Baleares. Deslocalización de El Caserí­o

Del Caserí­o me fí­o, de Kraft no

La consigna de CCOO: "Si Kraft se va, el Caserí­o se queda" no puede quedarse en un brindis al sol, se tiene que transformar en medidas concretas.

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20-01-2009
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1992. La familia Montañés, propietaria de una empresa, El Caserí­o, que facturaba 10.000 millones de pesetas anuales, tení­a el 74% del mercado español de su especialidad y exportaba a diferentes partes del mundo, de la noche a la mañana se convertí­a al ramo de la hostelerí­a y, por 30.000 millones, la tercera multinacional del mundo de la alimentación se quedaba con un sí­mbolo de la alimentación española. 1992. La familia Montañés, propietaria de una empresa, El Caserí­o, que facturaba 10.000 millones de pesetas anuales, tení­a el 74% del mercado español de su especialidad y exportaba a diferentes partes del mundo, de la noche a la mañana se convertí­a al ramo de la hostelerí­a y, por 30.000 millones, la tercera multinacional del mundo de la alimentación se quedaba con un sí­mbolo de la alimentación española.
Cuando en 1992 el gobierno de Felipe González aprobaba la venta de Industrial Quesera Menorquina, propietaria de la histórica marca El Caserío, estaba tan sólo cumpliendo su misión de convertir España en “La Florida” europea de acuerdo a las exigencias de las multinacionales europeas.

Dieciséis años después, la empresa factura 16.000 toneladas anuales de quesitos, lonchas y queso rallado en tres centros (Menorca, León y Cataluña) donde emplea a 163 puestos directos y recibe de 220 explotaciones ganaderas el cuajo. Resulta que no es rentable y la multinacional en cuestión (Kraft) quiere trasladar su producción a Bélgica. Una jugada enmarcada en la deslocalización que afecta a otras muchas emprsas nacionales, en este caso para reducir costes de producción y transportes, concentrando la producción en factorías más cercanas a las redes de distribución europeas… de la multinacional.

La consigna de CCOO: "Si Kraft se va, el Caserío se queda" no puede quedarse en un brindis al sol, se tiene que transformar en medidas concretas. ¿Cuántas veces hemos oído lo de “,,, no se cierra” y al final se cerró?. Si el gobierno (nacional o autonómico) está dispuesto a entrar en el accionariado de los bancos y cajas de ahorro para asegurar su estabilidad, ¿por qué no exigirle que entre en El Caserío? Al fin y al cabo, es una empresa rentable para el país y para los trabajadores baleares. De hecho, ha estado sólo 16 años en manos extranjeras y treinta (desde su fundación hasta su venta) en manos de la familia que la fundó.
 
Claro que es posible. Fíjense, la noticia del cierre de todo un símbolo de las Baleares coincidió recientemente con la pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Palma contra Jaume Massot, el capo de  Urbanismo del Gobierno balear de Jaume Matas (PP), por corrupción urbanística. Será juzgado también por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas. Recupérese el dinero robado, redúzcanse los gastos superfluos y suntuosos de las administraciones y redistribúyanse en empleo productivo. Los cierres y la corrupción son hijas de una misma traición, la de convertir España en un país de servicios, turismo y construcción. Ahora,  que paguen lo robado para invertirlo en empleo. Lo mismo que se expropia a los capos del narcotráfico para invertirlo en rehabilitación.
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