Sanidad a debate

Médicos, jubilación forzosa

La jubilación forzosa de los médicos a los 65 cuando faltan médicos no deja de ser una paradoja aparente

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01-02-2009
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El envejecimiento de colectivo médico español es un fenómeno homogéneo en toda la geografí­a de nuestro paí­s, lo mismo que los intentos, en algunos sitios paralizados, de conseguir la pre-jubilación de estos profesionales a los 65 años. Una medida totalmente contradictoria con las previsiones para los próximos años, en que la falta de profesionales será la norma. Es precisamente en las previsiones para los próximos años, pero no las que atañen a las necesidades sanitarias de la población, sino de las necesidades contables de las administraciones públicas donde hay que encontrar la respuesta. El envejecimiento de colectivo médico español es un fenómeno homogéneo en toda la geografí­a de nuestro paí­s, lo mismo que los intentos, en algunos sitios paralizados, de conseguir la pre-jubilación de estos profesionales a los 65 años. Una medida totalmente contradictoria con las previsiones para los próximos años, en que la falta de profesionales será la norma. Es precisamente en las previsiones para los próximos años, pero no las que atañen a las necesidades sanitarias de la población, sino de las necesidades contables de las administraciones públicas donde hay que encontrar la respuesta.
        Lo que se está haciendo es ir aplicando en el tiempo y el espacio, desde 2004 y comunidad por comunidad, lo que en su conjunto es un atentado a la sanidad pública y sus profesionales y podría generar una oleada de movilizaciones.
        En Madrid se prevé que entre 2008 y 2018 se jubilen más de 2.100 galenos. La situación ha sido, en Cataluña, calificada de "alarmante". La edad media de los colegiados de Barcelona es de 48 años, el 35% ya supera los 50 y se prevé las jubilaciones se incrementen un 184% en 2015. Cataluña fue
        la primera autonomía que aplicó, en 2004, la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario que prevé la jubilación forzosa de todos los trabajadores de los centros sanitarios públicos a los 65 años salvo algunas excepciones. Luego se sumó Andalucía. En Cataluña la medida se justificó en su momento con el relevo generacional de la estructura directiva sanitaria. El primer año se “prejubilaron” 332 médicos catalanes (105 especialistas de hospitales, un 35% de ellos con cargo de jefe de servicio, y 227 de atención primaria) y 432 andaluces (306 de hospital, de ellos el 28% jefes de servicio, y 126 de primaria). En tanto estas bajas se produjeron sin que existiera un plan de recursos humanos previo, como marca la ley, 187 médicos catalanes afectados interpusieron un recurso en los tribunales.

        ¿Dónde recalan los médicos prejubilados? En la privada, donde no hay límite de edad para ejercer. Por ello, los directivos de las grandes hospitales privados denuncian el enorme capital humano que se está desperdiciando al jubilar a los profesionales a los 65. Las aseguradoras llaman directamente a los colegios de médicos para hacerse con sus servicios, y entre el 80% y el 90% de los médicos jubilados a la fuerza en Cataluña ponen su experiencia al servicio del sector privado, lo cual es un
         absoluto atentado personal y colectivo. La denuncia de un anestesista así lo reflejaba: “Nos echaron de forma deshumanizada. Casi tuvimos que salir por la puerta de atrás, sin casi dejar que nos despidiéramos de nuestros compañeros después de trabajar durante 40 años en el hospital y contribuir con ello a elevar el nivel científico de estos centros”.
 
         La respuesta a la paradoja nos la dio la propia consejera de salud catalana, Marina Geli, cuando afirmó que el déficit de médicos en Cataluña se alargaría durante una década y que su departamento se estaba planteando presentar ofertas en origen en varios países de Europa, al tiempo que “optimizar al máximo las actuales plantillas de que disponen los centros sanitarios para limitar el impacto de este déficit de médicos”. O sea, los médicos se traen en lo fundamental de fuera, se forma el mínimo imprescindible (en las facultades de medicina entra sólo uno de cada cuatro candidatos), las plantillas se quedan reducidas para exprimirles el máximo rendimiento posible durante su vida laboral, y se reestructura a los cargos directivos degradando o jubilando a los más viejos.
       El ICS llegó a formalizar un pacto con los sindicatos (excepto con el de Médicos de Cataluña) por el cual excluía de la jubilación forzosa a médicos de ciertas especialidades que son de difícil reposición (médicos de familia, obstetras y ginecólogos, anestesistas, psiquiatras, radiólogos y pediatras) que demostrasen que mantenían su competencia y que aceptaban ciertas condiciones que degradaban su status. A saber: sólo podían realizar labores asistenciales y no directivas y en los centros en los que hubiera necesidades. O sea, el ICS podría destinar al profesional a otros centros, servicios o establecimientos en los que hubiera necesidades asistenciales, sin que esto se le compensase en forma alguna. El sindicato Médicos de Cataluña denunció ya que la posibilidad de pedir prórrogas debía de beneficiar a cualquier médico sin que ello supusiera discriminarle en sus condiciones de trabajo ni se le expusiera a la movilidad obligatoria. De momento esto está paralizado por una sentencia del Tribunal Superior.
 
