No hay duda que el banco ha sido solvente hasta el último día.» Después Ron explica que existía un plan para conseguir la liquidez, que se estaba llevando con éxito: «Pero el plan tenía otros elementos que no se ejecutaron por el nuevo equipo, (…) con el plan, el Banco hubiese reforzado su posición, lo que le hubiese permitido elegir con libertad su futuro.» Y este parece ser el centro del asunto: el empeño de los accionistas principales del Popular en elegir su camino sin aceptar las imposiciones y pactos de la gran banca europea agrupada en torno a su lobby del BCE, y de los designios de EEUU que exige su cuota, parte de los beneficios de todo negocio hispano.

Lobos al acecho

Durante décadas el banco estuvo controlado por un grupo estable de accionistas, con fuertes lazos, cohesionados por su relación con el Opus, y encabezados por un gestor (Luis Valls) que ponía el acento en la seguridad de sus inversiones. En ese período, numerosos intentos, respaldados por sucesivos gobiernos, intentaron la absorción del Popular. El banco, rentable y con un núcleo que no daba entrada a inversores ajenos, era inasaltable. Un viraje en la gestión abrió una grieta. El sucesor de Valls se enfangó en la especulación y el ladrillo justo antes del crack de 2008. Los lobos al acecho aprovecharon: se le ofreció incorporar sus activos tóxicos (pisos parados e hipotecas incobrables) al banco malo Sareb, como hicieron otros bancos; pero a cambio debía aceptar las condiciones impuestas: supervisión de sus cuentas por entidades financieras extranjeras, tutela del BCE… en definitiva perder su independencia. Cuestión que refrendó el propio ministro de Guindos al declarar que «el Popular debió traspasar sus activos inmobiliarios al Sareb hace años». Es decir: el Popular tenía que haber aceptado las reglas de juego impuestas desde Berlín en 2012 con el rescate bancario, y permitir la entrada masiva de capital norteamericano. Ahora se lo han hecho pagar.

Cuenta atrás

La dirección del Popular no aceptó y pidió dinero a sus accionistas en una ampliación de capital. Repitió la operación a los pocos meses, cuando gran parte de las familias capitalistas de la entidad tuvieron que recurrir a préstamos de otros bancos. La grieta se abría más. Finalmente aceptaron la entrada de capital extranjero, al principio minoritario; pero tras una tercera ampliación de capital ya imposible de cubrir por el núcleo histórico, ese capital extranjero pasa a controlar el banco. Y ahora sí, débil en sus finanzas para resistir un ataque y roto el monolito de dirección al estar dividido dentro, ya se puede asaltar la fortaleza: El aún presidente proveniente de la etapa anterior Angel Ron intenta mantener el control, pero con la nueva estructura accionarial se fuerza su dimisión. En palabras de Ron en la citada entrevista: –ABC: ¿Qué falló en sus planes? Se ha escrito que usted tenía el enemigo en casa y así no se podía poner en marcha el plan… ¿Es así? Ron: «Los debates internos salieron al exterior, de forma indebida e interesada. El efecto que provocaron fue desestabilizar el banco e impedir la ejecución del plan. (…) quienes generaron aquellas noticias, pretendían acelerar mi relevo y derrumbar la acción. Consiguieron ambas cosas. Nunca entendí por qué se pararon (las medidas de liquidez), cuando advertí reiteradas veces que la gestión del tiempo en la toma de decisiones era fundamental para completar con éxito el plan.» El sector de la oligarquía que controlaba históricamente el Banco no tiene ni el tamaño ni el poder necesario para imponerse políticamente y es sacrificable.

El resto es conocido: el presidente sustituto, exdirectivo de JP Morgan, paraliza las decisiones que podrían salvar el banco y apuesta por su venta públicamente, contribuyendo a la caída de su valor. El Estado permite la especulación contra el banco. Y el BCE le cierra el acceso al crédito. Asfixiado, es entregado en bandeja por un euro a Ana Botín, quien sin tapujo alguno, al día siguiente ya calculaba en público los millonarios beneficios que espera de esta operación, reconociendo la idea de que la entidad era solvente y viable a largo plazo.

Los perdedores de la batalla

1.- 300.000 accionistas, pequeños ahorradores de menos de 10.000 euros cada uno, incluídos los empleados, lo han perdido todo.

2.- Los grandes accionistas extranjeros: El mexicano Del Valle, ligado a los Legionarios de Cristo Rey, perderá unos 500 millones. El chileno Luksic, la francesa Crédit Muttuel, aunque vendió antes del cierre en pérdidas, la alemana Allianz y algunos fondos americanos como BlackRock, o Vanguard, aunque también habían vendido parte antes del día 5.

3.- Las familias cercanas a la oligarquía, vinculadas muchas al Opus, y asociados en Unión Europea de Inversiones, y otros miembros del viejo núcleo, unos 600 millones. Muchos de ellos deben hacer frente a los créditos solicitados para entrar en las últimas ampliaciones de capital, lo que puede doblar sus deudas.

El regalo escondido

Contra lo que dice el ministro, nos costará dinero a todos. El Santander se queda con 5.200 millones de euros en Activos fiscales diferidos (Deferred Tax Assets, DTA) que tenía el Popular. Es como si a una familia que le sale a devolver en la declaración de la renta, se le permitiera guardar los recibos de luz, gas,… y poder descontarlos dentro de unos años si en una futura declaración de renta les sale a pagar, ahorrándose entonces los impuestos. En el caso de los bancos este ahorro incluye las provisiones (dinero guardado) para cubrir el riesgo de pérdidas, las aportaciones que hacen a planes de pensiones para sus empleados, y las pérdidas de ejercicios anteriores (si tienen pérdidas, aparte de no pagar impuestos pueden utilizarlas para reducir los impuestos en el futuro cuando vuelvan a beneficios). Y esto está blindado pues el Estado se compromete a abonárselo si no consiguen haberlo deducido en un plazo de 18 años… La jugada asciende a 30.000 millones para el conjunto de la banca española. Tradúzcanlo a recortes sociales.