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Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Córdoba, Zaragoza, A Coruña y Santiago de Compostela se unen para denunciar el borrador del real decreto de ley sobre pobreza energética del gobierno.
El pasado 24 de mayo se ha celebrado en el ayuntamiento de Barcelona un acto conjunto en el que representantes de los ocho ayuntamientos han manifestado su posición en contra de este nuevo proyecto de ley que regula el bono social y la figura del consumidor vulnerable.
Los ayuntamientos denuncian que con esta nueva ley serán las empresas eléctricas las que determinen si un caso se ajusta al concepto de vulnerabilidad, condición para poder tener rebaja en la factura. Además, se añade dos criterios adicionales, más allá de la situación económica y familiar: que los usuarios sean atendidos por los servicios sociales y que sea la administración autonómica o local la que se haga cargo de la mitad de factura rebajada.
El ayuntamiento de Barcelona denunció que de aplicarse esta nueva ley, quedarían excluidos el 65% de los barceloneses que a día de hoy son atendidos en los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE). Y el 40% no podría ni siquiera optar a la rebaja del 25% que tienen actualmente, una rebaja que ya de por sí es considerada insuficiente por los ocho ayuntamientos. Además, los ayuntamientos acusan al gobierno de que sólo el 45% de los que están siendo atendidos por los Servicios Sociales podrán acceder al bono social. Rafael del Castillo, representante del ayuntamiento de Córdoba, afirmó que “los criterios para obtener la condición de consumidor vulnerable son tan restrictivos que resultan insultantes”.«El nuevo proyecto de ley dejaría excluidos al 65% de las personas atendidas en los Puntos de Asesoramiento Energético (EPA)»
Mientras a las eléctricas se les han dado casi 30.000 millones a cuenta del llamado “deficit de tarifa” , el gobierno ataca a los más desfavorecidos. Los ocho ayuntamientos denunciaron explícitamente que el anteproyecto antepone la defensa de las compañías eléctricas por encima de quienes sufren por culpa de la pobreza energética. Que han decidido unirse y dar la batalla en el Parlamento, ahora que todavía se está tramitando la ley, pare impedir que se apruebe.
La unión de estos ocho ayuntamientos es un ejemplo del camino que hay que aprender, seguir y perseverar, si queremos derrotar a este gobierno al servicio de los monopolios y las eléctricas y cambiar la situación en beneficio de la mayoría de la población.