Carmena investiga la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre

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02-03-2017
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La comisión municipal que investigará la venta de vivienda pública a fondos buitre echa a andar en el Ayuntamiento de Madrid con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos
 Carmena investiga la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre
La comisión municipal que investigará la venta de vivienda pública a fondos buitre echa a andar en el Ayuntamiento de Madrid con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) vendió 1.860 pisos en 2012 y 2013 de manera irregular prescindiendo de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y realizó la venta “sin la existencia de pliegos de condiciones” y “sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar”. Es la primera conclusión de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de Madrid.

La Cámara de Cuentas ha analizado las operaciones de venta de un total de 6.844 inmuebles con protección oficial por valor de 261 millones de euros. De ellos, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y en arrendamiento con opción a compra que fueron a parar a Fidere, perteneciente a Blackstone, la principal firma de capital riesgo del mundo, por 128,5 millones de euros. Un precio por debajo de su valor. Al acabar 2015 el valor de mercado de esas viviendas era, según el mismo fondo de 100 millones más.

El resultado de estas operaciones fue, por una parte, provocar un agujero económico en la empresa municipal EMVS. Pero sobre todo, un calvario para las familias que vivían en esas viviendas.

Los nuevos propietarios buitre iniciaron una escalada de precios, subiendo los alquileres hasta un 42% ahogando a las familias, y de desahucios. Llevados a cabo, como reveló en su día la concejal de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras, con la complicidad del Ayuntamiento dirigido por Ana Botella para facilitar los desahucios y cambiar el artículo 18 del Reglamento de Vivienda con el objetivo de impedir el derecho a compra de los inquilinos.

El Ayuntamiento se comprometía a colaborar para realojar a los desahuciados por el fondo buitre de sus casas de protección oficial en otras viviendas de la Empresa Municipal. Los fondos evitaban así “asumir el coste social” de echar a las familias.

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COMENTARIOS

sargento arensivia el de la cia (invitado) 04-03-2017 01:13

Dales Carmena,dales duro,que hay que arreglar los desaliños peperos