Los ayuntamientos del cambio reducen la deuda

La ayuntamientos del cambio aumentan el gasto social a la vez que reducen la deuda heredada del bipartidismo

En el último año y medio la gestión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid (C. Cifuentes, PP) aumentó la deuda en 2.400 millones. En el mismo tiempo la alcaldesa Manuela Carmena ha logrado reducir la deuda de la capital en más de 900 millones de euros. Y esto haciendo que el gasto social creciese en un 26% y las inversiones en los distritos subieran un 60%. Una auténtica bofetada al mito de que para mejorar la atención y los servicios sociales hay que endeudarse, idea que sólo busca ocultar que realmente hay mucho dinero, y que el problema es redistribuirlo en función de la mayoría y no despilfarrarlo para unos pocos.

El ayuntamiento madrileño ha impuesto una política de austeridad en lo supérfluo, renunciando por ejemplo a los palcos reservados en la Plaza de toros o en el Teatro Real, permitiéndose bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 7 %. (Este año el IBI aún bajará más para los vecinos de 22 barrios de Madrid). Han creado incentivos para obras de rehabilitación y aumentado la bonificación por la instalación de sistemas de energía solar. Los impuestos que suben son sobre los coches de lujo, y a las entidades bancarias que pagarán por la ubicación de cajeros automáticos en la vía pública.

La alcaldesa anunció que sólo cambiará nombres de calles en base a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pero no modificará otras denominaciones o símbolos en calles o instituciones, y que no retirará el retrato del rey Felipe VI del Salón de Plenos.

Se han paralizado proyectos que anunciaban un desastre económico («Ciudad de la Seguridad») o el exclusivo beneficio de unos pocos, se ha reducido el gasto suntuario e innecesario, bajan las tasas e impuestos para la mayoría, sube el gasto social y baja el endeudamiento. Su cambio se dirigie a lo que de verdad interesa a la mayoría evitando la divisón en cuestiones secundarias.

Barcelona no se queda atrás

En esto es en lo que aún sigue cayendo el ayuntamiento de Barcelona, enredándose en polémicas que no unen a la mayoría de los ciudadanos y distrayendo de una gestión que puede presumir en lo económico y social de ser tan eficaz como la de Carmena en Madrid. En Barcelona el número de asesores ha sido reducido en un 60%, los sueldos de los gerentes municipales un tercio menos, la alcaldesa y los miembros de BComú cobran 2.200 euros netos mensuales (la tercera parte que los anteriores gestores de Convergencia). Han aprobado una norma que prohíbe al Ayuntamiento de Barcelona contratar a empresas que usen filiales en paraísos fiscales para evadir o blanquear capitales. Han creado la Oficina de Transparencia para que los ciudadanos denuncien prácticas corruptas, y un código ético pionero de obligado cumplimiento para todos los cargos electos y los directivos de las 42 empresas y entes municipales: prohibirá que los altos cargos públicos utilicen su cargo para ponerse al servicio de la empresa privada, los viajes innecesarios y recibir regalos de más de 50 euros.

Ante el acuciante problema de escasez y encarecimiento de la vivienda en la ciudad, el Consistorio barcelonés ha ejercido por primera vez el derecho de retracto -anulando una compraventa entre privados- y ha adquirido un edificio destinado a albergar pisos turísticos para uso como viviendas sociales. Desde el municipio han conseguido parar más de 100 deshaucios al mes: atendieron a 4.200 personas en un año, la mayoría se logró parar o aplazar la ejecución hipotecaria, mientras que el resto se resolvieron con alquileres sociales o con ayudas al alquiler, incluso comprando un bloque entero. Y ha abierto 250 expedientes para multar a grandes propietarios que tienen pisos vacíos desde hace más de dos años.

Reducir el endeudamiento público para liberar los cientos de millones que en intereses se llevan los bancos, y ahorrar en los gastos innecesarios para poder bajar los impuestos y tasas, aumentando las inversiones y gastos sociales. Un notable cambio de rumbo en algunos ayuntamientos.