Ley de Dependencia

o como recortar el Estado del Bienestar

Diversas asociaciones y profesionales han expresado sus quejas sobre el retraso en la publicación de los diferentes estudios y estadí­sticas oficiales sobre la dependencia en España.

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18-01-2009
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La publicación provisional el pasado mes de noviembre de la última estadí­stica sobre la situación de la discapacidad en España ha levantado la polémica entre los sectores afectados por haberse publicado tras la aprobación de la Ley de Dependencia. Diversos sectores profesionales y asociaciones de afectados se preguntan cuales son los criterios y la dotación presupuestaria que ha empleado el gobierno para su elaboración. La publicación provisional el pasado mes de noviembre de la última estadí­stica sobre la situación de la discapacidad en España ha levantado la polémica entre los sectores afectados por haberse publicado tras la aprobación de la Ley de Dependencia. Diversos sectores profesionales y asociaciones de afectados se preguntan cuales son los criterios y la dotación presupuestaria que ha empleado el gobierno para su elaboración.
Mientras el gobierno de Zapatero insiste en que, a pesar de la recesión que atraviesa la economía española y a pesar de haber tenido que rectificar unos presupuestos aprobados hace unas pocas semanas, van a “mantener el gasto social”. Ante estas declaraciones, recientemente ratificadas por el Vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, cabe preguntarse, en primer lugar, a que se refieren cuando hablan de gasto social y con que criterios lo calculan.
Estadí­sticas, previsiones y cálculos presupuestarios.
Desde mediados de los años 80, vienen realizándose estudios y estadísticas sobre la situación de la discapacidad en España. Desde ese momento, el Instituto Nacional de Estadística, ha publicado dos y, con el provisional de noviembre de 2007, serán tres. En términos técnicos, puede ser un buen criterio hacer un estudio de esta amplitud cada quince años, puesto que este es el plazo de una generación de población desde un punto de vista demográfico.
Sin embargo, llama la atención que la Ley de Dependencia se haya establecido antes de publicar la primera oleada de este tercer estudio.
En 1986 se realizó la primera edición de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías en España. Este estudio situó la cifra de discapacitados en torno a los cinco millones de personas. Es decir, el 15% de la población española de ese momento.
Trece años después, en 1999 se publicó la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud Mental. En esta segunda oleada se cambiaron los criterios de valoración y en un país con mas población y mas envejecida, la cifra de discapacitados se redujo a tres millones, representando un 9% de la población.
A enero de 2009, aún no se han publicado los resultados definitivos de la tercera oleada, realizada entre el cuarto trimestre de 2007 y el primero de 2008 y que se denomina Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia.
La otra lectura de la realidad.
Todos los expertos coinciden en que la segunda oleada de 2009 ha sido una referencia a la hora de elaborar presupuestos sanitarios y políticas públicas para atender a la dependencia. Máxime porque se trata del último estudio realizado antes de la culminación de las trasferencias a las comunidades autónomas en materia de sanidad.
Sin embargo, una década después, España sigue siendo el segundo país de Europa que menos porcentaje dedica a la atención a la discapacidad. Y las previsiones de la nueva ley no permiten pensar que esa tendencia vaya a cambiar en los próximos años.
Según diversas estimaciones, el 78,5% de los discapacitados reciben las ayudas del ámbito familiar directo y únicamente un 7,4% de estas ayudas son de provisión pública.

Asimismo, es apreciable que el desarrollo desigual, que tiende a aumentar, entre los servicios sanitarios y los sociales, puede llegar a convertirse en uno de los mayores problemas a la hora de aplicar cualquier política para la protección de las personas dependientes. Esto puede deberse a que mientras que la sanidad es un servicio de carácter universal y gratuito, reconocido como derecho legal para todos los ciudadanos, los servicios sociales son de carácter graciable y, en consecuencia, no pueden ser exigidos por usuarios lo mismo que pueden exigir que se les atienda en un hospital o en cualquier centro del sistema de la sanidad pública.
Cuando el gobierno habla de mantener el gasto social, probablemente se refiere a esto y al hecho de que España es el único país de la zona euro que gasta mas dinero en prestación por desempleo que en sanidad.

De hecho, el debate al que se enfrenta la aplicación de la nueva Ley de Dependencia está centrado en la necesidad, según el gobierno, de equilibrar un presupuesto rectificado antes de su aplicación, en la creación de un clima de opinión sobre la imposibilidad del mantenimiento del sistema de pensiones para los próximos años y el avance de la privatización, por partes, de la sanidad pública. Lo que se ha dado en llamar, la “externalización de los servicios”.

Cuando el gobierno habla de mantener el gasto social, evidentemente, habla de mantener el gasto social. Es decir, aumentar una partida presupuestaria que, legalmente, no está incluida en el ámbito de los derechos de carácter universal que reconoce nuestra legislación.
 
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