        Lo que se está haciendo es ir aplicando en el tiempo y el espacio, desde 2004 y comunidad por comunidad, lo que en su conjunto es un atentado a la sanidad pública y sus profesionales y podría generar una oleada de movilizaciones.
        En Madrid se prevé que entre 2008 y 2018 se jubilen más de 2.100 galenos. La situación ha sido, en Cataluña, calificada de "alarmante". La edad media de los colegiados de Barcelona es de 48 años, el 35% ya supera los 50 y se prevé las jubilaciones se incrementen un 184% en 2015. Cataluña fue
        la primera autonomía que aplicó, en 2004, la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario que prevé la jubilación forzosa de todos los trabajadores de los centros sanitarios públicos a los 65 años salvo algunas excepciones. Luego se sumó Andalucía. En Cataluña la medida se justificó en su momento con el relevo generacional de la estructura directiva sanitaria. El primer año se “prejubilaron” 332 médicos catalanes (105 especialistas de hospitales, un 35% de ellos con cargo de jefe de servicio, y 227 de atención primaria) y 432 andaluces (306 de hospital, de ellos el 28% jefes de servicio, y 126 de primaria). En tanto estas bajas se produjeron sin que existiera un plan de recursos humanos previo, como marca la ley, 187 médicos catalanes afectados interpusieron un recurso en los tribunales.

        ¿Dónde recalan los médicos prejubilados? En la privada, donde no hay límite de edad para ejercer. Por ello, los directivos de las grandes hospitales privados denuncian el enorme capital humano que se está desperdiciando al jubilar a los profesionales a los 65. Las aseguradoras llaman directamente a los colegios de médicos para hacerse con sus servicios, y entre el 80% y el 90% de los médicos jubilados a la fuerza en Cataluña ponen su experiencia al servicio del sector privado, lo cual es un
         absoluto atentado personal y colectivo. La denuncia de un anestesista así lo reflejaba: “Nos echaron de forma deshumanizada. Casi tuvimos que salir por la puerta de atrás, sin casi dejar que nos despidiéramos de nuestros compañeros después de trabajar durante 40 años en el hospital y contribuir con ello a elevar el nivel científico de estos centros”.
 
         La respuesta a la paradoja nos la dio la propia consejera de salud catalana, Marina Geli, cuando afirmó que el déficit de médicos en Cataluña se alargaría durante una década y que su departamento se estaba planteando presentar ofertas en origen en varios países de Europa, al tiempo que “optimizar al máximo las actuales plantillas de que disponen los centros sanitarios para limitar el impacto de este déficit de médicos”. O sea, los médicos se traen en lo fundamental de fuera, se forma el mínimo imprescindible (en las facultades de medicina entra sólo uno de cada cuatro candidatos), las plantillas se quedan reducidas para exprimirles el máximo rendimiento posible durante su vida laboral, y se reestructura a los cargos directivos degradando o jubilando a los más viejos.
       El ICS llegó a formalizar un pacto con los sindicatos (excepto con el de Médicos de Cataluña) por el cual excluía de la jubilación forzosa a médicos de ciertas especialidades que son de difícil reposición (médicos de familia, obstetras y ginecólogos, anestesistas, psiquiatras, radiólogos y pediatras) que demostrasen que mantenían su competencia y que aceptaban ciertas condiciones que degradaban su status. A saber: sólo podían realizar labores asistenciales y no directivas y en los centros en los que hubiera necesidades. O sea, el ICS podría destinar al profesional a otros centros, servicios o establecimientos en los que hubiera necesidades asistenciales, sin que esto se le compensase en forma alguna. El sindicato Médicos de Cataluña denunció ya que la posibilidad de pedir prórrogas debía de beneficiar a cualquier médico sin que ello supusiera discriminarle en sus condiciones de trabajo ni se le expusiera a la movilidad obligatoria. De momento esto está paralizado por una sentencia del Tribunal Superior.
 
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