Cargando...
Los vecinos de Leganés se echan a la calle en defensa de un bloque de pisos de viviendas de protección oficial que fue vendido hace dos años a los fondos buitre. Desde entonces, estos fondos buitre han hecho la vida imposible a las familias residentes, con el fin de expulsarlas de sus casas cuanto antes.
El bloque de pisos fue vendido por el alcalde Santiago Llorente (PSOE) a METROVACESA S.A., una gestora controlada por el Banco Santander, y de ahí a TESTA RESIDENCIAL, una gestora controlada por el Santander y el BBVA. Desde el comienzo, dichas gestoras han trabajado activamente como auténticos fondo buitre, para expulsar a las casi cien familias de sus viviendas, con el fin de poder hacer negocio con sus casas.
Han subido drásticamente el precio del alquiler (entre 150 y 250 euros más, a familias de bajos recursos) o han rescindido sus contratos de alquiler. En la actualidad, 20 son las familias que ya han sido expulsadas de sus casas.
Este es uno de los casos más recientes , pero son varios los municipios madrileños donde se han llevado a cabo operaciones de este tipo, vendiendo VPO a fondos buitre, que hacen lo imposible por expulsar a los residentes y especular con sus casas ya desocupadas. Otro ejemplo son las 36 viviendas de Arroyo Culebro vendidas a Goldman Sachs. Aunque el plato gordo lo tenemos con Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, que vendió 1.860 viviendas protegidas al grupo Fidere, una sociedad de inversión inmobiliaria en manos del fondo norteamericano Blackstone.
Las VPO son viviendas destinadas a las rentas más bajas. En la Comunidad de Madrid, los contratos de alquiler son de 15 años, y una vez cumplido ese plazo, el alquilado tiene prioridad y derecho de comprar la casa si así lo desea. Sin embargo, los sucesivos fondos buitre que han ido adquiriendo estas viviendas han pasado olímpicamente de estas condiciones con el fin de expulsar a sus inquilinos y poder vender libremente sus casas.
La actual alcaldesa Manuela Carmena se ha querellado contra la venta las 1860 viviendas por tratarse de una venta ilegal. Logrando una primera e importante victoria en forma de una sentencia que obliga al grupo Fidere a mantener los contratos que adquirieron los inquilinos cuando se les otorgó las VPO y a no poder expulsarlos de sus casas.
Este es el camino a seguir. Denunciar en los tribunales cada una de las ventas de los VPO a los fondos buitre. Para que todas las VPO vendidas a estos fondos carroñeros sean devueltas, y que se mantengan las condiciones de alquiler y venta con que se ofertaron esas viviendas a sus residentes. Ya está bien de hacer negocio con un derecho tan fundamental como es la vivienda.