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En pleno golpe de la crisis de la deuda autonómica generada, en lo que le corresponde, por el despilfarro de la bicéfala casta catalana y descargada sobre el 90% de los habitantes de Cataluña, la Generalitat tiene la sinvergüenza política de continuar multando al pequeño comercio que no rotula en catalán. Sin embargo, en Cataluña conviven las dos lenguas. Donde, en realidad, el castellano se utiliza tanto en casa, con los amigos, en el trabajo, como se utiliza el catalán. Este «catalanismo» ha sido y es el gran negocio de las castas regionales unidas, de la rancia burguesía y de la nueva burocrática. Porque detrás están sus intereses económicos en contra de las necesidades de la mayoría de la población en Cataluña.
La propia Consejería de Empresa y Ocupación ha declarado que durante el primer semestre de 2011 se expedientó a 502 negocios de distinta actividad, desde tiendas de alimentación (34) hasta talleres mecánicos (9), eso sólo en la ciudad de Barcelona, de los cuales 53 acabaron en multa. El sector que más sanciones acumula en Cataluña es el comercio minorista con 125 multas, seguido del sector dedicado a la compraventa de pisos y la rehabilitación de vivienda con 76 sanciones; las tiendas de telefonía, 41; de ropa y calzado, 37; de alimentación, 34; y los negocios dedicados al transporte, venta y reparación de vehículos, 24.
«Un siniestro toque kafkiano al sistema sancionador» Y lo que da un siniestro toque kafkiano al sistema sancionador es que, según el propio consejero Xavier Mena, 24 de los 53 expedientes responden a una denuncia de un particular y otros siete, a la de una entidad. Denuncias, con tufo nazi-fascista, por no rotular el cartel del negocio en catalán estando obviamente en castellano, tener justificantes de caja, o la carta de un restaurante, sólo en castellano, o letreros de “prohibido fumar” que se convierten en “delito” para que la Generalitat abra un expediente sancionador.
Porque la Ley de Política Lingüística impone que la rotulación de los establecimientos debe estar, al menos, en catalán, es decir, que si está al menos en castellano no sirve. Eso sí, las multas por no etiquetar en castellano son muy pocas. Lo que orwellianamente el representante de la Consejería achaca al mayor conocimiento de la ley del etiquetaje que tienen los extranjeros, ya que es obligatorio en toda la UE que la información esté al menos en el idioma oficial de cada país, y en el caso del catalán al “celo” de los ciudadanos, que “detectan” los comercios que no tienen sus carteles en catalán, aunque sí en castellano. Para unos las inspecciones rutinarias, para otros la denuncia “ciudadana”.
«Disfrazan intereses económicos de las burguesías tradicional y burocrática» Palabras que disfrazan intereses económicos de la rancia burguesía tradicional, por parte de CiU, y de la nueva burguesía burocrática, por el PSC y compañía, que no sólo son voraces con el dinero público de todos los españoles sino que su carácter parasitario hace que sean un cáncer también para los ciudadanos de Cataluña. Dominio económico que se ha caracterizado por el aumento del gasto público innecesario en toda la administración catalana, por las “mordidas” más institucionalizadas y elevadas de toda España, y por unas tramas de corrupción íntimamente unidas por lazos económicos profundos.
Como escribió el 19 de mayo de 2009, en este De Verdad digital, Mercedes Fernández Abín, una estimada lectora en Asturias, en un artículo titulado ‘Los aprendices de brujo de la política catalana’: “sin ninguna vergüenza ni pudor, con la mayor desfachatez y oportunismo, pretendiendo hacernos creer, ¡cuán insensatos son!, que están haciendo leyes por el bien de la educación y en defensa de un idioma y todo por defender una supuesta nación catalana independiente que les permita mantener y si pueden aumentar su parcela de poder. ¡Qué los dioses nos libren de estos ansiosos de poder y señores de la ignorancia!”.