Prestige

Justicia de chapapote

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14-11-2013
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No hay culpables. Nadie es responsable de la mayor catástrofe ecológica de la historia de España: el Prestige. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a las autoridades administrativas y polí­ticas de la gestión que hicieron del desastre y condena a una pena irrisoria de 9 meses al capitán del barco. La justicia española se ha cubierto de chapapote.
 ¿Por qué no están sentadas en el banquillo esas "otras autoridades"?
¿Por qué no están sentadas en el banquillo esas "otras autoridades"?
No hay culpables. Nadie es responsable de la mayor catástrofe ecológica de la historia de España: el Prestige. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a las autoridades administrativas y polí­ticas de la gestión que hicieron del desastre y condena a una pena irrisoria de 9 meses al capitán del barco. La justicia española se ha cubierto de chapapote.

Años después de una de las mayores tragedias ecológicas que ha sufrido Europa, para la justicia española no hay nada que reprochar ni a dirigentes polí­ticos ni autoridades del barco, que no actuaron, según la sentencia, "ni con imprudencia, ni de forma dolosa". Es más, según el tribunal, la gestión hecha aquellos dí­as fue "consciente, meditada y en gran parte eficaz dentro del desastre". La Administración gestionó el accidente "con profesionalidad, adecuación y en condiciones muy desfavorables". 

Así pues, para los jueces el azar y la mala suerte fueron los únicos responsables de una marea negra de chapapote que inundó el Atlántico durante meses.


"La coherencia no es una de las principales virtudes de la sentencia" La sentencia acusaba a la armadora norteamericana Universe Maritime (uno de los líderes mundiales en el sector de la navegación mercante), y a la firma que expidió su último certificado de navegabilidad, la clasificadora American Bureau of Shipping, de fletar un barco en tan malas condiciones que nunca tendría que haber obtenido, salvo de forma fraudulenta, los permisos para navegar. Sin embargo, ni la justicia ni el Estado español tuvieron la voluntad y la fuerza política para sentar a ninguna de las grandes empresas norteamericanas -verdaderos buitres carroñeros del mar- en el banquillo de los acusados. ¿Cómo es posible que los dos principales responsables de una catástrofe que ha costado al Estado más de 4.500 millones de euros se salgan de rositas?

Decían en su sentencia los tres magistrados del tribunal, que se apreció “falta de rigor en la gestión administrativa y formal de la crisis” por parte del gobierno. Pero que no se ha demostrado que ello “tuviese incidencia alguna en el agravamiento” de la catástrofe. ¿Cómo se explica que una gestión poco rigurosa, es decir, poco estricta y exigente no tenga ninguna incidencia? La coherencia no es una de las principales virtudes de la sentencia. Pero además, al absolver al tercer acusado, el entonces director de la Marina Mercante, añadió que la responsabilidad sobre la gestión de la catástrofe dependía “directamente de otras autoridades tan o mejor asesoradas que el acusado y con posibilidad de influir en que la crisis y su resolución” fuera “mucho más rápida y eficaz”. ¿Por qué entonces no están sentadas en el banquillo esas “otras autoridades”?

Para reforzar los argumentos absolutorios, la sentencia aducía como prueba la recuperación económica y ambiental del litoral afectado. No hay datos que demuestren la “persistencia” de los daños, destacaba. 

Nadie sabe, a día de hoy, los efectos del vertido: las investigaciones científicas se pararon en seco desde 2006. Lo que ha ocurrido en estos siete años -y seguramente siendo ocurriendo hoy- es un misterio. La sentencia decía que Galicia “se recuperó del todo” y que “nadie demostró la persistencia” de los efectos medioambientales de la catástrofe. Pero científicos e investigadores ponen en duda ambas afirmaciones. Denuncian que se cortaron los grandes planes de investigación. Algunos centros, como la facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, han seguido investigando por su cuenta las consecuencias del vertido, y sus trabajos aportan evidencias de la persistencia en el largo plazo de sus efectos. Pero las autoridades, empezando por la Xunta de Galicia, no les permiten divulgar las conclusiones de sus estudios.

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