La Ley Lassalle

Guerra en la red

Una agresión sin precedentes a la libertad de expresión

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16-04-2013
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La ley Lasalle, segunda parte de la polémica ley Sinde, se ha puesto en contra a todos los sectores audiovisuales.
 José Marí­a Lassalle
José Marí­a Lassalle
La ley Lasalle, segunda parte de la polémica ley Sinde, se ha puesto en contra a todos los sectores audiovisuales.

Una reforma que no quieren los usuarios pero tampoco la industria. Incluso entidades como la SGAE se han mostrado en contra aunque por motivos distintos. Entonces ¿a quién beneficia esta nueva ley?

La situación de la propiedad intelectual en España es una de las prioridades del Gobierno de Estados Unidos desde hace más de una década. España está incluida en el Informe 301, la lista negra de países con más descargas ilegales, publicado por la Oficina de Comercio estadounidense cada año. Este informe recoge las estrategias y valoraciones de grupos de presión privados sobre la protección del copyright norteamericano en diferentes países del mundo. La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) es el principal promotor de este informe. IIPA es una coalición privada formada por diferentes lobbies sectoriales como la Motion Picture Association of America (MPAA), Recording Industry Association of America (RIAA) o Business Software Alliance (BSA) entre otros. 

Según los cables de Wikileaks la Ley Sinde-Wert  se aprobó por presiones de la embajada sobre los gobiernos de Zapatero y Rajoy.  Anteriormente Christopher Dodd, presidente de la Motion Picture Association of America (MPAA) se reunió en privado con el presidente Mariano Rajoy para pedirle un nuevo cambio legislativo en favor de los intereses comerciales de EEUU.

 La influencia de la MPAA sobre el nuevo borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, filtrado el viernes por Ibercrea es directa. Las reglas en internet no están todavía claras y ganará quien mejor juegue sus cartas en la guerra por las descargas.

La Ley Lasalle obligará a los operadores de telecomunicaciones a identificar a los usuarios que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Es decir si colgamos un enlace a una descarga ilegal dentro de una web, cualquier empresa relacionada con esa web, desde la agencia de publicidad que ha puesto el banner hasta el servicio de alojamiento web, el banco que gestiona el pago de ambos servicios o el operador que nos da la conexión están obligados a revelar nuestra identidad, sea la IP, el dominio, o una URL. De aprobarse, esta medida convierte a Paypal, a Adsense o a Telefónica en policias. 

El anteproyecto de ley también contempla la revisión del concepto de copia privada. El cambio más importante es que las personas jurídicas ya no tienen derecho a la copia privada. Los particulares también ven restringidos sus derechos. Las descargas de Internet serían, esta vez sí, ilegales, y no legales como hasta ahora. El gobierno no pagará, o pagara menos en concepto de canon compensatorio por copia privada a las asociaciones de artistas. Y la Comisión Sinde podrá perseguir y, en última instancia, ilegalizar los sites de enlaces. Por el contrario esta medida no afectará a Google u otros buscadores. El borrador sigue contemplando el cierre cautelar de sitios web si están alojados en España al margen de la decisión de un juez. 

El abogado de la propiedad intelectual Carlos Sánchez Almeida advierte de que el borrador supone una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, y aún más, a la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica garantizada por el artículo 20 de la Constitución

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