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En muchas de las desapariciones forzosas, además de las mafias y de las tramas del narcotráfico, se vislumbra la mano del propio Estado mexicano, de los gobernadores o de la policía.
La nueva Ley contra Desapariciones Forzadas ofrece ventajas a la lucha contra la impunidad, pero esta muy lejos de las expectativas de las organizaciones de familiares de desaparecidos.
Tras la exigencia de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos, el Senado mexicano ha aprobado la Ley General de Desaparición Forzada perpetrada por agentes del Estado, que prohíbe que los casos de desaparición forzada puedan archivarse o se puedan aplicar amnistías, indultos o medidas de impunidad. El texto aprobado garantiza que los familiares de las víctimas «estén informados en todo momento» de las investigaciones y les concede el derecho de participar en la búsqueda directa, y contempla penas de 40 a 60 años de prisión para los culpables de desaparición forzosa.
La desaparición de personas ha tomado en México unas dimensiones terroríficas. De acuerdo a las cifras oficiales, actualmente en México se desconoce el paradero de al menos 30.973 personas, pero se reconoce que es un número estimativo: en realidad son muchas más. En muchas de esas desapariciones forzosas, además de las mafias y de las tramas del narcotráfico, se vislumbra la mano del propio Estado mexicano, de los gobernadores o de la policía.
El ejemplo más sangrante -que sacude sin descanso la conciencia de todo el país tras dos años y medio- es el ‘caso de los 43 de Ayotzinapa’. En septiembre de 2014, la policía municipal de Iguala y el ejército mexicano -bajo las órdenes del gobernador local- persiguieron y atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dejando un saldo de 9 muertos y 43 estudiantes desaparecidos, de los que no se volvió a saber nada. Todas las exigencias de sus familiares por saber el destino de sus hijos han recibido las más torticeras e hipócritas maniobras de ocultación por parte de la corrupta justicia mexicana.
Las organizaciones de derechos humanos y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, una plataforma que integra a decenas de asociaciones de familiares de desaparecidos, ha mostrado su frustración con la ley final. “Si bien se creará una comisión. Esta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación”, dijeron en un comunicado. Sobretodo, los familiares exigen garantías que permitan acabar con la impunidad de las autoridades, de los fiscales o de los jefes de policía, cuando éstos son los auténticas criminales en el caso de las desapariciones forzosas.