SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

Tecnocracia o plutocracia

La República

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05-01-2013
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http://www.republica.com/2013/01/03/tecnocracia-o-plutocracia_596239/ http://www.republica.com/2013/01/03/tecnocracia-o-plutocracia_596239/

La prensa ha publicado recientemente, quizá sin la relevancia adecuada, un hecho de una gran trascendencia, en especial por lo que tiene de símbolo y de clara expresión de hasta qué punto se ha llegado con la Unión Monetaria en la distorsión de los principios políticos y democráticos. La Ley de Presupuestos para 2013 extiende, como viene siendo habitual, al Banco de España y a cualquier organismo público, las medidas de austeridad que tienen que cumplir este año las Administraciones públicas. Ahí ciertamente no radica la noticia. Esta se encuentra en que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, haya advertido al Gobierno español de que la medida vulnera la autonomía e independencia del Banco de España (BE) y que esta institución no está obligada a cumplirla.

Parece imposible que algo así se pueda dar en la vieja Europa. Tras aprobarse el Tratado de Maastricht en 1992, escribía yo en el diario El Mundo: “Aun conociendo el sesgo economicista del Mercado Común y los intereses que subyacen tras todas sus normas e instituciones, resulta difícilmente comprensible cómo doce países, teóricamente paradigmas de la democracia occidental, alumbran un sistema tan profundamente antidemocrático como el diseñado para el futuro Banco Central Europeo, al que se configura como órgano autónomo e independiente. ¿Independiente de quién?, ¿de dónde le vendrá su legitimidad?, ¿ante quién responderá democráticamente?, ¿en función de qué criterios ideológicos adoptará sus decisiones? Existe una predisposición clara a la tecnocracia y una desconfianza radical hacia todo poder político y democrático, como si la técnica y cierta ciencia económica fuesen neutrales”. Las consecuencias eran evidentes; pero así y todo creo que nunca imaginamos hasta qué punto iba a ser cierto que los poderes democráticos quedasen desplazados por instituciones tecnocráticas y con qué grado de descaro y de cinismo iban a actuar los mandatarios del capital.

Draghi, sin pudor alguno, se superpone a las Cortes españolas -en teoría al menos, representantes de la soberanía popular- y les indica lo que pueden y no pueden hacer, y se coloca en lugar de los tribunales españoles dictaminando si es legal o no que la medida afecte al BE. La desvergüenza es tanto mayor cuanto que es el propio BCE el que ha impuesto los criterios de austeridad a todas las Administraciones públicas, sin importarle demasiado si el sistema sanitario va a quedar gravemente dañado, si los recortes van a condenar a las generaciones futuras a una educación deficiente, si la justicia no va a poder cumplir su cometido, si los ancianos van a morir en el abandono y la pobreza, y si la Administración tributaria no va a contar con los recursos suficientes para controlar el fraude fiscal. Por indicaciones del BCE, se puede destruir toda la Administración pública y con ella todos los servicios que necesitan los ciudadanos para vivir en un Estado social y de derecho, pero, eso sí, que nadie ose tocar al BE ya que este debe ser autónomo e independiente.

Los recursos que maneja el BCE son propiedad de los contribuyentes de todos los países miembros, también de España, Grecia, Italia, Portugal o Irlanda, y deberían ser los poderes políticos democráticos de estos países los que tendrían que controlar al BCE y no a la inversa, habrían de determinar cómo se utilizan esos recursos, cuál debería ser la política aplicada por esta institución e incluso el sueldo y las condiciones económicas de su presidente y demás funcionarios.

No somos conscientes de la medida en que se están distorsionando los principios políticos que, al menos desde la Ilustración, se tenían como acervo común de los países occidentales, especialmente de los europeos. Se pretende hurtar a los poderes democráticos las decisiones económicas, situándolas al margen de las presiones populares, para cederlas en exclusiva a órganos supuestamente neutrales e independientes. El modelo del BCE se exporta a todos los órganos reguladores: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Energía, etc. Incluso desde Bruselas se intenta imponer a todos los países el llamado Consejo Fiscal, una especie de organismo independiente de los poderes políticos encargado de garantizar que los recortes presupuestarios se llevan a cabo cueste lo que cueste. No basta ya con dejar la política monetaria al margen de las influencias de las sociedades, sino que se trata de alejar de la voluntad de los ciudadanos y de sus representantes legítimos todas las decisiones económicas importantes, desde el diseño del mercado laboral hasta el sistema de pensiones, pasando por la configuración del sistema tributario.

Hoy, a los términos de autonomía e independencia política se les otorga el marchamo de la objetividad. Pero la neutralidad no existe. El fin de las ideologías es tan solo el triunfo de una ideología, la que beneficia a los intereses económicos. La tecnocracia es en definitiva plutocracia y las medidas que propugna como técnicas y científicas están ancladas en la ideología más conservadora y retrógrada, puro neoliberalismo económico. Las instituciones europeas y sus organizaciones satélites en los países miembros son tan solo el consejo de administración de las fuerzas económicas. El Banco de España ha sido siempre la patronal de las instituciones financieras y el principal centro de emisión de cultura económica reaccionaria. ¿Y los poderes políticos nacionales? Existe la sospecha de que la mayoría de ellos están encantados porque la coartada de la Unión Europea les permite aplicar las medidas que de otra manera las sociedades nunca les hubieran consentido.

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